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Lunes 09 de noviembre de 2015 - 12:00 PM

Así se consume droga en los colegios de Bucaramanga

Ver a sus compañeras drogadas o escuchar cómo venden marihuana o pepas se volvió algo común para Laura, una menor de 13 años de edad que se siente temerosa y sorprendida de la poca acción de los padres y autoridades competentes frente a los estudiantes que consumen y venden sustancias psicoactivas en su plantel.

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Así se consume droga en los colegios de Bucaramanga
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Así se consume droga en los colegios de Bucaramanga

Alistar cuadernos, arreglar el uniforme y estudiar para sus diversas materias deberían ser las máximas preocupaciones que Laura* a sus 13 años deba tener. Sin embargo para ella, una de las más de dos mil estudiantes con que cuenta uno de los colegios públicos de Bucaramanga, cuyo nombre no se menciona por preservar la seguridad de la menor, son otras.

La joven ingresó este año al plantel educativo llena de expectativas y nervios, porque debía adaptarse a un nuevo grupo de compañeros y a los requisitos que le imponía un nuevo año escolar, octavo de bachillerato. Con el paso de los días logró conseguir amigos, pero también darse cuenta de cosas de las que hoy no sabe si habría sido mejor no enterarse, pues pusieron en peligro su integridad y la afectaron sicológicamente.

“Un día en educación física las niñas comenzaron a saltar y sudar, los ojos no se veían muy bien, estaban muy rojos y seguían brincando. Después de eso pasaron varias clases y ellas no se podían quedar quietas, siempre se querían mover. Entonces un día entré al baño y esas dos niñas de mi salón sacaron una bolsita que tenía unas matas y las enrollaron… al ver eso me fui. Después volvimos a entrar al baño y olía a marihuana y había hojas regadas; la señora que hace aseo también se dio cuenta y puso la denuncia en coordinación”, relata Laura*.

De acuerdo con la menor, los profesores durante los descansos, que son dos en la jornada de la mañana, aunque deberían realizar rondas de inspección por el colegio, debido a lo grande que es, prefieren sentarse a conversar, dejando completamente solos a los estudiantes que aprovechan, entre otras cosas, según Laura, para inclusive abrirse piercings, consumir o vender droga y hasta tener relaciones sexuales.

“Hay partes del colegio que como es tan grande cualquiera va y se esconde y nadie sabe realmente uno dónde está… ha habido casos donde las chicas se cortan, ya sea por situaciones que tienen en sus casas o lo hacen por diversión… a veces se escriben los nombres de los novios…”, comenta la estudiante.
Aunque para Laura el tema de las drogas era totalmente desconocido o al menos cercano, cuenta que una estudiante de otro salón vende el sobre de marihuana a $10 mil y las ‘pepas’ a $15 mil, eso sí, aclara, depende de la calidad del producto, porque puede ser más costoso.

“Yo supongo que los profesores deben ver, pero la verdad no estoy segura si ven o se hacen los locos, porque somos 40 estudiantes por salón…”.
Según el ‘Documento de análisis sobre las dinámicas actuales de Conflicto, inseguridad, delito y sus imbricaciones con los indicadores de pobreza en Bucaramanga’, entregado en julio de este año para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, Pnud, aproximadamente el 62% de los consumidores de marihuana son personas que tienen entre 12 a 24 años.

Además, la investigación, que tiene en cuenta otros trabajos realizados en el país, afirma: “en comparación con el último estudio en 2008, el aumento de la prevalencia del consumo en el último año de marihuana, bazuco y cocaína en Santander fue generalizado, siendo el aumento de consumo de toda sustancia ilícita, entre 2008 y 2013, del 17,5%.

Ya no camina con tranquilidad

Un día, como es usual, Laura estaba en su salón de clase con varios compañeros con quienes, sin quererlo, se dieron cuenta cómo una de las dos jóvenes que con frecuencia consume droga distrae a una estudiante, mientras la otra le robaba en el bolso cerca de $20 mil que llevaba ese día.

“Al robarle eso, ella me vio que estaba viendo con todas mis amigas… cuando terminamos clase, ella me paró y dijo que si yo decía lo que había visto me iba a ir mal, que me iba a chuzar, que iba a traer a unos amigos de San Martín. Describió la parte de mi casa porque sabía donde yo vivía… A mí me dio mucho miedo, pero ese día no le conté nada a mi mamá”, dice Laura*.

Esta amenaza sucedió en septiembre pasado. Pese a que Laura por temor no iba a denunciar lo que había sucedido ni quería contarles a sus padres, Claudia*, la madre de la menor, pudo enterarse del problema revisando el celular de su hija.

“El colegio debía llamar a un policía de Infancia y Adolescencia, pero según dijeron las directivas, el policía no podía ir. Yo eso no se los creo. Aunque citaron a todas las niñas involucradas no pasó nada y la coordinadora solo dijo que iban a hacer una reunión con los padres la otra semana, entonces yo le contesté alterada, ¿cómo así que la otra semana, usted no vio lo que le pasó a mi hija?”, cuenta aún molesta Claudia*.

