jueves 13 de noviembre de 2008 - 10:00 AM

Continúa polémica por orden de la Fiscalía de investigar universidades

Hace dos meses las declaraciones de la senadora Gina Parody sobre la presencia de grupos armados ilegales en las universidades públicas, acompañadas por videos, originaron un debate en el país.

Ahora la polémica se reavivó tras el descubrimiento de un computador con información de supuestos infiltrados de las Farc en centros educativos de la capital colombiana, lo que originó que un Fiscal ordenara a la Sijin investigar las litas de estudiantes matriculados en varias universidades.

En total, son 55 nombres con sus respectivas fotos, datos y ‘misiones’, que en este momento se encuentran en poder de la Fiscalía, a la espera de que las cinco instituciones donde estudian los sospechosos colaboren con una inspección judicial a sus bases de datos y libros de planta estudiantil y docente.

Dicha notificación es la que ha generado mayor malestar en la comunidad universitaria, pues según ellos, esta decisión violaría los derechos a la intimidad, la libertad y autonomía de los estudiantes, además de que se acabaría con el principio de inocencia consagrado en la Constitución Nacional y en otras leyes, para quien no se le haya demostrado lo contrario.

En Bucaramanga, las autoridades todavía no han dado a conocer casos similares dentro de la Universidad Industrial de Santander u otra institución de la región. Sin embargo la comunidad UIS también se pronunció en contra de la manera como se está manejando la situación en Bogotá y manifestó su respaldo a sus homólogas.

No hay pronunciamiento oficial  

Vanguardia Liberal buscó la versión de Jaime Alberto Pico, rector de la UIS, sin embargo él manifestó que se abstenía de dar declaraciones al respecto, con el fin de no entorpecer el proceso de negociación que realizan con los trabajadores y estudiantes de esa institución, y sólo afirmó que el aviso de la Fiscalía sobre acceder a las bases de datos de las universidades, ya ha ‘calentado’ un poco los ánimos.

Por su parte, algunos docentes de la UIS que pidieron la reserva de su nombre, aseguraron que 'no es justo que se investigue a todos los estudiantes y docentes, pues todos tenemos derecho al buen nombre y la privacidad.

Lo que sí aceptamos es que las autoridades particularicen los casos e indaguen con nombre propio a los que estén implicados, según las pruebas que dicen tener'.      
 

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