jueves 11 de junio de 2020 - 6:00 PM

Clínicas y hospitales de Santander hacen llamado al Ministro de Salud ante el desfinanciamiento que enfrentan

Gerentes de los hospitales públicos de Santander le comunicaron al Ministro de Salud, Fernando Ruiz, que la situación económica que atraviesa la red hospitalaria de la región no es la mejor. Las clínicas privadas también lanzaron un SOS.
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Por medio de una carta, los administradores de los hospitales públicos de Santander pusieron en evidencia, una vez más, la crisis financiera y el desfinanciamiento que enfrenta la red pública del departamento.

El oficio, que fue enviado al Ministro de Salud, Fernando Ruiz, expone en detalle la difícil situación que viven los hospitales por cuenta de la falta de recursos.

“Nuestra red pública hospitalaria no cuenta con la liquidez financiera para la atención oportuna de las fases moderada y crítica que la pandemia a causa del COVID-19 exige. Solicitamos el reconocimiento económico a la disponibilidad de la capacidad instalada de las Empresas Sociales del Estado, así como el diseño de mecanismos de apalancamiento financiero para la operación corriente de nuestras organizaciones administrativas”, se lee en el comunicado.

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Nancy Cañon Meza, directora de la Asociación de Hospitales de Santander, Asehisan, le explicó a Vanguardia que las ayudas que el Ministerio ha manifestado por radio y televisión no han sido tangibles para los hospitales públicos, que aún tienen desfinanciamiento y falta de liquidez.

“La voz de todos es contundente para que el Ministerio nos escuche y podamos tener soluciones. Cerca del 50 % de los hospitales están en riesgo medio o alto, especialmente aquellos de primer nivel de atención”, mencionó.

No hay para pagar la nómina

La situación económica que enfrenta la red pública hospitalaria es tan insostenible que ya no hay dinero para garantizar los salarios.

“Es necesario que podamos garantizar el pago de nómina a los empleados directos, así como a la inmensa mayoría de contratistas, asistenciales y profesionales de la salud que vienen atendiendo la situación pandémica excepcional, porque en contraste a esa dedicación, esfuerzo y pertenencia se les adeudan varios meses y honorarios incluso de vigencias anteriores”, manifiestan en el documento.

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“Nos han prometido algunos recursos, que sí han llegado, pero la mayor deuda que tiene el departamento con el régimen laboral es del 2019 hacia atrás. Requerimos de carácter inmediato el reconocimiento total de esa deuda laboral por parte del Gobierno Nacional, para que el personal de salud esté completamente saneado y motivado a atender la pandemia”, agregó Cañon Meza.

Atención a migrantes, otra dificultad

La prestación de los servicios a la población migrante, sobretodo venezolana ha complicado aún más la situación de la red hospitalaria. La deuda por estos servicios se acerca a los $26 mil millones y sigue creciendo.

“Hemos atendido sin barreras ese fenómeno migratorio. Resulta sumamente injusto haber asignado a la red pública semejante carga (sin la correspondiente e inmediata asignación de los recursos necesarios) y, ahora, dejar esas obligaciones estatales indefinidas e insolutas, con todos los efectos que ello genera en contra del funcionamiento de nuestras instituciones y hospitales”.

Clínicas y hospitales de Santander hacen llamado al Ministro de Salud ante el desfinanciamiento que enfrentan

Adicionalmente el Gobierno Nacional le adeuda al departamento más de $517 mil millones.

“La liquidación de las EPS también nos ha afectado, por la deuda que dejaron una vez fueron liquidadas y porque con la salida de Emdisalud y Salud Vida hubo un 60 % de esos usuarios que pasaron a las EPS contributivas quienes no contrataron con el hospital público como sí lo hacen las del régimen subsidiado”, agregó la directora de Asehisan.

De otro lado, a raíz de la emergencia sanitaria los hospitales tuvieron una disminución de la facturación en cerca del 50 %, por lo cual dejaron de recibir recursos.

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Horbes Buitrago, gerente del Hospital Regional de San Gil manifestó que la principal preocupación es producto de las restricciones por la pandemia y el aislamiento preventivo.

“Los servicios programables, consultas especializadas o cirugías programadas se cancelaron automáticamente, afectando la prestación de servicios y los ingresos de la entidad. La situación Covid nos ha generado unos mayores gastos tanto en preparar los servicios como en comprar mayores elementos de protección personal pero hemos tenido menos ingresos”, indicó Buitrago.

Clínicas privadas también lanzan un SOS

Hace aproximadamente un mes, diferentes instituciones de salud del ámbito privado le comunicaron al presidente Iván Duque el panorama que vive el sector salud en la región, que con la llegada del COVID-19 se agudizó.

En la comunicación, que aún no ha tenido respuesta, expresan que desde que se anunció la disponibilidad de un presupuesto por $450 mil millones, para otorgar un beneficio económico a los profesionales de la salud de primera línea, comprometidos en la atención de la emergencia, se creó una gran expectativa en el gremio. Dineros que aún no han llegado y del cual desconocen los lineamientos para acceder al incentivo económico adicional.

De manera adicional, en la carta también se pone en evidencia la necesidad de recibir recursos económicos específicos para la atención de la emergencia sanitaria.

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“Es necesaria la asignación de recursos específicos para la atención de la pandemia en las IPS, adicional a lo anunciado sobre el Acuerdo de Punto Final, que representa dineros pasados sobre los cuales las instituciones ya poseen deudas que hoy en día le representan incluso intereses moratorios que se suman a la cartera, que para las instituciones de salud aquí representadas asciende a 1,1 billones, con facturas que datan del 2010”, se lee en el documento.

Además refieren que “es importante que el flujo de recursos requerido llegue de manera urgente y congruente, con el reconocimiento económico a la disponibilidad de la capacidad instalada que liberamos y destinamos para la atención de la pandemia, disminuyendo nuestra ocupación en un 50 %, con drásticas repercusiones sobre la facturación, que implica un esfuerzo significativo y un riesgo de sostenibilidad, especialmente para las instituciones que ya se encontraban en una delicada situación financiera”.

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