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Bucaramanga
Lunes 07 de octubre de 2019 - 12:00 PM

IGAC dice que ayudará a esclarecer posible caso de corrupción tras el controvertido contrato del reavalúo catastral de Bucaramanga

El anuncio lo hizo la actual Directora del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, mediante un comunicado enviado a la opinión pública.

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Los polémicos reavalúos catastrales dispararon los cobros del Impuesto Predial en Bucaramanga. (Archivo / VANGUARDIA )
Los polémicos reavalúos catastrales dispararon los cobros del Impuesto Predial en Bucaramanga. (Archivo / VANGUARDIA )

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Los polémicos reavalúos catastrales dispararon los cobros del Impuesto Predial en Bucaramanga. (Archivo / VANGUARDIA )

Archivo / VANGUARDIA
Archivo / VANGUARDIA

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Luego de que los medios de comunicación nacionales y locales, entre ellos Vanguardia, revelaran supuestas irregularidades de algunos exfuncionarios de la pasada administración del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, que podrían estar inmersos en presuntos actos de corrupción y que habrían recibido coimas durante la ejecución del contrato de actualización catastral de Bucaramanga, la actual Directora General de la entidad, Eva María Uribe Tobón, ofreció a la Contraloría de esta capital y a los demás entes de control toda la colaboración posible para esclarecer tales hechos.

Como se recordará, en una auditoría exprés, la Contraloría Municipal dijo que se evidenciaron supuestas irregularidades en el millonario convenio suscrito con el IGAC, el Área Metropolitana, la Alcaldía de Bucaramanga y la Universidad Distrital de Bogotá para el reavalúo catastral de la capital santandereana.

Ese fue el mismo estudio que disparó las tarifas del Impuesto Predial en porcentajes que oscilaron entre el 70% y el 200%, y que incluso generó demandas ante el Tribunal Administrativo de Santander y ante el Consejo de Estado.

Según la Contraloría, la investigación arrojó hallazgos fiscales por una cifra superior a los $4 mil millones.

Dichos hallazgos son cinco de tipo administrativo, cuatro disciplinarios, uno penal y uno fiscal.

Según el ente de control, el contrato se celebró sin el lleno de requisitos legales, y lo que más llama la atención es que un estudio contratado en 2012 para todas las zonas tanto rurales como urbanas tuvo un costo de $260 millones, y para esta vigencia solo para tres zonas, pasó a valer más de $7 mil millones.

“Hubo falencias como falta de supervisión de parte de la Alcaldía, en cabeza de la Secretaría de Hacienda, conductas irregulares que terminaron afectando el bolsillo de los bumangueses”, señaló la Contraloría.

Indicó además que “se identificaron fallas a la hora de cumplimiento de la Universidad Distrital, falta de supervisión de algunas actividades que no fueron desarrolladas en su totalidad”.

La denuncia se recrudeció hace algunos días cuando el ingeniero Wilman Muñoz, señalado de usar dinero de la Universidad Distrital en joyas, carros de alta gama y hasta desviar recursos para la empresa de su hijo, advirtió que “alistaría un arsenal de denuncias para obtener beneficios judiciales”.

Y es que ante la inminencia de su condena en este proceso disciplinario que le adelanta la Procuraduría, Muñoz le ofreció a la Fiscalía información sobre otros capítulos turbios en el Instituto de Extensión y Educación del que fue director.

La propia Contraloría de Bucaramanga trasladó a la Fiscalía General de la Nación los hallazgos encontrados sobre las presuntas irregularidades en el contrato de estudio catastral de esta ciudad.

Por este controversial asunto serían llamados a declarar el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez; el actual director del AMB, Rodolfo Torres Puyana; así como funcionarios de la Distrital y del IGAC.

De acuerdo con la directora del IGAC: “Lamentamos mucho que durante pasadas administraciones este instituto haya sido víctima de la corrupción y los inescrupulosos. Nuestro objetivo es que el IGAC sea una entidad libre de corrupción. Colaboraremos con las autoridades para que los corruptos sean juzgados y condenados por sus delitos”.

COMUNICADO DE LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

Mediante un comunicado, la Administración Municipal, como contratante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, respondió que también “se une al llamado de la ciudadanía y de los medios de comunicación para que se investiguen, se esclarezcan y se sancionen las irregularidades que hubiesen cometido los administradores o funcionarios de la entidad”.

El anuncio lo hizo a propósito de graves denuncias de supuestos actos de corrupción en ese centro de educación superior, a un convenio celebrado entre dicha Institución, el Municipio de Bucaramanga y el Área Metropolitana para la implementación del proceso de actualización catastral parcial que se adelantó en la ciudad en los años 2017 y 2018.

“En este sentido, el Municipio de Bucaramanga es apenas un actor que, de buena fe y a través de la figura de los convenios interadministrativos – prevista en el ordenamiento jurídico y de aplicación frecuente –, acudió a la idoneidad técnica de otra entidad del Estado, en este caso una Universidad Pública con más de 60 años de trayectoria, con experiencia específica en procesos de gestión y actualización catastral y con programa académico profesional en Ingeniería catastral”, reza el parte oficial.

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Publicado por Euclides Kilô Ardila

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