miércoles 27 de junio de 2018 - 12:01 AM

¿Qué viene tras el fallo que dejó a Cdmb como autoridad ambiental?

Luego de seis años del ‘pulso’ que mantuvo enfrentadas a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, con el Área Metropolitana, AMB, un fallo del Consejo de Estado deja como autoridad ambiental a la primera de ellas.

Una de las principales repercusiones que tiene el fallo del Consejo de Estado, que deja como autoridad ambiental a la Cdmb, es que a las arcas de la citada entidad regresan al menos $65 mil millones que les corresponde por concepto de la sobretasa.

Además, el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, ya no será la encargada de los temas ambientales en Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca y Girón.

Por ende, allí ya no deberán tramitarse permisos de talas o licencias ambientales, por citar solo dos de muchas de las solicitudes ambientales.

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Todo porque el Alto Tribunal, a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo, revocó una sentencia apelada y, en su lugar, dispuso decretar la nulidad del Acuerdo Metropolitano No. 016 de 31 de agosto de 2012, que había sido expedido por la Junta Metropolitana de Bucaramanga en la que se declaraba como autoridad ambiental al AMB.

Vale señalar que, a través de este acto administrativo, se había dejado a la Cdmb sin parte de los recursos que recibía por la sobretasa ambiental.

La decisión del AMB se hizo, en ese entonces, cumpliendo lo dispuesto por la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas, que estipulaba que el ente planificador podía ser la autoridad ambiental en las ciudades de más de un millón de habitantes.

Disputa legal

Para entonces, Luis Alberto Flórez, quien era secretario General de la Cdmb y hoy es asesor jurídica de la Gobernación de Santander, rechazó los argumentos para sustentar la aplicación de las proyecciones de población en el área metropolitana y aseguró que la Corporación iba a buscar ante el Consejo de Estado que revisara esta decisión.

Esto llevó a que ambas entidades iniciaran una disputa en los despachos judiciales, que fue resuelta en un fallo en primera instancia en enero de 2014, cuando el Tribunal Administrativo de Santander se puso del lado del AMB y negó la demanda de nulidad que instauró la Cdmb.

Esta decisión fue apelada por la Cdmb, que le pidió al Consejo de Estado suspender provisionalmente el Acuerdo 016, pues en su concepto existías unos hechos sobrevinientes que justificaban suspender la ejecución del acto administrativo.

Fue de manera precisa Luis Alberto Flórez quien entabló la demanda que, tras el fallo del Consejo de Estado, ayer le retornó la autoridad ambiental a la Cdmb.

Según el fallo reciente, la historia legal soporta a la Cdmb como la autoridad ambiental en la región.

Se deja claro que esta entidad nació como una entidad para combatir la erosión en la escarpa de Bucaramanga y se ha consolidado, a través de los años, como la autoridad ambiental de 13 municipios de Santander, en los cuales trabaja para defender el medio ambiente de manera integral.

Para el Alto Tribunal, cuando la Junta Metropolitana de Bucaramanga violó varios artículos, a través de dicho acuerdo demandado.

En ese entonces, el AMB dio por cumplido el requisito de un millón de habitantes, a través de la citada certificación de 20 de marzo de 2012, expedida por el DANE, con una proyección definida a 30 de junio del mismo año, para constituir el Área Metropolitana de Bucaramanga como autoridad ambiental metropolitana y le otorgó las demás facultades y funciones indicadas en el citado acuerdo.

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Es decir, se violó lo señalado en los artículos 54 Transitorio de la Constitución Política, 7º de la Ley 79, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 67. Además, para el Consejo de Estado, el AMB “incurrió en una falsa motivación”.

El fallo es decisivo, entre otras cosas, porque la Cdmb alegaba que con el acuerdo demandado el AMB asumiría la mayoría de las funciones que actualmente ejerce la Cdmb, entidad que solo quedaría con jurisdicción en las zonas rurales y en las localidades aledañas al área.

Además, le quitaría a la corporación el 90% de su presupuesto, pues se destina un 2 por mil de la base del Predial para la financiación de estas entidades, pero como por Ley no se le puede cobrar a los ciudadanos más del 2,5 por mil, lo que terminaría sucediendo es que los recursos que reciben las CAR por la sobretasa ambiental pasarían a manos del AMB.

Así respondió el Área Metropolitana

A continuación, publicamos el pronunciamiento oficial del Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, tras

conocer el fallo del Consejo de Estado que deja a la Cdmb como autoridad ambiental, despojando a esta entidad de tal poder:

“El AMB fue notificada el 26 de junio 2018, vía correo electrónico por el Consejo de Estado, del fallo de segunda instancia por el cual se estudió la legalidad del Acuerdo Metropolitano No. 016 del 31 de agosto del 2012, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Cdmb contra el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Santander”.

“Fallo que a la fecha de hoy no está en firme, ya que cobra ejecutoria dentro de los tres días siguientes a su notificación. Término de ejecutoria dentro del cual el AMB solicitará complementación del fallo en lo relacionado a los alcances y efectos de la nulidad”.

“Una vez se profiera sentencia de complementación por el Honorable Consejo de Estado quedará en firme a su ejecutoria”.

“Ahora bien, es de primordial importancia para el AMB que la comunidad conozca que sus actuaciones en materia ambiental a partir del año 2013 se vienen ejerciendo por la competencia otorgada por la ley 1625 del 29 abril del 2013 que, en su artículo séptimo sobre funciones del AMB, literal J, señaló entre otras: Ejercer las funciones y competencias de autoridad ambiental en el perímetro urbano, de conformidad de lo dispuesto en la ley 99 de 1993”.

“Es así como, en virtud de la ley reseñada mediante el Acuerdo Metropolitano No. 031 del 29 diciembre 2014, la Junta Metropolitana ordenó desarrollar el Plan Metropolitano para la protección de los recursos naturales y la defensa del ambiente en el marco del plan integral de desarrollo metropolitano”.

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