martes 21 de mayo de 2019 - 3:25 PM

Por deuda de $1.200 millones suspenden servicio de salud a migrantes en Bucaramanga

A partir de este martes, 21 de mayo, el Instituto de Salud de Bucaramanga, Isabu, suspendió la prestación de sus servicios a la población migrante venezolana. Vanguardia le cuenta la razón de esta drástica decisión municipal, y la controversia que existe entre las autoridades.

Una polémica decisión tomó el Instituto de Salud de Bucaramanga, Isabu: suspender la atención a los migrantes venezolanos en 24 unidades prestadoras de salud de la ciudad, con excepción al servicio de urgencias en el Hospital Local del Norte y en la Unidad Intermedia de Atención a Maternas y Población Infantil de Bucaramanga, Uimist.

El motivo principal que llevó a las autoridades municipales a tomar cartas en el asunto, y de manera drástica, se debe a que a la fecha, aseguró Juan Eduardo Durán Durán, gerente del Isabu, no han recibido los recursos que se requieren para financiar los servicios.

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“Nosotros atendemos a la población venezolana a través de unas autorizaciones que la Secretaría de Salud de Santander nos envía. Cuando entregan esas órdenes las personas van a los centros de salud o a las unidades para ser atendidas, y con esa boleta nosotros cobramos. El problema es que, desde hace dos años y medio que se vienen entregando esas autorizaciones, no nos han pagado ni un solo peso”, explicó Durán Durán.

Según las cuentas del Isabu, son 1.200 millones de pesos los dineros que están facturados y reconocidos pero que, a la fecha, no han sido cancelados. “Eso sin tener en cuenta que la deuda sigue creciendo”, acotó el Gerente.

La preocupación es grave debido a que es tanta la población venezolana que ha llegado a la capital santandereana que, hasta ayer lunes y durante los últimos días, los centros del Isabu atendieron hasta 300 pacientes migrantes.

“En 2017 atendimos 1.800 migrantes, en 2018 fueron 5.900, y en lo que tenemos de registros hasta abril, hemos atendido 12.000. Si seguimos así vamos a llegar a atender a más de 36.000 migrantes este año, lo cual nos llevaría a destinar 5.000 millones de pesos”.

De acuerdo con la autoridad, para prestar los servicios el Isabu debe invertir el 80% del precio de venta, “eso implica que, de tener que destinar 5.000 millones de pesos este 2019, tendríamos que sacar de nuestros recursos 4.000 millones de pesos para comprar medicamentos, insumos, pagar a los médicos, enfermeros, odontólogos, y demás. Estos recursos se están sacando de la plata que el Isabu cobra a las EPS por atención a colombianos”.

Para la autoridad la situación pasa a ser “irresponsable” debido a que dichos recursos, que están destinados para pacientes colombianos, terminan por favorecer a la población venezolana.

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“En este momento la atención a los migrantes se desborda y le quita la oportunidad a los colombianos a que tengan acceso al servicio. Hemos tenido que decirles a los pacientes de la ciudad que vuelvan dentro de tres, cinco, ocho días porque los cupos los están tomando los venezolanos”.

Además, agregó el Gerente del Isabu, “el Gobierno Nacional dice que tiene recursos por miles de millones de pesos para pagar hospitales y que han enviado a los departamentos para que paguen, pero en Santander desconocemos si han enviado o no y a quiénes han pagado, porque a nosotros no nos han dado un peso”.

El Gerente detalló a Vanguardia que, en repetidas ocasiones ha solicitado a la Gobernación de Santander información sobre pagos y deudas pero, “ni con derecho de petición, se ha obtenido alguna respuesta”.

Algunos de los servicios que se prestaron hasta ayer lunes a la población migratoria, en Bucaramanga, fueron: cirugías, laboratorios, radiografías, hospitalizaciones, control prenatal, entre otros.

La población que se estima será la más afectada con esta medida serán las mujeres gestantes.

¿Qué dice la Secretaría de Salud departamental?

Tras la decisión del Isabu, el secretario encargado de Salud en Santander, Álvaro Hernando Clavijo, dijo a Vanguardia que “no es la forma de actuar porque se pone en riesgo a la población, especialmente a las embarazadas”.

Aunque reconoció la posición de las autoridades locales, manifestó que estas acciones “contravienen la norma emitida por el Ministerio de Salud que dice que a la población migrante debe prestársele el servicio de atención inicial de urgencias, actividad de promoción y prevención a los menores de cinco y mayores de 60 años, y atención integral a las gestantes”.

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Sobre los dineros que adeudan el Secretario encargado explicó que, hasta el momento ha facturado 12.600 millones de pesos, aproximadamente, en atención a venezolanos en Santander. De esos dineros, según cuentas de esta dependencia, cerca de 1.250 millones es lo que corresponde a lo facturado por el Isabu y que actualmente “se encuentran en auditoría y futuro pago”.

Igualmente, manifestó el funcionario, hasta hoy el Ministerio de Salud solo ha girado 1.400 millones de pesos con destino a la población migrante venezolana, de los cuales 700 millones “fueron cancelados a la red, en diciembre de 2018, y los otros 700 millones están próximos a ser girados”.

Pese a esta noticia, la autoridad no mencionó a qué localidad irían dichos recursos.

Lo que si es cierto es que, aunque se tienen 1.400 millones de pesos para pagar una parte de la deuda en Santander, la situación es preocupante porque faltarían recursos por 11.200 millones de pesos, esto sin contar que la cifra, con el pasar de los días, sigue en aumento.

Por esta razón el Secretario encargado de Salud, en Santander, dijo que se solicitará al Ministerio de Salud que, “así como emiten normas y directrices en cuanto a qué servicios se pueden prestar y a qué servicios tendrían derecho la población venezolana, así mismo destine y remita dineros correspondientes a esa atención para cumplir las normas”.

Por ultimo agregó que, como autoridad del departamento, tendrán que reportar a los entes de control la situación a la que se acogió el Isabu.

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