Todo obedeció a una impugnación del decreto, planteada por el abogado y exconcejal de Bucaramanga, Pedro Nilson Amaya Martínez.
Los ancianos desprotegidos en Bucaramanga, aquellos que se refugian en asilos como el San Rafael, San Antonio, el Centro de Bienestar y la Fundación Ángeles Custodios, ganaron una batalla en pro de sus derechos.
El Tribunal Administrativo de Santander declaró “No ajustado a derecho” el controvertido decreto 121, expedido el pasado 8 de abril por el gobierno municipal, el mismo que redujo ‘a cero’ los recaudos de la estampilla del bienestar del adulto mayor en Bucaramanga.
Tal decreto, una vez se expidió, perjudicó a los ancianos más abandonados de la ciudad, a pesar de que ellos representan la población más vulnerable al COVID-19. Según el Tribunal, “la Alcaldía de Bucaramanga incurrió en ilegalidad al quitar el recaudo de la estampilla”.
Todo obedeció a una impugnación del decreto, planteada por el abogado y exconcejal de Bucaramanga, Pedro Nilson Amaya Martínez. Este profesional, quien entre otras cosas fue el mismo que tumbó el exagerado cobro del Predial tras los exagerados avalúos catastrales del año pasado, intervino en el control automático de legalidad del 121 y logró su nulidad.
A pesar de que en el papel la Alcaldía habría tomado tal decisión basada en el Decreto Legislativo 461 de 2020, de la Presidencia de la República, “el Municipio se tomó competencias que jamás fueron dadas por el Gobierno Nacional, pues en la mencionada norma se otorgan facultades para reducir las tarifas sólo de los impuestos, pero la estampilla de bienestar para el adulto mayor no hace parte de esa clase de rentas o tributos”.
“La reducción a cero en la tarifa de esa estampilla, que deben pagar quienes contraten con el Municipio, dejó sin recursos a más de 800 ancianos desprotegidos en Bucaramanga; eso es algo grave si se tiene en cuenta que estamos en plena pandemia”, dijo Amaya Martínez.
Una acción similar fue la que Amaya Martínez realizó en 2010 cuando demandó un acuerdo que exoneró a un contratista del pago de la estampilla del adulto mayor, logrando que el Consejo de Estado declarara su nulidad, recuperando así $235 millones para los ancianos más pobres.
De esta forma, los recursos no girados deberán ser destinados a los asilos de Bucaramanga y, en el papel, el propio Alcalde de Bucaramanga deberá garantizarles esos recursos.
Todo esto sale a la palestra tras un acto bochornoso, liderado por la secretaria de Desarrollo Social, Natalia Durán, quien de manera absurda aseguró que iba a denunciar ante la Fiscalía y la Contraloría un presunto caso de corrupción en el cobro de la estampilla pro-anciano de un asilo de Bucaramanga, tras recibir denuncias de posibles cobros de 16 personas ya fallecidas.
La denuncia nunca prosperó porque los 16 ancianos murieron a finales del año pasado, dadas sus precarias condiciones de salud; sin embargo, sí fueron atendidos debidamente por los centros geriátricos, sólo que la Alcaldía nunca les giró los recursos.
