miércoles 03 de junio de 2009 - 10:00 AM

No hay control de la pornografía infantil y explotadores de niños

Si alguien busca pornografía infantil en las calles de Bucaramanga, la encuentra muy fácil. Es más, algunos vendedores de videos piratas camuflan entre sus maletines de música videos de sexo que involucran a menores de edad. El material lo venden entre $5.000 y $10.000. Lo particular es que no hay ningún control sobre esta actividad, pese a que es un delito grave.

La denuncia se hace a propósito del proyecto de ley aprobado esta semana por el Senado, que endurecería las penas con cárcel para quienes exploten sexualmente a los niños: 20 años en prisión será la pena máxima para quienes comercialicen pornografía infantil y hasta ocho años pagarán encerrados quienes promuevan el ‘turismo sexual’ con menores de edad.

Pese a ello y a que en la ciudad es evidente la comercialización de este tipo de material y del reporte de algunos casos de prostitución con niños, la Policía Metropolitana de Bucaramanga reporta cero capturas por estos delitos, argumentando falta de denuncia ciudadana y dificultad en este tipo de investigaciones.

Cabe recordar que el proyecto de ley es específico en que será sancionado quien fotografíe, grabe, produzca, divulgue, compre, venda, porte, transmita o exhiba por cualquier medio, para su uso personal o intercambio, pornografía infantil.

'Hace mes y medio incautamos un material fonográfico avaluado en $80 millones, pero entre eso no encontramos pornografía infantil… Según las bases de datos del sistema penal acusatorio, no hay denuncias puntuales ante las autoridades que permitan establecer una red de pornografía infantil en la ciudad', indicó el coronel Raúl Pico, director de la Sijin de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

A su turno, Luis Alejandro Rivero, director regional del Icbf, y Dilmar Ortiz, defensor regional del pueblo, coincidieron en que desconocían denuncias puntuales relacionadas con esta clase de pornografía.

'Es difícil la investigación porque quienes hacen eso se ocultan a través de páginas web', apuntó Ortiz.

‘Turismo sexual’,  algunas sospechas

Aunque Santander no es un departamento que se caracterice por ser un lugar de origen para la trata de personas interna o externa, según un estudio publicado este año por la Universidad Nacional, las autoridades ya fueron alertadas sobre los primeros casos.

Cabe aclarar que la trata de personas es un delito y entre sus modalidades, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, se encuentra el ‘turismo sexual’, es decir, el uso y traslado de personas que ofrecen sus ‘servicios sexuales’ a turistas.

Según el Director Regional del Icbf, el año pasado a la institución fueron reportados dos casos de este delito con menores de edad: 'Los registros provenían de San Gil, pero fueron denuncias… Por fortuna, Santander no tiene esta problemática. Esto sobre todo se presenta en las costas y en lugares fronterizos'.

Por su parte, el Director de la Sijin de la Policía Metropolitana, comentó: 'Ya hemos escuchado comentarios de zonas turísticas donde se presenta este tipo de situaciones. Lo que sucede es que están bajo el mando de la informalidad y tampoco ha habido denuncias. Sí se tienen informaciones de casas de lenocinio que se prestan para traer jóvenes. Estamos investigando y trabajando en este tema'.

El funcionario concluyó: 'Investigar este tipo de delito es más difícil porque se realiza bajo total clandestinidad. Estos procesos investigativos requieren de recolección de pruebas, labores encubiertas y pruebas técnicas, y eso es complicado sin las denuncias'.

Las únicas estadísticas locales que se conocen sobre delitos sexuales, son las relacionadas con el abuso sexual. Según datos del Instituto Regional de Medicina Legal, el año pasado 556 personas de la ciudad y el área fueron víctimas de este delito, de las cuales 461 fueron mujeres en edades comprendidas entre los 10 y 14 años.

‘No hay una política criminal seria’

Julián Rodríguez, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Administrativo de Santander, está de acuerdo con la aprobación del proyecto de Ley que endurecerá las penas para los explotadores sexuales de niños, pero hace algunos cuestionamientos.

'La nueva Ley será una reivindicación con la infancia, porque durante muchos años a los menores que eran víctimas de abusos no se les ponía cuidado y por eso no se hacía nada. Sucedía entonces con el tiempo que esas víctimas terminaban siendo victimarios'.

Y agregó: 'Pero el problema es que no existe una política criminal seria, coherente y armónica. En Colombia se legisla a partir de tragedias. Quiero decir con esto que es común que se aumenten las penas pero con el paso del tiempo, cuando se reducen las estadísticas de esos delitos, entonces vuelven a reducir los castigos. Eso es falta de coherencia del Estado. La política criminal debe perdurar por muchos años y ser evaluada'. 

 

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