La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes solicitó a la contralora general, Sandra Morelli, remitir a su despacho “todos y cada uno de los procesos que cursan en ese despacho en contra de los altos funcionarios del Estado que gozan de fueron Constitucional”.
Publicado por: COLPRENSA
La misiva fue remitida debido a que la Contraloría General de la República abrió juicio de responsabilidad fiscal a 22 magistrados de la Judicatura por el posible detrimento patrimonial de 13 mil millones de pesos por el llamado ‘carrusel de las pensiones’.
Según el ente de control, los altos funcionarios nombraron magistrados auxiliares por periodos de dos a tres meses para aumentarles sus pensiones de jubilación y, por esa razón, la Contraloría intentará establecer por qué a varios de los pensionados, quienes recibían 4 millones de pesos, se les aumentó el pago a 13 millones.
Sin embargo, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes argumentó en la misiva que a esa unidad legislativa le compete “en virtud del mandato constitucional, conocer de las investigaciones que cursen en contra de los funcionarios aforados”, como es el caso de los magistrados de la Judicatura.
Así las cosas, sería la Cámara y no la Contraloría quien tendría la competencia para investigar a los magistrados y la investigación que inició la contraloría tendría que ser enviada a la Comisión de Acusación.
El secretario de la Comisión de Acusación, Gonzalo Pinzón, dijo que la Contraloría tiene la función de aportar pruebas “pero no puede iniciar juicios de responsabilidad, menos contra un aforado”.
