En los próximos días el Ministro de Salud vendrá a Bucaramanga para revisar la situación de la red pública de Santander.
Ante el posible paro anunciado por los hospitales públicos de Santander la semana pasada, ocho gerentes de estas instituciones en compañía de la Secretaria de Salud Departamental, María Eugenia Triana, expusieron ante el Ministro(e) de Salud y Protección Social, Iván González, las razones que los llevarían a tomar esta decisión.
El traslado de los usuarios de las liquidadas EPS, Emdisalud y Saludvida a instituciones privadas, puso en jaque a los hospitales públicos de la región, quienes advierten el colapso de la red.
Nancy Cañón, directora Ejecutiva de Asehisan, la Asociación de Empresas Sociales del Estado del Nororiente Colombiano, manifestó que al expedir el decreto 1424 de 2019, en agosto del año pasado, el Gobierno Nacional otorgó privilegios a las EPS del régimen contributivo, quienes ahora en los procesos de liquidación de entidades subsidiadas tienen la posibilidad de recibir el 30 % de los afiliados, instituciones que además no contratan servicios con la red pública y que no están obligadas a hacerlo.
“Al hacerse efectivo el traslado de los usuarios de Emdisalud, en Santander, el 61 % de los afiliados pasó a EPS privadas, entidades que no trabajan con los hospitales. Lo mismo está pasando ahora con los usuarios de Saludvida, y esto implica un impacto financiero muy grande para la red pública, porque no vamos a prestar la misma cantidad de servicios”, indicó.
Ante esta situación, María Eugenia Triana, secretaria de Salud de Santander reveló que en dicha reunión el Ministerio se comprometió a revisar el decreto, buscando una posible derogatoria o modificación, para que las afectaciones sean mínimas.
“Si habrá atención a los venezolanos”
La atención a la población venezolana también fue otro tema importante en la agenda con el Ministro de Salud encargado. Al respecto, Juan Eduardo Durán Durán, gerente del Instituto de Salud de Bucaramanga, Isabu, señaló que no pueden seguir prestando atención a los migrantes sin recursos.
“El Gobierno Nacional obliga a los hospitales a atender a la población migrante sin contrato y sin pagarnos. En este momento la deuda en el Departamento por esa prestación de servicios se acerca a los $25 mil millones y el Ministerio solo ha girado $2.800 millones. En el caso del Isabu hemos prestado servicios por tres mil millones a la población venezolana y solo nos han reconocido $500 millones”, mencionó.
Durán Durán aseguró que se planteó la posibilidad de dejar de prestar servicios a dicha población, excepto las urgencias vitales y partos.
Al respecto, la Secretaria de Salud de Santander explicó que “la Superintendencia Nacional de Salud nos obliga a prestar atención en salud a los migrantes en lo concerniente a urgencias, partos y enfermedades en salud pública, es lo que continuaremos haciendo”.
Frente al pago de la deuda, Triana Vargas mencionó que el compromiso que adquirió el Ministerio fue gestionar los recursos que se adeudan con cooperación internacional o con el Ministerio de Hacienda.
La tercera semana de enero, el Ministro de Salud vendrá a la ciudad para revisar la situación de la red pública de Santander.
El 14 de enero, en Pereira, los directivos de los hospitales del país se reunirán en Junta Directiva con el Viceministro de Salud para revisar los avances.
