viernes 22 de mayo de 2020 - 12:00 AM

Los ancianos pobres ganaron una nueva batalla legal, en pro de sus derechos

El fallo del Tribunal Administrativo de Santander finalmente les garantizará a los ancianos más desprotegidos de la ciudad los recursos para su sostenimiento y debida atención, incluidos en la estampilla del adulto mayor.
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Los ancianos desprotegidos en Bucaramanga, aquellos que se refugian en asilos como el San Rafael, San Antonio, el Centro de Bienestar y la Fundación Ángeles Custodios, ganaron una batalla en pro de sus derechos.

El Tribunal Administrativo de Santander declaró “No ajustado a derecho” el polémico Decreto 121, expedido el pasado 8 de abril por el Gobierno Municipal, el mismo que redujo ‘a cero’ los recaudos de la estampilla del adulto mayor en la capital santandereana.

Tal Decreto, una vez se expidió, perjudicó a los ancianos más abandonados de la ciudad, a pesar de que ellos representan la población más vulnerable al COVID-19.

Según el Tribunal, “la Alcaldía de Bucaramanga incurrió en ilegalidad al quitarles el recaudo de la estampilla”.

Todo obedeció a una impugnación del controversial Decreto, planteada por el abogado y exconcejal de Bucaramanga, Pedro Nilson Amaya Martínez.

Este profesional, quien entre otras cosas fue el mismo que tumbó el exagerado cobro del Predial tras los inexplicables reavalúos catastrales del año pasado, intervino en el control automático de legalidad del ‘121’ y logró su nulidad.

A pesar de que en el papel la Alcaldía habría tomado tal decisión basada en el Decreto Legislativo 461 de 2020, de la Presidencia de la República, “el Municipio se tomó competencias que jamás fueron dadas por el Gobierno Nacional, pues en la mencionada norma se otorgan facultades para reducir las tarifas sólo de los impuestos, pero la estampilla de bienestar para el adulto mayor no hace parte de esa clase de rentas o tributos”.

“La reducción a cero en la tarifa de esa estampilla, que deben pagar quienes contraten con el Municipio, dejó sin recursos a más de 800 ancianos desprotegidos en Bucaramanga; eso es algo grave si se tiene en cuenta que estamos en plena pandemia”, dijo Amaya Martínez.

Una acción similar fue la que el exconcejal realizó en 2010, cuando demandó un acuerdo que exoneró a un contratista del pago de la estampilla del adulto mayor, logrando que el Consejo de Estado declarara su nulidad y recuperando así $235 millones para los ancianos más pobres.

De esta forma, los recursos no girados deberán ser destinados a los asilos de Bucaramanga y, en el papel, el propio Alcalde de Bucaramanga deberá garantizarles de inmediato tales recaudos.

Todo esto sale a la palestra tras un acto bochornoso, liderado por la secretaria de Desarrollo Social, Natalia Durán, quien de manera absurda aseguró que iba a denunciar ante la Fiscalía y la Contraloría un presunto caso de corrupción en el cobro de la estampilla pro-anciano de un asilo de Bucaramanga, tras recibir denuncias de “supuestos cobros ilegales” de 16 personas ya fallecidas.

La denuncia nunca prosperó porque, si bien los 16 ancianos sí murieron a finales del año pasado dadas sus precarias condiciones de salud, ellos siempre fueron atendidos por el centro geriátrico. No obstante la labor social del asilo, la Alcaldía nunca le giró los recursos.

LA VOZ DE LA SECRETARIA DE HACIENDA

Saharay Rojas Téllez, secretaria de Hacienda Local, dijo que “la Alcaldía de Bucaramanga adoptó el Decreto 121, de abril 8 de 2020, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto 461 de 2020”.

No obstante, aseguró que “el Municipio es respetuoso de los pronunciamientos judiciales y lo acatará”.

Sin embargo, dijo que era prudente solicitarle una aclaración al Tribunal, “para que nos indique por qué el fallo indica que no hubo defensa del Municipio, cuando se allegó la respectiva argumentación. Estaremos atentos a las explicaciones que se nos dé en próximos días”.

Ella finalmente dijo que “la Secretaría Jurídica Municipal de Bucaramanga, con oficio recibido el 05.04.2020 y dirigido al proceso de la referencia, presentó un informe, pero referido al Decreto Municipal de Bucaramanga No. 104 de 2020, cuyo control inmediato de legalidad se hace dentro del proceso 2020-00273-00’.

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