viernes 18 de octubre de 2019 - 12:00 AM

Tribunal deja otra vez ‘en jaque’ la autoridad ambiental del AMB

Un nuevo pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Santander mantiene en vilo la autoridad ambiental del Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB.
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El Tribunal Administrativo de Santander volvió a revivir la disputa por la autoridad ambiental que mantienen desde hace más de seis años la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, y el Área Metropolitana de Bucaramanga AMB.

Dicho Tribunal acaba de ordenar la suspensión provisional de los efectos del Acuerdo No. 031 de diciembre 29 de 2014, con el cual el AMB argumentaba que “sí era la autoridad ambiental en Bucaramanga”.

Tal decisión se tomó atendiendo una demanda impuesta por el ciudadano Gustavo Villamizar Motta.

El demandante dijo que cuestiona este acuerdo porque, según explicó, “los asuntos ambientales de Bucaramanga y los vecinos municipios de Girón, Piedecuesta y Floridablanca están, de manera literal, en el limbo por el enfrentamiento legal en el que se encuentran el AMB y la Cdmb”.

Por estas razones, “como demandante yo le solicité al Tribunal la suspensión provisional del controvertido acuerdo”.

Según él, “como persona natural quise demandar el acto para dirimir el conflicto de competencias entre las dos entidades. Esto lo podía hacer cualquier persona por ser una demanda contra un acuerdo, que es un acto administrativo de carácter general”.

Vale recordar que inicialmente el AMB venía ejerciendo su competencia ambiental mediante el Acuerdo 016 del 31 de agosto de 2012, por considerar que existía una protección de más de un millón de habitantes en la zona urbana del Área Metropolitana de Bucaramanga.

Sin embargo, “ese acuerdo fue declarado nulo por el Consejo de Estado, por considerar que la Ley 99 de 1993 establecía como requisito el millón de habitantes, pero que no se podía tener en cuenta una proyección de población urbana, sino que debía tenerse en cuenta el último censo vigente en nuestro país, el del 15 de octubre de 1985, aprobado por el Congreso, que establece que en el área urbana no existe esa población.

Pese a ese pronunciamiento del Consejo de Estado, el AMB se ha abstenido de dar cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado, señalando que no actúa con base en ese Acuerdo 016, sino con base en el acuerdo 031. Este último es el que acaba de ser suspendido de manera provisional por el Tribunal Administrativo de Santander.

Lea además: Consejo de Estado también falló sobre el tema.

“Lo que olvidó el AMB es que ese segundo acuerdo establece en sus considerandos que se fundamenta en el Acuerdo 016, ya declarado nulo, y en la Ley 1625 de 2013, literal j del artículo 7, que precisamente señala que las Áreas podrán ejercer su competencia urbana de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, que es la que establece el requisito del millón de habitantes”, replica el demandante.

Así las cosas, el Tribunal Administrativo decretó la suspensión provisional del segundo Acuerdo 031, lo cual es de inmediato cumplimiento así el Área Metropolitana interponga recurso de apelación o cualquier otro escrito o recurso.

Lo anterior significa que en este momento, al no existir ninguno de los dos acuerdos, la única autoridad ambiental, tanto en el área urbana como rural, es la Cdmb. Y es esta Entidad quien tiene exclusivamente la competencia en la expedición de actos administrativos como licencias y la única entidad que debe ser receptora de los tributos ambientales.

Con esta trascendental decisión, la Cdmb recuperaría, en el papel, una suma cercana a los $65 mil millones al año por concepto de la sobretasa ambiental.

Así las cosas, el AMB ya no sería la encargada de los temas ambientales en Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca y Girón.

Por ende, allí ya no deberían tramitarse los permisos de talas o licencias ambientales, por citar solo dos de muchas de las solicitudes que antes le hacía la comunidad a esta entidad.

EL AMB RESPONDIÓ ASÍ

Gilberto Moreno, director encargado del Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, respondió así lo concerniente a este fallo del Tribunal Administrativo de Santander: “Desde el Área Metropolitana somos respetuosos de las decisiones de la Rama Judicial”.

Y agregó, “por lo tanto acataremos en su momento lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Santander, en la cual se solicita la nulidad del Acuerdo Metropolitano No. 031 de 2014”.

“Sin embargo, desde nuestra entidad queremos resaltar que el Acuerdo 031 de 2014 tiene su fundamento jurídico en la Ley 1625 del 2013, que otorga la autoridad ambiental a las Áreas Metropolitanas en el perímetro urbano”, argumentó.

“En ese sentido y en aras de salvaguardar el derecho de la defensa, el AMB presentó una recusación contra uno de los magistrados (es decirle al magistrado que está impedido para decidir) por un pleito pendiente con nuestra entidad”, añadió.

“En ese sentido, el AMB requirió la nulidad de la decisión y de todo el proceso”.

“En virtud dispuesto del Código General del proceso, es claro que el trámite respectivo se suspende hasta tanto se resuelva la recusación planteada”, agregó. “La apoderada judicial del Área Metropolitana presentó el recurso de apelación contra la medida cautelar que fue decretada por el Tribunal”, puntualizó el funcionario.

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