martes 23 de julio de 2019 - 12:00 AM

Consejo de Estado ordena ponerle freno a los olores ofensivos en Bucaramanga

La decisión termina transformándose en un fallo trascendental para los bumangueses y demás residentes del área metropolitana. No existía un precedente en estos términos, frente a la medición, control y seguimiento de esos olores fuertes y molestos que desde hace varios años permanecen en la atmósfera.

El Consejo de Estado recién le dio la razón a un grupo de estudiantes y docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia con sede en Bucaramanga.

Ellos, en 2016, interpusieron una Acción Popular contra la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, la Alcaldía de Bucaramanga, el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, y cinco sociedades comerciales, por los olores ofensivos que se soportan en la capital santandereana, vulnerando de esta manera los derechos colectivos relacionados con el goce a un ambiente sano y a la salubridad pública.

Según los docentes y estudiantes, se registra una alta afectación de la calidad de vida de los ciudadanos, como consecuencia del exceso de los niveles permisibles de calidad del aire, por cuenta de sustancias constitutivas de olores ofensivos emitidas a la atmósfera por parte de varias empresas que se localizan en la zona industrial de la capital santandereana.

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Vanguardia, tras conocer la sentencia, tuvo la oportunidad de hablar con Amalia Tapias, la docente que coordinó este proceso. Ella explicó que a través de una metodología de enseñanza del derecho que se llama ‘Clínica Jurídica’, se decidió iniciar la investigación respecto a la situación. Participaron cuatro estudiantes: Diego Armando Páez Sierra, Juan Andrés Lizarazo Barajas, Juan Carlos Ariza Macías y Alí Omar García, quienes hoy en día ya son profesionales titulados en Derecho de la UCC.

Manifestó que durante el ejercicio de recopilación de información, “determinamos que en la zona de Chimitá, algunas empresas procesaban residuos de animales y a razón de esto se emitían los olores fuertes que nos incomodaba a todos. Entonces requerimos a la Cdmb, a las secretarías de Salud Municipal y Departamental, así como al AMB, que nos informaran qué habían hecho al respecto, pero nos respondieron que todas esas empresas tenían licencia para funcionar y todo estaba dentro del marco de la Ley”.

A partir de estas respuestas y al evidenciarse que no cesaban esos olores incomodos y hasta nauseabundos, el paso a seguir fue avanzar con la construcción de la demanda para la Acción Popular.

En primera instancia, contó la docente, el proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Santander y el fallo que se profirió el 13 de febrero de 2017 si bien reconoció la afectación de esos derechos colectivos en Bucaramanga, se determinó que no tenía legitimación para que se vinculara a la Corporación, ni a la Alcaldía; es decir, solo quedó respondiendo el Área Metropolitana de Bucaramanga, a quien le impusieron la sanción de buscar los equipos y medir la intensidad de los olores ofensivos para tomar los correctivos.

Entonces, “no conformes nosotros con ese fallo en primera instancia hicimos la apelación ante el Consejo de Estado y le correspondió a la Sección Primera hacer el estudio de ese fallo. El pasado 11 de julio, el Consejo de Estado publica la sentencia. Excluye al AMB y nuevamente retoma a la Cdmb y a la Alcaldía de Bucaramanga, quienes son los que deben responder -en el término máximo de seis meses- ante 17 acciones que se imponen, para lograr la mitigación de los olores ofensivos”, subrayó la docente.

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De acuerdo con lo que se pudo establecer, el Consejo de Estado en su decisión también le adjudica al Tribunal Administrativo de Santander que debe conformar un comité para que sesione periódicamente con los cuatro accionantes, así como con las cinco empresas que fueron demandas, la Cdmb, Alcaldía y el Ministerio Público. El objetivo es efectuar el seguimiento correspondiente al fallo.

Cdmb dispuesta a actuar

Frente a la decisión del Consejo de Estado, la cual solo fue notificada a la Corporación el 16 de julio pasado, Yady Ardila Granda, secretaría general de la Cdmb, indicó que lo más importante de este litigio es que se ratifica a la Cdmb como autoridad ambiental urbana, lo que quiere decir que del proceso se desvincula al AMB.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en el documento se puede leer: “(...) En la actualidad, la entidad llamada a ejercer las facultades de autoridad ambiental en atención a la problemática de emisiones de sustancias de olores ofensivos en la zona industrial de Bucaramanga no es el AMB, sino, principalmente, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga –CDMB-, tal y como lo establecen, respectivamente, los artículos 31 y 66 de la Ley 99 de 1993 y del Decreto 948 de 1995”.

Así que según Ardila Granda, después de esto, solo queda esperar que el proceso cobre ejecutoria, para proceder entre otras cosas con los controles en la zona industrial, los cuales no se podían efectuar porque algunas empresas impedían el acceso de la Cdmb, tras no reconocerla como autoridad ambiental.

El ingeniero químico Mauricio Galán Gómez, adscrito a la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental de la Cdmb, señaló que es fundamental obtener los estudios que están en manos del AMB, ya que servirán como línea de base para adelantar todo el plan de acción de cumplimiento.

“Una de las obligaciones que tendrá la Cdmb es exigir a las industrias (Harinagro SA, Sandesol SA ESP, Avidesa Mac Pollo SA, Sebosander SAS y Coingra SAS) los respectivos planes para la reducción de impacto por olores ofensivos, Prio, y si es el caso exigir la modificación”, destacó Galán Gómez.

Dato: Para el Consejo de Estado los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la salubridad pública, se están viendo vulnerados por las sociedades comerciales accionadas, por la Cdmb y la Alcaldía de Bucaramanga.

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