Tutela contra el Gobierno por falta de garantías en el manejo inicial del COVID-19

Un grupo de 15 profesionales en diferentes áreas interpusieron una acción de tutela en contra del Gobierno Nacional, Ministerio de Salud, Gobernación de Santander y alcaldías de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

Lo que buscan es garantizar la aplicación de un protocolo para la contención efectiva y eficiente orientada a detener los efectos derivados por el contagio del COVID-19, como inflamación, coagulación e infección de las vías respiratorias, pues consideran que de esta manera se evitará que los pacientes terminen en Unidades de Cuidados Intensivos, UCI.

Otra de las pretensiones, por parte de los accionantes, es que a los médicos y EPS de todo el territorio nacional se les ordene un manejo adecuado y pertinente sobre los pacientes sintomáticos, lo cual incluye prescripción de medicamentos antiinflamatorios, anticoagulantes, antibióticos y tratamientos alternativos que sean compatibles con las condiciones médicas de cada uno de los pacientes, desde que aparezcan los primeros síntomas de COVID-19, aún antes de que se entregue el resultado de la prueba PCR.

El médico oncólogo Fernando Barco Ruiz explicó que se tomó la decisión de interponer esta tutela porque considera que se ha manejado de una manera irregular la pandemia. Es decir, los gobernantes se dedicaron primero a abrir UCI, a comprar respiradores artificiales, a darles auxilios a la gente, a aislar a las personas y hasta cerrar las actividades comerciales, pero no se dedicaron a crear un verdadero programa de prevención.

En el marco de la reactivación económica se han registrado 29.912 lugares de trabajo en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, con un total de 183.641 trabajadores activos en los sectores de construcción, manufactura, comercio, taller y autopartes, entre otros. (Marco Valencia / VANGUARDIA)

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Los descuentos solo son para multas aplicadas a ciudadanos que infringieron las medidas sanitarias decretadas tras la pandemia. (Foto: Jaime del Río / VANGUARDIA)

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“No se trata de aislar a la gente, porque nosotros sabemos que la sintomatología o la gravedad de la infección está relacionada con la duplicidad del virus. Nadie de la noche a la mañana se infecta y al día siguiente va para una UCI. Es ilógico. Lo que realmente sucede es que a la gente no le contaron que si presentan pérdida del gusto, fiebre y malestar, podría tratarse de una infección por el Coronavirus y podrían mejorar con medidas más sencillas”, indicó Barco Ruiz.

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Lo que quiere decir este especialista de la medicina es que si se tomaran medidas a tiempo se podría evitar que los positivos con Coronavirus lleguen a UCI con un problema respiratorio e incluso con coagulación intravascular diseminada.

“En realidad no se han desarrollado programas ayudándole a la gente, especialmente de los estratos 1, 2 y 3, que es la que más está expuesta a la contaminación del virus. Cuando se contagian se quedan esperando en las casas a mejorar, cuando realmente se les puede suministrar de manera gratuita medicamentos para superar los síntomas de COVID-19, aunque las EPS no los tengan incluidos en el Plan Obligatorio de Salud”, acotó.

En este sentido, el médico considera que “guardarse en la casa” no evitará que la gente termine en una UCI, ya que cuando realmente se presente el rebrote o el pico, quienes estuvieron aislados y no tuvieron oportunidad de inmunizarse contra el virus podrían sufrir las consecuencias más catastróficas.

“La prevención no es aislarse, esconderse, la prevención es estimular que la persona mejore sus defensas, su alimentación, el cuidado inicial de la posible contaminación y no dejarlo evolucionar”, concluyó Barco.

El abogado y exmagistrado Pedro Pablo Contreras Pinillos, otro de los accionantes, comunicó que se decidió proceder con este mecanismo de protección de los derechos humanos ante la actitud omisiva del Presidente de la República.

“La ocupación de las UCI se puede evitar si se empieza a atacar el virus desde que aparecen los primeros síntomas y para eso es necesario que se instalen puestos de información, especialmente en las comunidades más vulnerables”, precisó.

Otras pretensiones

Dentro de la tutela también se exige:

-Que se ordene al Gobierno Nacional adoptar a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, todas las medidas indispensables para evitar que se especule o desaparezcan del mercado nacional los medicamentos que han demostrado ser eficientes para superar la inflamación y las complicaciones de las vías respiratorias.

-Que se ordene instaurar en barrios, asentamientos humanos, sector rural, comunidades indígenas y áreas de aglomeración o congregación de personas, unidades de atención conformadas por médico, paramédico y comunicadores, quienes prestarán los servicios de formulación, acompañamiento y educación a cada uno de los pacientes que presenten síntomas relacionados con el COVID-19.

Asimismo se les proporcione sin costo alguno los medicamentos que requieran para tratamiento en la fase inicial de esta enfermedad.