Un total de 546 personas que estaban detenidos en las salas de privación de la libertad de la Policía Nacional fueron trasladados a diferentes cárceles del departamento, gracias a una acción de tutela que interpuso la Procuraduría Regional de Santander.
Dicho ente de control formuló la acción de tutela contra el Ministerio de Justicia, el Inpec y el Consejo Seccional de la Judicatura, luego de unas visitas que hizo a estos centros de reclusión a mediados de 2016.
En estas inspecciones se encontró que 599 reclusos de Santander permanecían en condiciones de hacinamiento en las estaciones de Policía y para la Procuraduría era evidente la violación de los derechos fundamentales de los detenidos. Al final, se logró el traslado del 91,15% de los presos.
La tutela fue fallada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga y confirmada por la Sala Penal de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.
En cumplimiento del fallo, los tutelados pusieron en marcha una estrategia con la que se redujo el número de detenidos en las estaciones de Policía.
Cabe recordar que todo esto se hizo siguiendo los lineamientos de la Corte Constitucional, que le delegó a la Presidencia, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo la función de vigilancia y seguimiento para mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad.
Como se ha informado, esta situación de hacinamiento en las estaciones de Policía no es exclusiva de esta región, pues también afecta a otros departamentos del país.
De igual forma, también se dan condiciones de falta de cupos en los centros carcelarios como La Modelo, donde se ha ordenado en varias ocasiones el cierre de los pabellones por razones sanitarias.