viernes 31 de mayo de 2019 - 12:00 AM

Líderes sociales en riesgo: hay 106 protegidos en Santander

La Gobernación de Santander ha garantizado el amparo de 325 ciudadanos que ejercen labores sociales en zonas neurálgicas del departamento. A 106 de ellos las autoridades les otorgaron medidas de protección especial.

En este momento somos siete los docentes amenazados en Santander por situaciones relacionadas con el conflicto interno. Estos hechos se han presentado en el área metropolitana de Bucaramanga, en el Magdalena Medio y en la provincia de García Rovira”.

Esta denuncia la realizó ayer Mauricio Martínez, directivo del Sindicato de Educadores de Santander, quien también dio a conocer que hay cerca de una docena de maestros “amenazados por el cumplimiento de sus funciones como profesores”.

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Este tipo de intimidaciones contra líderes cívicos y sociales vienen siendo vigiladas y analizadas por las autoridades del departamento. De hecho, la Gobernación de Santander lideró este jueves una reunión de seguridad al respecto, a la cual se convocó a Policía, Ejército, Fiscalía y Defensoría del Pueblo.

325 casos identificados

Una de las conclusiones generadas luego de dicho encuentro, es que se tienen identificados 325 casos de ciudadanos que son vulnerables ante posibles agresiones o atentados.

“Entre profesores, líderes cívicos y demás actores sociales tenemos 325 personas identificadas. Ellos se ubican en los límites con los departamentos de César, Bolívar y Antioquia”, informó Andrés Fandiño, secretario del Interior de Santander.

La Gobernación asegura que, en coordinación con las diferentes entidades del Estado, a estos cientos de ciudadanos se les ha garantizado amparo para el desarrollo de sus diferentes actividades.

“De estas 325 personas, 206 cuentan con medidas de protección debido a los trabajos que realizan. Varios, por ejemplo, hacen erradicación de cultivos ilícitos. Otros hacen activismo a favor del medio ambiente o trabajan con jóvenes para prevenir el consumo y tráfico de drogas”, precisó Fandiño.

En este grupo de 206 ciudadanos, hay 106 personas que actualmente tienen medidas de protección especial, debido a que son más vulnerables a sufrir una agresión o atentado.

A ellos les asignaron diferentes esquemas de seguridad, dependiendo del grado de riesgo que corren. Los casos más graves cuentan con vehículo blindado y escolta, en otros el Estado les brindó a las víctimas un chaleco antibalas y un celular, entre otras medidas.

“De estos 106 ciudadanos, muchos son de partidos comunistas, otros son ex miembros de las farc, también hay líderes reconocidos por su trayectoria sindical y defensores de derechos humanos. A todos ellos les estamos garantizando sus esquemas de protección”, explicó el funcionario de la Gobernación.

El próximo 25 de junio se realizará un nuevo encuentro de seguridad para hacer seguimiento a esta problemática, que mantiene inquietos a los líderes sociales en Santander.

Los posibles responsables

Las autoridades, en múltiples ocasiones, han descartado la presencia de grupos guerrilleros y paramilitares en la región. Igualmente, aseguran que han desarticulado las organizaciones criminales en Santander.

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De forma oficial, el Gobierno Departamental ha responsabilizado a criminales del común por las intimidaciones que han existido hacia los líderes.

“Un ejemplo son los supuestos panfletos que aparecieron en marzo pasado, pero que hasta el mismo Eln negó su autoría. En este caso se trató fue de delincuencia común. Lo mismo ocurrió con las llamadas extorsivas en Puente Sogamoso, en donde se logró establecer que las llamadas las hacía un delincuente conocido como ‘El Indio’, desde la cárcel de Ibagué”, señaló el Secretario del Interior de Santander.

Entre tanto, los líderes sociales esperan que “pronto se determine con exactitud, a través de las investigaciones que se adelantan, quiénes son los responsables de todas estas intimidaciones”, manifestó el directivo del Sindicato de Educadores.

Cuatro asesinatos en tres años

En el ‘Plan de Acción oportuna de prevención y protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas’, publicado por el Ministerio del Interior, se recopilan cifras sobre esta problemática en el país y el departamento.

Según estadísticas oficiales de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, en los últimos tres años han asesinado a cuatro defensores de derechos humanos en Santander.

Cifras suministradas por la Policía Nacional y consignadas en tal documento, señalan que el año pasado 21 líderes sociales fueron amenazados en el departamento.

En lo que respecta al orden nacional, dicha Consejería registró un total de 213 homicidios de líderes entre 2016 y 2018.

“Los departamentos más afectados durante los tres últimos años han sido Antioquia, Cauca y Norte de Santander, seguidos por Valle del Cauca, Nariño, Caquetá,

Chocó y Córdoba”, asegura el Mininterior.

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