Durante el primer semestre de este año, en Santander más de 100 personas cayeron en quiebra. El 82,1% de los procesos de insolvencia fueron en el área metropolitana de Bucaramanga.
Rosalba hace parte del numeroso grupo de personas que, en los últimos años, se ha declarado “en quiebra” en Santander. El proceso lo inició en 2017 y, por cuestiones de pandemia, aún no ha concluido.
Las deudas en capital ascendían, en ese entonces, a unos $180 millones, pero si se sumaban los intereses y gastos de cobranza este valor superaba los $250 millones. Esto representaba pagos mensuales de unos $3 millones.
Para ella, esto se volvió imposible de pagar en el momento en que sus condiciones laborales y las de su esposo cambiaron, lo que repercutió significativamente en la entrada de ingresos.
En vista de que fueron varios los intentos fallidos de conciliar con los bancos, de pedir ayuda y no obtener respuesta, “buscamos el abogado y luego de ya tener todo planteado iniciamos el proceso como persona natural comercial ante el juez para declararme en insolvencia”.
La demanda le fue admitida en mayo de 2018. “Ya con eso empezamos a negociar con cada uno de los acreedores, para posteriormente elaborar un plan de pagos que estuvo listo a mediados de 2019. Luego de que cada uno dio el voto, se programó un audiencia en noviembre 2019, pero se aplazó y quedó para marzo de 2020 y como se dio todo lo pandemia eso se dilató hasta ahorita que nos volvieron a dar razón. Estamos a punto de entrar a una audiencia para que el juez valide el acuerdo”, relató.
Rosalba considera que fue la mejor decisión que pudo tomar junto con su pareja, gracias a la buena asesoría de su abogado. De hecho, afirma que dentro de las ventajas que se pueden tener es que se frenaron algunos procesos de embargo y de cobro que, por momentos, se volvieron estresantes y amenazantes para el patrimonio familiar.
Un análisis realizado por la firma Insolvencia Colombia e IFI – Inteligencia Financiera, confirmó que después de Bogotá, Antioquia y Atlántico, Santander es el cuarto departamento donde más se realizan procesos de insolvencia de personas naturales.
Según los resultados de este estudio, 113 santandereanos se declararon en quiebra durante el primer semestre del 2022. La mayoría de ellos, tenían deudas entre los $50 millones y $100 millones.
Para Juan Camilo Benítez, consultor experto en Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, “Santander se ha convertido, poco a poco, en una de las regiones de mayor emprendimiento y un eje económico e industrial e importante en el país. Así mismo, las personas han comprendido que la ley de Insolvencia económica es una segunda oportunidad para mejorar sus finanzas, y de ahí se explica el por qué el aumento en este tipo de solicitudes”.
Benítez señaló que para mayo de 2022, el número de procesos de insolvencia en el país sumaban el 70% del total de procesos de 2021.
“Además de los golpes financieros que trajo la pandemia a los hogares y empresas, las soluciones que están dando los bancos a los usuarios no son soluciones de fondo por la calidad de las reestructuraciones, lo cual va a derivar en un mayor número de personas que se declaren en quiebra en el mediano plazo”, explicó.
Por municipios, Bucaramanga es la ciudad con más procesos de insolvencia en el departamento con el 79,4%, seguido de Barrancabermeja con el 9,82%, San Gil con el 5,36%, Floridablanca con el 1,7% y Oiba, Socorro, Piedecuesta y San Vicente de Chucuri con menos del 1%.
¿Una segunda oportunidad?
La ley de insolvencia de persona natural (ley 1564) se estableció en el 2012 como un “salvavidas” y una segunda oportunidad para aquellas personas naturales no comerciantes que están en mora con sus obligaciones financieras, para que puedan renegociarlas con sus acreedores, mientras que les suspenden procesos de embargo.
El consultor explicó que “muchas personas no conocen la ley de insolvencia ni buscan asesoría en sus finanzas, y permiten que su situación llegue a procedimientos de embargo que no tienen reversa. Por eso es importante detectar a tiempo las incapacidades de pago, buscar acompañamiento y acogerse a la Ley, para tener una segunda oportunidad financiera sin esperar a que la situación sea crítica”.
Diego, quien está en una lista de acreedores, de un procedimiento de insolvencia de persona natural no comerciante asegura no estar de acuerdo, por lo menos no en ese que está involucrado. Esta persona, en el proceso tiene una relación de 32 acreencias por más de $574 millones.
Para Diego, “este trámite procesal está creado por la legislación para aquellas personas que tienen intención de pago, es decir, vienen asumiendo el pago de sus obligaciones con sus acreedores de manera periódica y cumplida, pero que a causa de la dimensión de las obligaciones en determinado momento les resulta imposible asumirlas; para lo cual, entonces, deciden adelantar un proceso de insolvencia de persona natural, en aras que vuelvan a tener una circulación económica en el ejercicio de sus actividades productivas y tomar impulso de un nuevo comienzo”.
No obstante, “ese no es el caso de la persona que me adeuda, pues ella desde hace cinco años atrás dejó de asumir sus obligaciones, momento en el cual consideró, ya se había aprovechado de más de $300 millones entre personas naturales y entidades financieras. A quienes les defraudó su confianza. Ella nunca ha tenido voluntad o intención de pago, que es uno de los elementos del proceso de insolvencia”, aseveró.
A su juicio, cuando una persona se declara insolvente, pero carece de ese criterio, “claramente se entiende que lo único que quiere es terminar de burlar a quienes le prestaron dinero”.
Elena Infante, docente del programa de Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad de La Salle y experta en Educación Financiera, explica que una causa para que una persona llegue a la insolvencia económica es que gasta más de lo que gana, o que tiene ingresos que no sostienen los gastos. “Su tendencia es endeudarse para mantener esos gastos”.
Otra de las causas, según Infante, es que al sobreendeudarse no revisa variables como el tiempo del crédito, la tasa de interés, la fuente de esa financiación y el pago de liquidez a partir del presupuesto personal.
“La tercera causa es la cultura de la apariencia y el estatus social, esto hace que la persona tome decisiones de sobreendeudamiento, y con el afán de consumo lo lleva a la insolvencia”, anotó.
Para la experta, dicha insolvencia se declara cuando definitivamente ya la persona no tiene la liquidez, incluso respondiendo con sus activos para poder pagar esos compromisos financieros. “De esta manera, las consecuencias perjudican su historia financiera y crediticia ante el sistema financiero. También tendrá un perfil de alto nivel de riesgo frente al mismo sistema y bajo nivel de credibilidad. Por último, baja las posibilidades de financiación que podría tener a futuro”.
La docente recomienda:
-Revisar el presupuesto personal o familiar de manera constante para analizar la capacidad de liquidez.
-Revisar su capacidad de endeudamiento
-Revisar el objetivo que tiene para tomar el crédito.
-No se deje llevar por un consumo o deseo innecesario de la presión social.
