El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo demandará a Panamá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por el asilo que mantuvo a la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, María del Pilar Hurtado.
Publicado por: COLPRENSA
Tras conocerse que el vecino país rechazó la solicitud de extradición de Hurtado, el abogado Luis Guillermo Pérez señaló que el presidente panameño, Ricardo Martinelli, con su decisión, “está comprometiendo la responsabilidad internacional del estado de Panamá”.
“Creemos que hay elementos muy sólidos porque si bien la CIDH defiende el derecho al asilo, éste no puede ser usado abusivamente para otorgárselo a violadores de derechos humanos y para burlar los derechos de las víctimas”, señaló a Colprensa.
Pérez señaló igualmente que van a exigir a Panamá que cumpla con su propio ordenamiento jurídico ya que, según dijo, al negar la extradición estaría obligado a investigar a Hurtado por los delitos por los cuáles fue solicitada en extradición.
Pérez calificó la decisión de mantener el asilo a Hurtado como una burla al estado colombiano, la Corte Suprema de Justicia y en general a todas las víctimas de las ‘chuzadas’.
“El presidente Martinelli ha decidido darle prioridad a su relación de amistad con el señor Uribe Vélez antes que actuar responsablemente como Jefe de Estado”, agregó Pérez a Colprensa.
Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá señaló que luego de analizar la documentación enviada por la Cancillería colombiana el pasado 9 de diciembre de 2011 que “la extradición no es viable de acuerdo con la legislación nacional y el Acuerdo Bilateral de Extradición”.
Asimismo, Panamá mantuvo el asilo que tiene Hurtado con fundamento en dos Convenciones y dos decretos vigentes en el vecino país.
La Fiscalía había solicitado a través de la Cancillería la extradición para que respondiera por el proceso penal que se adelanta por las llamadas ‘chuzadas’.
En su momento, la Fiscalía advirtió que el delito de interceptación ilegal de comunicaciones no es considerado un delito político.
