martes 14 de septiembre de 2021 - 4:40 PM

Las razones por las que la Fiscalía archivó el proceso contra presuntos cobros indebidos del Asilo San Rafael

Vanguardia tuvo acceso al documento con el que la Fiscalía archivó la investigación. En él se precisa que efectivamente ese dinero fue cobrado por el asilo, pero posteriormente, tras conciliación, fue descontado en un cobro.
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En mayo del año 2020, la entonces secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Bucaramanga, Natalia Durán Valbuena, denunció un “supuesto cobro de auxilios de personas fallecidas por parte del Asilo San Rafael al Municipio”.

Cabe recordar que la investigación surgió luego de que se evidenciara que de las 235 personas que fueron inscritas para ser beneficiarias de la estampilla pro adulto mayor, 16 eran ancianos que ya habían fallecido.

Al parecer, “de las 28 personas presentadas como fallecidas o retiradas por la trabajadora social del Asilo san Rafael, 16 de ellas fueron reportadas como beneficiarias del convenio N°. 052 del 26 de febrero de 2020”, por concepto de ‘Estampilla proanciano’, por un valor de $19.797.286.

Vanguardia tuvo acceso al documento con el que la Fiscalía archivó la investigación. En él se precisa que efectivamente ese dinero fue cobrado por el asilo, pero posteriormente, tras conciliación, fue descontado en un cobro.

“Cordialmente me dirijo a usted con el fin de entregar la conciliación de recursos a favor del municipio de Bucaramanga por parte del convenio 052-2020 con el Asilo san Rafael de la ciudad de Bucaramanga, lo anterior para realizar el cruce de cuentas pertinente y debitar las sumas acordadas en los pagos futuros a realizar a esta institución”.

“Expuesto lo anterior, se tiene que los valores a reintegrar por parte de la institución Asilo San Rafael al municipio de Bucaramanga en la ejecución del Convenio N° 052-2020, asciende a la suma de diecinueve millones setencientos noventa y siete mil doscientos ochenta y seis pesos ($19.797.286)”, dice el documento de la Fiscalía.

Debido a que el dinero fue devuelto, la Fiscalía resolvió que no se configuraba el delito de peculado: ordenó “el archivo de este diligenciamiento, sin perjuicio de que en caso de que alleguen nuevos elementos probatorios, la indagación se reanude mientras no se encuentre extinta la acción penal. Decisión que se comunicará a la víctima y al Ministerio Público para que se ordenen los fines anotados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional C-1154 de 2005”.

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