Tras no recibir mayor atención por parte del colegio, Claudia* decidió contratar un abogado, realizar un oficio al colegio y denunciar ante la Comisaría de Familia la situación por la que atravesaba su hija. En este caso, la Comisaría de Familia ordenó una medida de protección a la menor frente a sus dos compañeras.

¿Qué dice la Secretaría?

Carolina Rojas Pabón, secretaria de Educación de Bucaramanga, explica que por medio de la Ley 1620 se crearon los comité de convivencia escolar, tanto a nivel de las instituciones educativas como a nivel local. Con base en ello, se realiza el acompañamiento de sicoorientación (solo una sicoorientadora para más de dos mil estudiantes) y cuando se trata de algún expendio o consumo de sustancias alucinógenas, el caso debe ser trasladado a la Policía de Infancia y Adolescencia, comisarías de familia o el Instituto de Bienestar Familiar, Icbf para interponer las denuncias formales.

“Nosotros desde la Secretaría realizamos unas visitas, dependiendo de la situación, siempre y cuando sea denunciada y un equipo de inspección y vigilancia se encarga de hacer el respectivo procedimiento… En este momento como Secretaría no tenemos una denuncia formal que nos permita llegar a hacer una intervención…”, indica la funcionaria.

Pese a lo que dice la Secretaria, Claudia* afirma que fue hasta la Secretaría de Educación para cambiar a su hija de colegio e informar del caso, pero esto no fue posible por lo avanzado ya del calendario escolar y tampoco le ofrecieron una solución o se pronunciaron sobre su denuncia.

“Yo pasé una carta y dijeron que en 15 días respondían, ya ha pasado un mes y nada… tuve que ir como 10 veces, después una muchacha se interesó en el tema y me pasó a donde otra y la señora a otra, y así…”.

Las medidas tomadas

Aunque el colegio expulsó a una de las menores y a la otra la cambió del salón de Laura* y no le renovarán el cupo para el próximo año, la mamá de la joven de 13 años siente que la situación no se manejó de manera correcta y hoy su hija no puede ni siquiera acercarse a las puertas del colegio, como parte de las medidas de protección que dictó la comisaria de familia y siempre la deben recoger, pues el miedo persiste.

“Yo tuve que llamar a una sicóloga, pagarle y que le hiciera una terapia… porque mi hija creía que ella estaba haciendo mal al denunciar”, comenta Claudia*.
“El cambio de salón ha sido difícil, porque debí volver a integrarme y conseguir un nuevo grupo de amigos con el que pueda estar, cambiar de profesores… Yo antes salía y podía caminar por el colegio y ya no puedo…”, dice Laura*.

¿Existe algún control para ingresar a los colegios públicos?

Frente al procedimiento que se establece para permitir el cupo en un colegio público, la funcionaria de la cartera de educación municipal asegura que se les revisa las notas con las que el menor venga de otras instituciones y su comportamiento.

“La mayor queja de los rectores es el ausentismo de los padres de familia. Nosotros necesitamos y creemos que la primera escuela es su hogar y se evidencia casos en donde el padre de familia matricula al niño y no vuelve… necesitamos que quien duerme y amanece con el niño nos ayude, porque no es una responsabilidad absoluta del Estado…”, pide Rojas Pabón.

Por su parte, Claudia* insiste en que no se revisa a quién van a recibir, sino que cada institución tiene cupos obligatorios que deben aceptar, sin importar antecedentes. Incluso afirma que se mueven muchas influencias políticas.

“Yo cuando fui a sacar el cupo de mis hijas vi como llegaban señoras muy humildes con hojas firmadas de varias personas y decían a la secretaria ‘vengo de parte del alcalde o de fulanito’ y la hacían seguir de inmediato… para entrar muchas usan palancas”.

Programas de prevención y capturas

Además de los diversos programas que ofrece la Secretaría de Educación Municipal para que los menores aprovechen bien su tiempo libre o las alternativas lúdicas, deportes o danza que tiene cada institución educativa, la Policía de Infancia y Adolescencia realiza escuelas de padres de familia en donde se han capacitado 5.000 adultos en pautas de crianza, proyecto de vida, principios y valores. Además, constantemente se realizan charlas de prevención y enseñanza sobre los efectos que trae consumir sustancias psicoactivas, cigarrillo y alcohol a los adolescentes.

“Estamos realizando operativos de control y registro a los establecimientos educativos con previa autorización de las autoridades del colegio: ingresamos con guías caninos, perros antinarcóticos y personal profesional de Infancia y Adolescencia a registrar y controlar el uso de armas cortopunzantes y el porte o tráfico de sustancias psicoactivas”, cuenta la teniente Juliana Rojas Suárez, jefe de Infancia y Adolescencia.

Esta labor de inspección ya se ha realizado en 60 instituciones en lo que va del año, priorizando los colegios que más presentan este problema.

En lo que va del año, la Policía ha capturado 357 menores por venta o consumo de estupefacientes, pero dentro de estas cifras no hay datos que establezcan cuántos lo han hecho dentro de los planteles, pero la institución asegura que han sido muy pocos.

Hasta la fecha, aunque aseguraron que harían una revisión en los bolsos a la entrada del colegio, esta medida no se ha tomado, y Laura* sigue viendo cómo sus compañeras consumen o venden droga como si se tratara de caramelos.

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Publicado por PAOLA PATIÑO

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