La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra varios servidores públicos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social de Bolívar y del Incoder, señalados de haber entregado auxilios, ayudas o subsidios de vivienda y alojamiento a quienes integraban la falsa población desplazada de la hacienda ‘Las Pavas’.
Publicado por: COLPRENSA
La medida del Ministerio Público aún no específica cuántos funcionarios están implicados pero sí señala que también incluirá a funcionarios del nivel local, regional o nacional.
El auto es motivado principalmente por un informe rendido por la agencia especial constituida para vigilar y hacer seguimiento al proceso penal adelantado por la Fiscalía en el caso de ‘Las Pavas’, en los hechos ocurridos desde el desalojo llevado a cabo por un inspector de policía en el municipio de El Peñón, Bolívar, en julio de 2009.
El Ministerio Público consideró que las declaraciones de quienes dijeron ser desplazados de la hacienda en mención, finalmente no lo fueron de acuerdo con las diferentes versiones de los integrantes de la comunidad asegurando que “fueron criados, educados y conformaron sus familias en el corregimiento de Buenos Aires, donde habían asentado sus hogares”.
Igualmente, la Entidad se basa en la declaración de un representante de 131 familias del sector, quien inicialmente denunció el desplazamiento masivo pero luego se retractó ante la notaría única de El Peñón, Bolívar.
Finalmente, el ente de control estimó que “existen posibles irregularidades en las que pudieron incurrir los funcionarios implicados, por lo que se ha solicitado que se practiquen diferentes pruebas documentales, testimoniales y demás que surjan de las anteriores con el objeto de precisar la posibilidad de falta disciplinaria”.
