La mañana de este viernes realizaron una manifestación en el centro de Bucaramanga.
Vestidos con trajes de fiesta, vestidos de novia, globos y hasta con una ataúd cubierto con el tricolor patrio, integrantes de la Asociación Colombiana de Organización de Eventos, Acoe, se movilizaron para pronunciarnos ante el Gobierno, debido a que no han sido favorecidos en los decretos ni en las leyes que existen por el Covid-19. Ante esto, protestaban por el derecho, a la igualdad a la no discriminación y derecho a libre movilización.
En Bucaramanga, el encuentro fue en el parque García Rovira, justo frente a la Alcaldía y la Gobernación de Santander.
“Necesitamos que el Gobierno nos ayude con mercados debido a que vamos para cuatro meses sin poder abrir nuestros negocios, nuestros ingresos están reducidos a cero.
“Otra cosa es la intervención ante las casas inmobiliarias y propietarios de los inmuebles, ha sido difícil la negociación con ellos, se han cerrado demasiado a la banda ya que el decreto 569 ha dejado abierta la posibilidad de que se cobren completamente los dineros y ahorita, pasado el 20 de julio, van a empezar con abogados, desalojos y la gente está bastante preocupada porque como le indico, los ingresos de nosotros están reducidos a un 100%”, manifestó Patricia Durán, una de las afectadas.
En Santander son más de 4 mil o 5 mil familias las afectadas, debido a que este gremio es bastante amplio, va desde las casas de alquileres de trajes hasta sonidistas, decoradores, mobiliario, Dj, animadores, fotógrafos protocolo, entre otros, un gremio bastante extenso.
“Desafortunadamente hoy solo nos encontramos con atropellos por parte de la Policía, por parte de movilidad, de Tránsito que nos impidieron por completo la movilización, nos amenazaron con quitarnos los vehículos, con sacarnos comparendos, o atravesaron las motos y a la gente le dio miedo, estábamos cumpliendo todos los protocolos de ley y habíamos solicitado los permisos, pero fue imposible, los radicados los tenemos, pero hubo arbitrariedad”, añadió Durán.
“En la Alcaldía ningún funcionario hizo presencia, dijeron que debíamos tener una influencia.
“En mi caso en particular es muy triste, teníamos 20 años de servicio, era todo nuestro patrimonio, de ahí criamos nuestras hijas, mi esposo y yo dependemos económicamente de esta actividad y debido a que no pudimos cumplir con los arriendos y no llegamos a ninguna negociación con la inmobiliaria, lo que hicimos fue desalojar, reducir nuestro mobiliario a la solidaridad de la gente, tenemos cosas guardadas en muchos lugares, el colchón financiero no nos dio para aguantar más meses, arriendos de dos millones de pesos, más servicios, más empleados, más nuestra familia, estamos desfalcados en más de 30 millones de pesos. Estamos en bancarrota”.
