El órgano de control busca fortalecer la revisión al Esmad para que hagan un manejo adecuado del orden público sin irregularidades ni vulneraciones a los derechos humanos de manifestantes y terceros durante las protestas en la ciudad.
Con el fin de mantener un control estricto de la forma en la que el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, lleva a cabo el acompañamiento de las protestas y manejo de los disturbios, la Personería de Bucaramanga determinó que los agentes que asistirán a las protestas deben identificarse y dar a conocer qué tipos de armas se usarán durante las jornadas.
Daniel Guillermo Arenas, personero de Bucaramanga, afirma que se hará una evaluación previa a la salida a las marchas, donde se verificarán los seriales de los cascos y de la indumentaria, al igual que las armas correspondan a lo establecido en el decreto 0003 del 2021. De esta forma se pretende garantizar la protección de los derechos humanos de los involucrados.
La Personería del municipio aseguró que ha coadyuvado una acción de tutela interpuesta por el colectivo de abogados Carlos Gaviria Díaz al Tribunal Administrativo de Santander, en el cual solicitan el amparo de los derechos de la protesta pacífica, a la vida y a la integridad de los manifestantes.
Allí, el ente ha brindado información al juez sobre los hechos en los que se han visto vulnerados los derechos humanos de las personas lesionadas.
“La idea es decirle al juez que pongamos unas reglas claras de juego para que el Esmad y la fuerza pública puedan salir y le den garantías a los ciudadanos que no marchan y a los manifestantes”.
Ante esto, sugieren que la fuerza pública discrimine los ataques e intervenciones realizadas en los momentos en los que hay actos de vandalismo.
“No hay que disparar donde hay un grupo grande de personas para tratar de controlar. Pedimos que identifiquen a las personas que están atentando en contra de la normatividad de la ley y los bienes públicos, para individualizarlos y posteriormente judicializarlos para remitirlos a la Fiscalía General de la Nación”, agrega Arenas.
Sostiene que estos casos sí se deben intervenir conforme a los procedimientos policiales establecidos por reglamentación interna, en caso de que se ataque un bien público o privado.
Afirma también que han visto cómo estos protocolos no se han cumplido de la mejor forma. Allí se ha reportado sobre la presencia de agentes que esconden sus números de identificación, o simplemente no dan a conocer quiénes son los responsables del operativo, por lo que en ocasiones no es posible dirigirse a los uniformados cuando hay algún acto de irregularidad.
Esto ha sido frecuente, manifiesta el personero, por lo que ya se ha informado al respecto ante la Procuraduría General de la Nación y a la Policía Nacional.
Incluso manifestantes han denunciado sobre el uso de gases lacrimógenos aparentemente vencidos.
“Lo cierto es que estos gases tienen un número de lote que conserva una vigencia de cinco años, por lo que muchas veces confunden la fecha de expedición del lote con la fecha de vigencia. Pero sí hemos visto con preocupación que en las revisiones todo está acorde con sus seriales, pero en las manifestaciones cuando los marchantes evidencian la carcasa del gas, aparece como si hubiesen sido borrados tales números”.
Además, se ha llevado a cabo un uso desmedido de objetos como gases lacrimógenos y granadas aturdidoras que han afectado a los habitantes de las zonas donde se intenta dispersar a las multitudes.
“Nosotros rechazamos completamente el uso de estas armas porque impactan a personas que no tienen nada que ver con las movilizaciones. Se han lanzado cerca de clínicas o sectores residenciales con presencia de niños y adultos mayores”, indica el funcionario.
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Diferentes casos donde los terceros se ven afectados ya han sido reportados. Por ejemplo, un conjunto residencial en inmediaciones del barrio Diamante II, recibió una bomba de gas, que afectó a todas las personas que allí viven, al igual que techos de parqueaderos y algunos vehículos. Arenas afirma que nadie respondió por lo sucedido.
"Respetamos la posición de otras entidades sobre la Policía Nacional pues ellos tienen la obligación de garantizar el orden público, pero hay que establecer otros mecanismos como el diálogo para evitar la intervención de la fuerza pública", dice Arenas.
Vanguardia se comunicó con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, pero expresaron que no darían declaraciones hasta que la Dirección General se pronuncie al respecto.
El personero asegura que hasta el momento no hay fallecidos ni desaparecidos en las jornadas del Paro Nacional, únicamente se han reportado ciudadanos y policías heridos.
