Para exigir la garantía de sus derechos, la población con discapacidad, familiares y cuidadores saldrán hoy a las calles en rechazo al abandono del Gobierno Departamental.
“Durante cuatro años la Gobernación de Santander abandonó totalmente a la población con discapacidad”.
Esta denuncia la hizo Henry Murillo, miembro de la Red Santandereana de Personas con Discapacidad, quien además aseguró que durante el mismo período, el Departamento omitió realizar el comité de discapacidad, cuyo fin principal es formular e implementar la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social en Santander.
“Según la Ley 1145 de 2007, tenemos un espacio conformado por delegados de la Gobernación y los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad para vigilar, garantizar y abogar por la inclusión e igualdad de oportunidades. En cuatro años este espacio no se ha generado”, explicó.
No obstante, el inconformismo de los miembros de la Red Santandereana de Personas con Discapacidad no termina.
El convenio interadministrativo suscrito entre la Secretaría de Desarrollo Departamental y la Universidad Industrial de Santander, UIS, para la formulación y adopción de las Políticas Públicas de Discapacidad e Inclusión Social y Envejecimiento Humano y Vejez de Santander, por un valor total de $430.800 millones también ha despertado descontento.
“Ahora tenemos tres Políticas Públicas por falta de una. La primera aprobada por el decreto 018 de 2010, la segunda por la ordenanza 021 de 2011, sin cumplimiento alguno y ahora contratan una tercera, sin tenernos en cuenta”, argumentó Murillo.
A raíz de esta situación, se convocó a la movilización que partirá hoy a las 7:30 a.m. desde la UIS. Recorrerá la carrera 27 y bajará por la calle 36 hasta llegar a la Gobernación de Santander.
“Para hacer una Política Pública lo mínimo que debían hacer era invitar a los representantes de los 87 comités municipales de discapacidad del departamento. No están tomando como base esta población para saber cuáles son realmente sus necesidades”, agregó Murillo.
Ante tal afirmación, el Secretario de Desarrollo de Santander, Samuel Prada Cobos, manifestó que la consulta que se debe hacer al Comité Departamental de Discapacidad no es obligatoria.
“Aún así insistimos a la Secretaría del Interior, ayudamos a elegir el Comité el año pasado y fuimos a presentar la propuesta con la coordinación de una persona altamente calificada de la UIS”, dijo Prada Cobos.
¿Qué responde la gobernación?
Frente a la inconformidad manifestada, Samuel Prada Cobos, secretario de Desarrollo de Santander argumentó que en los cuatro años de Gobierno de Didier Tavera, el departamento ha construido diagnósticos y recopilado material fundamental en la formulación y adopción de la Política Pública.
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Respecto al convenio con la UIS, especificó que la universidad es la institución más idónea en el nororiente colombiano para ejecutar políticas públicas.
“No hay la mínima posibilidad de que alguien se atreva a insinuar que es una contratación que nos interesa amañar. De ninguna manera acepto que digan que hemos abandonado a la población con discapacidad. Está lejos de ser real, lo que pareciera en el fondo de la situación es que hay intereses particulares frente al tema de quien haga la política pública en el departamento”, enfatizó.
En noviembre, la Gobernación presentará a la Asamblea de Santander el proyecto de ordenanza para que adopte la nueva política. Su implementación debe llevarse a cabo en los próximos diez años, plazo establecido en la formulación de políticas públicas.
