jueves 17 de diciembre de 2020 - 12:00 AM

Tribunal Administrativo de Santander declaró ‘ilegal’ no cobro de estampilla pro-anciano

Aunque el decreto municipal ya no está en vigencia, con este nuevo fallo el órgano administrativo deja claro que la Alcaldía de Bucaramanga no tiene ninguna facultad para reducir las tarifas o exonerar a los contratistas del pago de esta estampilla y la de pro-cultura como lo pretendía ejecutar.
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En sentencia de única instancia, el Tribunal Administrativo de Santander declaró no ajustado a derecho el Decreto 0121 del 8 de abril de 2020, expedido por el alcalde Juan Carlos Cárdenas Rey, mediante el cual se ordenaba reducir a cero pesos los recaudos de las estampillas pro-cultura y la del bienestar del adulto mayor, mientras se encontrara vigente el estado de emergencia económica, social y ecológica por el COVID-19.

La reciente decisión se da luego de que la Alcaldía de Bucaramanga demandara a dicho organismo, ante el Consejo de Estado, tras una sentencia ya proferida en la que se le exigía reactivar esta recaudación entre quienes celebraran contratos con la alcaldía y entes descentralizados, pues dicho decreto no cumplía con los requisitos jurídicos para su viabilidad.

Pedro Nilson Amaya, abogado y exconcejal de Bucaramanga, explicó que el proceso inició desde el momento en que la actual Administración Municipal quiso exonerar a los contratistas del pago de estas dos estampillas en el marco de la crisis generada por la pandemia, con un acto administrativo que se firmó sin aprobación ni consenso del Concejo, solo argumentándose en el Decreto Legislativo 461 de 2020, de la Presidencia de la República.

“A raíz de las disposiciones nacionales que surgieron por la emergencia, el alcalde de Bucaramanga quiso sacar un decreto (el 121 de 2020). Pero lo que decían los decretos presidenciales es que facultaba a alcaldes y gobernadores para generar alivios en impuestos y la estampilla pro anciano y pro cultura no son impuestos, es una contribución para programas específicos creados por Ley 1276 de 2009”, comentó el abogado.

En este sentido, lo que hace el reciente fallo es darle una vez más la razón a Amaya, quien desde el inicio impugnó la legalidad del decreto en mención.

“La sala plena, los seis magistrados del Tribunal Administrativo de Santander, expidieron el nuevo fallo a nuestro favor. Alcaldes y gobernadores no tienen la facultad de exonerar estas estampillas porque quienes deciden eso son los concejos y las asambleas. Así que quienes celebraron contratos, especialmente en marzo, abril y mayo, y no hicieron ese pago, tienen que hacerlo para reintegrar ese dinero porque si no se incurre en un daño fiscal”, subrayó.

Lea también: Alcaldía de Bucaramanga demandó la sentencia sobre ‘Estampilla Pro Anciano’

Amaya recordó que una acción similar se efectuó en 2010 cuando se demandó un acuerdo que exoneró a un contratista del pago de la estampilla para el bienestar del adulto mayor, logrando que el Consejo de Estado declarara su nulidad, recuperando al menos $235 millones.

De acuerdo con la Ley 1276 de 2009, el recaudo de la estampilla para el bienestar del adulto mayor será aplicado, en su totalidad, a la construcción, instalación, adecuación, dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y promoción de los Centros de Bienestar del Anciano y Centros de Vida para la Tercera Edad.

Ileana Boada Harker, secretaria Jurídica de la Alcaldía de Bucaramanga, afirmó que la reciente decisión del Tribunal se toma con mucho respeto.

Según la funcionaria, lo importante es que “en esta oportunidad fueron garantizados los derechos a la defensa y contradicción del Municipio. Respecto a los argumentos que sustentaron la expedición del Decreto 121 fuimos leídos y estudiados, independientemente de que no fuera acogida la postura de la Administración que se basaba en un concepto del Ministerio de Hacienda y un fallo de la Corte Constitucional de 2019”.

“En este fallo, a diferencia del fallo sustituido, por orden del Consejo de Estado, en este caso, ya se habla y se reconoce la existencia de recursos por $1.000 millones dispuestos por el Municipio para la protección de los adultos mayores”, acotó.

La secretaria jurídica confirmó que pese a la expedición del decreto 121, no se dejaron de cobrar las estampillas ni un día. Y para la atención de los adultos mayores se dispusieron, adicionalmente, $1.000 millones. “Ellos siempre han sido prioridad”.

DATO: Según la Alcaldía de Bucaramanga, el Decreto 121 de abril 8 de 2020 solo estuvo en vigencia hasta el 17 de abril de 2020.

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Ingrid Paola Albis Pérez

Periodista egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Miembro de Vanguardia desde 2010. Trabajó con Q’hubo Barrancabermeja en 2016 cubriendo temas judiciales. En la actualidad es reportera de la sección Área Metro, apoya en la elaboración de contenidos digitales y transmisiones en directo y es la encargada de la campaña ‘No te quedes callada, denuncia si fuiste agredida’ donde se manejan temas de violencia contra la mujer.

@PaolaAlbis

ialbis@vanguardia.com

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