miércoles 09 de marzo de 2016 - 5:48 PM

Hay disponibles $922 mil millones para la atención de víctimas en Santander

Ad portas de la firma de un proceso de paz, los mandatarios y autoridades locales desconocen la oferta institucional en aras de prepararse para el posconflicto. Por ello, reciben capacitaciones para tener directrices claras a la hora de atender a más de 172 mil 678 víctimas en Santander.
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Mientras el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc parece estar cerca, las instituciones del gobierno van a toda máquina en la capacitación de mandatarios territoriales para la etapa del posconflicto.

Para ello, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, el Departamento de la Prosperidad Social, PDS, la Agencia Colombiana para la Reintegración y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, se unen como el ‘sector de la inclusión social’, encargado de brindar las herramientas para que los municipios perfilen una política pública de víctimas.

Este sector trabajará mancomunadamente en aras de preparar al territorio para el posconflicto, para lo cual dispone de $922 mil millones para atender a víctimas en Santander.

Lo anterior porque de los más de 7 millones 832 mil personas en condición de víctimas en el país, cerca de 172 mil corresponden a Santander.

De acuerdo con el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas,  Luis Alfonso Aparicio, en los cinco años de la implementación de la ley 1448 de 2011 (ley de víctimas) esta entidad ha logrado entregar, en Santander, $220 mil 555 millones por concepto de ayuda humanitario e indemnización administrativa, recurso que aún no es suficiente.

“El balance es más que satisfactorio, pero queremos llegar a más víctimas. Ya hemos podido socializar con mandatarios territoriales la política pública de víctimas, en el entendido que tenemos que construir territorios de paz. En sus planes de desarrollo y presupuestos hay un campito en especial para el goce efectivo de los derechos de la población víctima en los municipios, y eso ya es un avance. La idea es llegar a los sectores más humildes, a los más apartados caminos, veredas, corregimientos y municipios del territorio colombiano (…). Ya le dimos por mucho tiempo oportunidad a la guerra, ahora hay que darle a oportunidad a la paz”, afirmó Luis Alfonso Aparicio.

Sin embargo, debido al desconocimiento que tienen los nuevos mandatarios locales, el DPS también pone a disposición sus ofertas institucionales para que los municipios presenten propuestas y accedan a los proyectos que dispone el gobierno.

Herman Augusto Mutis Almeida, director regional de Santander del DPS, aseguró que aunque sus estrategias se enfocan en la disminución de la pobreza, la pobreza extrema y en condición de vulnerabiildad, las víctimas también engrosan estas listas con afectados por el desplazamiento forzado.

Desde el DPS, y a través de mandatarios territoriales, las víctimas también pueden acceder a programas como ‘Más familias en acción’. “Con este programa ya se benefician más de 59 mil familias en Santander, con un componente de salud y educación. También está la estrategia de ‘Jóvenes en acción’, en el que se brinda capacitación y adiestramiento en educación superior, y en cual participan 11 mil jóvenes en área metropolitana, 4 mil de ellos en Bucaramanga”, precisó Mutis Almeida.

Aunque estas personas no reciben el 100% de los recursos necesarios, el Estado sí brinda los incentivos. Otros programas como ‘ReSa’, que le apunta a seguridad alimentaria en el sector rural; e ‘Inclusión productiva’, que impulsa y apoya a emprendedores, están disponibles para que los mandatarios accedan a estos recursos en favor de las víctimas.

Se buscan más recursos

A la par, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas gestiona recursos con la Gobernación de Santander para atender a población afectada de los municipios de Suratá, Málaga, Simacota, Sucre y Cimitarra. “Logramos suscribir un convenio de cofinanciación por $3 mil millones para beneficiar a 349 familias con proyectos de generación de ingresos”, confirmó Luis Alfonso Aparicio.

Adicionalmente, la Unidad suscribió un convenio de cofinanciación con la Agencia de Cooperación Internacional del gobierno japonés (Jica), para atender a población víctima en condición de discapacidad del Carmen del Chucurí, por el orden de $2 mil millones.

Este último es un proyecto bandera en Colombia, junto a un proceso similar en el municipio de Granada, Antioquia.

La Unidad también gestiona recursos por $2 mil millones para beneficiar a 434 familias víctimas del conflicto en 14 municipios más del departamento.

Políticas para la inclusión

De acuerdo con Ronald García, coordinador de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, el sector de inclusión social también busca que la sociedad se prepare no solo para atender a las víctimas, sino también para recibir a los desmovilizados.

“Venimos de lecciones aprendidas, hemos cometido errores y de esos errores hemos aprendido, pero hoy tenemos más aciertos que desaciertos. Si bien es cierto, la política de reintegración en Santander en un principio se encerró en una capsula en la que solo la institución del Estado llevaba un mensaje, ahora la idea es que todos propaguemos ese mensaje”, afirmó García.

El Coordinador de la ACR manifestó que el propósito es trabajar articulados, “salir a los medios, vincular la empresa pública y la privada para que conozcan que están haciendo los desmovilizados y los reciban de otra manera para construcción de una sociedad en paz”.

Cabe recordar que en Santander 580 personas desmovilizadas han culminado su proceso para reintegrarse a la sociedad y 830 continúan en este proceso, de los cuales aproximadamente 400 son del Magdalena Medio, especialmente de Barrancabermeja, el Carmen Chucurí, San Vicente, Sabana de Torres y Puerto Parra.  

Al respecto, Edgar Josué Lizcano Torres, asesor de Paz y Convivencia en Barrancabermeja, destacó que el Puerto Petrolero ha convertido en un epicentro de atención a víctimas, por lo que urge claridad en la política del posconflicto.

“Además de tener una problemática propia, Barrancabermeja tiene la recepción tanto de población víctima de desplazamiento como excombatientes. Nosotros también atendemos víctimas del Sur de Bolívar y el Magdalena Medio, población que se acerca a más de 57 mil víctimas, por eso estamos muy atentos para prepararnos y recibir las directrices para el posconflicto”, recalcó Lizcano.

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