Sigue la controversia entre el AMB y la Cdmb por los recaudos de la sobretasa ambiental. La Contraloría reveló ayer que, tras una auditoría, trasladó un posible fraude judicial cometido por el Municipio a la Fiscalía y a la Procuraduría.
Según la Contraloría Local, “el Municipio habría cometido fraude judicial y prevaricato al incumplir un fallo del Consejo de Estado que le ordena girarle los recursos de la sobretasa ambiental a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa Meseta de Bucaramanga, Cdmb”.
Así lo advirtió el propio jefe del ente de control fiscal, Jorge Gómez Villamizar, tras una auditoría hecha al propio Municipio.
El Contralor informó que trasladó este polémico caso, con la observación de su respectiva auditoría, a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría.
Antecedentes
Como se recordará el Alto Tribunal, a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo, decretó la nulidad del Acuerdo Metropolitano No. 016 de 31 de agosto de 2012, que había sido expedido por la Junta Metropolitana de Bucaramanga en la que se declaraba autoridad ambiental.
Con esta trascendental decisión, al menos en el papel, la Cdmb recuperaría una suma cercana a los $40 mil millones al año, por concepto de la sobretasa ambiental.
Sin embargo, la Tesorería de la Alcaldía de Bucaramanga insiste en girar el recaudo de dicha al Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, y no a la Cdmb.
De acuerdo con Gómez Villamizar, “esto contradice lo dictado por el Tribunal y de esta forma se tipificaría el presunto delito de fraude judicial”.
Auditoría
Con el proceso de auditoría No. 012 de 2019, la Contraloría determinó que “la Alcaldía de Bucaramanga sí incurrió en irregularidades al girar los recursos de la sobretasa ambiental que recauda al Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB”.
El Contralor reiteró que “este giro se debe hacer conforme a lo ordenado por el Consejo de Estado, Sección Primera, ejecutoriado desde agosto 29 de 2018”.
El hallazgo de la Contraloría dice de manera textual lo siguiente:
“Se dio un incumplimiento al fallo emitido por el Consejo de Estado presentándose un presunto fraude a resolución judicial”.
“De manera presunta, así se configura delito penal e infracción disciplinaria que se trasladan a la Fiscalía y a la Procuraduría General; además de un hallazgo Administrativo conducente a realizar un plan de mejoramiento por parte de la entidad municipal”.
Con el fallo judicial del máximo Tribunal de lo Contencioso, se da un “decaimiento” del Acuerdo 031 de 2014 del Área Metropolitana.
En síntesis, dice el Contralor, “fueron dos hallazgos administrativos, dos disciplinarios y uno penal, vinculándose incluso al alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández Suárez”.
Defensa de la Alcaldía
Clarena Reyes Romero, secretaria jurídica del Municipio, tras la auditoría del Contralor, hizo sus propias precisiones.
En primer lugar dijo que “la Alcaldía de Bucaramanga es respetuosa de las decisiones judiciales”.
No obstante, recordó que el Consejo de Estado, mediante la sentencia del 21 de junio del presente año, se pronunció fue sobre la legalidad del Acuerdo No. 016 del 3 de agosto de 2012, “determinando revocar la providencia de primera instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Santander del 21 de enero de 2014, donde se deniegan las pretensiones de la demanda”.
Añadió que el Consejo de Estado negó las solicitudes de aclaración y adición de la sentencia del 21 de junio de 2018, presentadas por el AMB, en su calidad de entidad demandada, contra la cual se interpuso recurso de reposición que fue rechazado en febrero de 2019, ordenando devolver el expediente al tribunal de origen”.
Reyes Romero sostiene que existe un desconocimiento respecto a la normativa que determina la autoridad ambiental o el alcance que tienen las Áreas Metropolitanas.
De igual forma, dijo la funcionaria, “esta administración respeta las interpretaciones que han surgido en ocasión con la sentencia del 21 de junio de 2018”.
Pero, según añadió, “para la Alcaldía resulta claro que la autoridad ambiental urbana se edifica en el AMB, por virtud de la Ley Orgánica 1625 de 2013”.
A su juicio, su despacho “no ha desconocido la normatividad vigente que determina la autoridad ambiental o el alcance que tienen las Áreas Metropolitanas para ejercerla, razones por las cuales la observación carece de fundamento jurídico, debiendo ser desestimada”.
Argumentos del Área Metropolitana
Para el AMB, “si bien es cierto que el Consejo de Estado notificó el auto de fecha 14 de febrero de 2019, por el cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el auto que negó la adición de la sentencia proferida el 21 de junio de 2018, esta decisión para nada afecta el ejercicio de la autoridad ambiental urbana”.
Según la entidad, “conforme a lo expuesto en reiteradas comunicaciones, la autoridad ambiental se edifica en la competencia otorgada por la Ley 1625 de 2013 y el acuerdo 031 de 2014, el cual está en firme y goza de presunción de legalidad”.
Para el AMB, “la entidad sigue fungiendo como autoridad ambiental en el área urbana”.
Así las cosas, el Municipio de Bucaramanga sigue reconociendo al Área Metropolitana como autoridad ambiental.
Habla la Cdmb
El pasado 12 de abril venció el plazo que tenía la Alcaldía de la capital santandereana para girarle a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, el recaudo que por concepto de sobretasa ambiental han pagado los contribuyentes bumangueses.
Teniendo en cuenta que, al menos hasta la fecha, el Municipio no le ha girado a la entidad el dinero correspondiente por tal contribución, la Cdmb entabló contra la Alcaldía un nuevo proceso por ‘Fraude a Decisión Judicial”.
Así las cosas, la Dirección General de dicha entidad les solicitó a los alcaldes de la capital santandereana, Floridablanca, Girón y Piedecuesta efectuarle los giros directos e inmediatos de los recursos que por concepto de la sobretasa ambiental urbana recaudan estas entidades territoriales. Ellos sí respondieron al llamado.
Y Bucaramanga es el único municipio del área que no ha acatado el fallo, según denunció Martín Camilo Carvajal Camaro, director de la Cdmb.
“El no girar la plata es un proceder grave por parte de los funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga, entre otras cosas, porque están desacatando un fallo del Consejo de Estado”, replicó Carvajal Camaro.
“Estamos promoviendo todas las acciones penales, disciplinarias y fiscales que conduzcan al cumplimiento efectivo de lo dispuesto por el Honorable Consejo de Estado, en defensa del restablecimiento del ordenamiento jurídico”, puntualizó.
