miércoles 02 de septiembre de 2020 - 12:00 AM

Crecen las quejas en Santander por pacientes con COVID que no reciben incapacidad

Ciudadanos que ya fueron diagnosticados con coronavirus, y cuyo estado de salud no es grave, se quejan de no recibir incapacidad médica por parte de las EPS. Vanguardia habló con expertos en salud y derecho laboral.
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En estos momentos hay más de 8.200 casos activos de COVID-19 en Santander, y cerca de 7.500 de estos pacientes se recuperan en sus viviendas, ya que pese a tener el mortal virus su condición es favorable y no requieren cuidados hospitalarios.

Como no presentan un grave estado de salud, la mayoría de estos contagiados se encuentra en aislamiento obligatorio pero no recibieron incapacidades médicas.

Lea también: Procuraduría pide que pacientes con COVID leve o asintomático tengan incapacidad

Vanguardia ha conocido denuncias de trabajadores que afirman que los obligan a presentarse en sus puestos de labor y a ejecutar sus actividades, siendo asintomáticos y sin haberse recuperado de la enfermedad.

Otros empleados con síntomas leves manifiestan que, tras recibir el diagnóstico, por obligación tienen que iniciar un confinamiento inmediato a lo largo de medio mes, que les impide cumplir con sus trabajos (cuando no es posible el tele trabajo) y que por ende los deja sin ingresos.

Por esta razón también consideran “justo” que se autoricen las incapacidades médicas en pacientes no graves, y que las EPS puedan cubrir así parte del sueldo o de los honorarios devengados por el trabajador contagiado.

¿Las EPS están obligadas a emitir incapacidad médica a pacientes confirmados de COVID-19? ¿Cuando se trata de un paciente asintomático igualmente debe ser incapacitado?

Vanguardia recopiló los conceptos de expertos y habló con el Secretario de Salud de Bucaramanga al respecto.

¿Es obligatoria la incapacidad?

Mauricio Baquero Mogollón, director del Consultorio Jurídico de la Universidad Javeriana, indicó a este medio que “como puede haber pacientes asintomáticos y sin mayor afección real en su salud, pese al contagio, ha de tenerse en cuenta que el otorgamiento de la incapacidad médica queda supeditado al criterio facultativo del médico tratante, y en la medida que el diagnóstico le permita establecer si la persona se encuentra bajo un estado patológico que le impida o no trabajar.

“En ese sentido, no basta estar confirmado de COVID, se requieren condiciones médicas del paciente que le impidan laborar y que ello a su vez sirva de fundamento al médico tratante para expedir el respectivo certificado de incapacidad”, explicó Baquero.

Cuando se incapacita al paciente, dependiendo de la situación, la EPS o la ARL deberán asumir el pago de tal incapacidad médica.

Para los trabajadores de la salud y demás personas que en estos momentos atienden directamente la emergencia por COVID, de resultar con incapacidad médica la ARL deberá hacerse cargo de dicho costo.

Diana Cuervo, médica laboral con PhD en salud pública e investigadora del Grupo de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Javeriana, precisó que “las Empresas Promotoras de Salud (EPS) pagan las incapacidades de casos en los que el médico considere que la severidad amerita que se expida, y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) los casos de incapacidades emitidas en los trabajadores que su enfermedad fue reconocida como enfermedad laboral de acuerdo a los criterios del decreto 538 de 2020”.

Cuervo considera que existe una especie de vacío legal o normativo al respecto, “y por ello el gobierno debe reglamentar el pago de este aislamiento y no dejar toda la carga a los empleadores. Estamos en mora de una reglamentación del Ministerio de Trabajo en asocio con el Ministerio de Salud”.

Nelson Ballesteros, secretario de Salud de la Alcaldía de Bucaramanga, señaló que “cada paciente debe ser valorado de forma particular para la posible incapacidad. Si una persona se encuentra en mal estado de salud y no recibe la incapacidad, tiene todo el derecho de interponer la denuncia ante la Superintendencia de Salud, obviamente luego del diagnóstico y valoración entregados por parte de la EPS”.

“Hemos atendido más de 50 casos”

Marely Cely Silva, directora Regional del Centro de Atención Laboral, concuerda en que “las EPS son las que deberían responder por las incapacidades de los trabajadores, no podemos cargarle este costo al empleador porque justamente estamos en momentos de crisis. Lo que vemos son EPS que de alguna forma quieren exonerarse de su responsabilidad”.

La abogada denunció que dicho Centro ha conocido más de 50 casos con quejas de trabajadores confirmados y sospechosos de COVID, que sufrieron desatenciones por parte de las EPS.

“Hemos tenido casos en los que el trabajador tiene una simple molestia en la garganta, y recibe el diagnóstico de coronavirus hasta dos semanas después, cuando su estado de salud empeoró”, dijo Cely Silva.

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