miércoles 17 de junio de 2020 - 12:00 AM

El drama de cuatro familias en Floridablanca que deben vivir a la intemperie

Desde hace dos semanas se instalaron sin permiso alguno en un predio de la Cdmb, a la espera de que los entes gubernamentales los atiendan y definan su situación. Entre esta población hay nueve menores de edad.
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Hace un año aproximadamente, Luisa Fernanda Rodríguez salió de Suratá, luego de recibir amenazas de muerte en su contra y en contra de su familia, tras denunciar presuntos hechos de corrupción en este municipio santandereano.

Llegó a Floridablanca en busca de tranquilidad y de que las autoridades competentes le garantizaran seguridad para volver a casa. Sin embargo, el proceso ha sido lento y la vida en la ciudad le ha resultado más cara de lo que se imaginaba.

Junto con su esposo y sus tres hijos menores de edad, tomó una casa en arriendo en Floridablanca. Antes de decretarse el aislamiento preventivo obligatorio, las condiciones económicas no eran las mejores. Su esposo, quien salía a trabajar todos los días, hasta Vetas, no pudo hacerlo más por las restricciones, así que el dinero escaseaba y la deuda por no pagar el arriendo a tiempo se multiplicaba.

Con los auxilios que llegaban, Rodríguez intentó ponerse al día con la arrendadora, pero no fue posible. Las llamadas para cobrarle y las facturas de los servicios públicos empezaron a agobiarla, al punto de impulsarla a tomar unas cuantas pertenencias e irse con su familia a invadir un terreno público que, según se pudo establecer, pertenece a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb. Tres familias, también en condiciones de desplazamiento y vulnerabilidad, les siguieron los pasos.

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Rodríguez, líder social, defensora de derechos humanos y víctima de desplazamiento, solo clama ayuda para vivir en condiciones dignas. “Nos dieron tres días para salir del pueblo. Llegamos al barrio Juan Pablo II de Floridablanca. Nosotros somos del campo, pero me mataron hasta los animales, le apuntaron a mi hija de dos años con una pistola, por eso me vine de allá. Y ahora con esta pandemia no tenemos ni para comer y eso nadie lo entiende”.

“Le abonamos a la señora del arriendo para que no nos sacara a la calle. Siempre nos entendió, pero ahora necesita que pague lo que le quedamos debiendo y que desocupemos para ella entregarle la casa a otras personas. Pero, la verdad, es que no tenemos ni para comprar los plásticos y poder armar un ‘cambuche’”, relató.

Hace dos semanas, cuando lograron ingresar al terreno, armaron un ‘cambuche’ con los materiales que pudieron y ahí se metieron las cuatro familias. El fin de semana pasado acordaron que cada familia armaría el propio, de unos cuatro metros por cuatro metros, pero la lluvia destruyó lo que habían avanzado y perdieron no solo el material sino una buena parte de sus pertenencias; literalmente, se quedaron sin un techo, y soportando las inclemencias del clima.

El resguardo para los menores de edad han sido las casas de los vecinos, quienes solidariamente les ofrecen un espacio más seguro.

El tema preocupa, pero lo que más les inquieta ahora es la presión de un desalojo y el hecho de que personas inescrupulosas han arribadohasta la zona donde permanecen asentadas para solicitarles dinero; es decir, para cobrarles por el área invadida. Y aunque ellos no han respondido a esta solicitud, temen que arremetan contra ellos.

Desde que se conoció la situación, las autoridades policiales son las únicas que han intentado recuperar las zona. Rodríguez subraya no se irán de allí hasta que la Alcaldía de Floridablanca o la Gobernación de Santander los escuche y realmente les brinden una solución.

Con respecto a este tema, Vanguardia intentó buscar alguna respuesta por parte de la Cdmb y Alcaldía pero no se logró obtener ningún pronunciamiento.

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