Con un aporte de cuatro cuotas de 50.000 pesos que entregó la mayoría de las familias, se logró en un año contar con el sistema de seguridad que controlan los vigilantes durante las 24 horas del día. La necesidad de tener las cámaras se pensó, teniendo en cuenta la gran cantidad de viviendas que conforman el conjunto y su ubicación, pues en la parte trasera hay zonas verdes y no se cuenta con encerramiento de muro, lo que atraía a personas de otros lugares que hurtaban o utilizaban los escenarios recreativos.

Adicionalmente, se decidió encerrar con una malla que previene el ingreso de delincuentes, pero sobre todo, como lo señaló el presidente de la Junta de Acción Comunal, José Joaquín Tiga, 'ahora se puede vivir en tranquilidad, han disminuido los robos y nos fortalecemos como comunidad'.

Aunque el dinero que se aportó no fue dado por todos los residentes, el Presidente decidió trasladar los casos de los deudores a la Casa de Justicia para que directamente se encargue del proceso.

'La idea es que todos paguen, no unos cuantos, porque el beneficio es para todos. A esas personas se les abrió un proceso y deberán responder, pues tienen responsabilidad al vivir en un conjunto', manifestó Tiga.