jueves 20 de agosto de 2020 - 12:00 AM

El rifirrafe entre el Alcalde de Girón y docentes llegó a instancias judiciales

El Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Girón sancionó al mandatario con cinco días de arresto y una multa económica por incurrir en un desacato, por incumplimiento a la orden impartida en un fallo de acción de tutela que fue instaurada por el SES.
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Al alcalde de Girón, Carlos Alberto Román Ochoa, le fueron ordenados cinco días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalente a $4.389.010. De acuerdo con el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Girón, el mandatario vulneró los derechos de un grupo de directivos sindicalistas, pertenecientes al Sindicato de Educadores de Santander, SES.

Nohora Clemencia Cáceres, secretaria general del SES, explicó que todo inició en el momento en que el alcalde no les concedió los permisos sindicales correspondientes.

“Nosotros veníamos con unos cuestionamientos hacia el alcalde, desde enero, por querer entregar los colegios en concesión como lo hizo con la infraestructura de Nuestra Señora de Belén. En abril y mayo nos concedió la comisión sindical, pero cuando empezó todo lo del Plan de Desarrollo Municipal actuó retaliativamente y nos la negó. Solo dijo que daba una por evento y eso no lo admitimos”, explicó.

Según la secretaria general del SES, el sinsabor de la gestión de Román Ochoa se hizo mucho más fuerte cuando conocieron el Plan de Desarrollo, pues a su juicio y el de sus demás colegas era improcedente porque se pretendía o se pretende entregar cinco instituciones educativas oficiales en concesión por 12 años, comprometiendo vigencias hasta 2032.

“Le hicimos oficios y no los contestó, solicitamos audiencia y tampoco, entonces nos tocó proceder con la acción de tutela que falló a nuestro favor el 13 de julio y le daba 48 horas para que hiciera los nombramientos de nuestras comisiones sindicales, pero hizo caso omiso. Solo hasta el 5 de agosto nos dio unos días, así que procedimos con la impugnación de la tutela”, acotó.

De acuerdo con algunos miembros del Sindicato, se unirán con las fuerzas vivas del municipio para evitar cualquier intento de privatización de los colegios oficiales, pues pudieron establecer que “en plena pandemia se entregó en concesión la sección de bachillerato del Colegio Gabriel García Márquez”.

Cáceres confirmó que el pasado 14 de agosto, un día después de la decisión del Juzgado, la Administración Municipal emitió una resolución donde les da permiso a los sindicalistas, hasta el 18 de diciembre. Sin embargo, es un acto que no los convence porque si el fallo en segunda instancia falla en contra del Sindicato, es posible que el alcalde les retire esos permisos sindicales.

El Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Girón también ordenó la desvinculación del secretario de educación Juan José Gómez Vélez, por el mismo hecho, aunque se pudo confirmar que esta persona había renunciado a su cargo hace menos de un mes.

Frente a esta situación, voceros de la Alcaldía de Girón confirmaron que no habrá un pronunciamiento oficial hasta que no se emita un respuesta por parte del juez, frente al recurso de nulidad. El documento tiene adjunto evidencias sobre el cumplimiento parcial de lo que se había fallado en la tutela.

Al alcalde de Girón, Carlos Alberto Román Ochoa, le fueron ordenados cinco días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalente a $4.389.010. De acuerdo con el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Girón, el mandatario vulneró los derechos de un grupo de directivos sindicalistas, pertenecientes al Sindicato de Educadores de Santander, SES.

Nohora Clemencia Cáceres, secretaria general del SES, explicó que todo inició en el momento en que el alcalde no les concedió los permisos sindicales correspondientes.

“Nosotros veníamos con unos cuestionamientos hacia el alcalde, desde enero, por querer entregar los colegios en concesión como lo hizo con la infraestructura de Nuestra Señora de Belén. En abril y mayo nos concedió la comisión sindical, pero cuando empezó todo lo del Plan Desarrollo Municipal actuó retaliativamente y nos la negó. Solo dijo que daba una por evento y eso no lo admitimos”, explicó.

Según la secretaria general del SES, el sinsabor de la gestión de Román Ochoa se hizo mucho más fuerte cuando conocieron el Plan de Desarrollo; pues, a su juicio y el de sus demás colegas, era improcedente porque se pretendía o se pretende entregar cinco instituciones educativas oficiales en concesión por 12 años, comprometiendo vigencias hasta 2032.

“Le hicimos oficios y no los contestó, solicitamos audiencia y tampoco, entonces nos tocó proceder con la acción de tutela que falló a nuestro favor el 13 de julio y le daba 48 horas para que hiciera los nombramientos de nuestras comisiones sindicales, pero hizo caso omiso. Solo hasta el 5 de agosto nos dios unos días, así que procedimos con la impugnación de la tutela”, acotó.

De acuerdo con algunos miembros del Sindicato, se unirán con las fuerzas vivas del municipio, para evitar cualquier intento de privatización de los colegios; pues, según pudieron establecer “en plena pandemia, se le entregó en concesión la sección de bachillerato del Colegio Gabriel García Márquez. Esta ya sería la segunda que entrega en menos de un año”.

Cáceres indicó que el 14 de agosto, un día después de la decisión del Juzgado, la Administración Municipal emitió una resolución donde les da permiso a los sindicalistas, hasta el 18 de diciembre. Sin embargo, es un acto que no los convence porque si el fallo en segunda instancia falla en contra del Sindicato, es posible que el alcalde les retire esos permisos.

El Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Girón también ordenó la desvinculación del secretario de educación Juan José Gómez Vélez, por el mismo hecho, aunque según confirmó esta persona había renunciado a su cargo hace menos de un mes.

Voceros de la Alcaldía de Girón confirmaron que no habrá un pronunciamiento oficial hasta que no se emita un respuesta por parte del juez, frente al recurso de nulidad que se interpuso. Aseguran que hay evidencias sobre el cumplimiento parcial de lo que se había fallado en la tutela.

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