“Hay que hundir definitivamente la Reforma a la Justicia”. Esa es la recomendación que hace el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández Galindo, ante la incertidumbre jurídica que hay en estos días por el polémico acto legislativo, al que según los entendidos le colgaron varios ‘micos’ en la conciliación entre Senado y Cámara.
Publicado por: JUAN CARLOS CHÍO
Tanto él como los constitucionalistas Juan Manuel Charry y Wanda Fernández, esta última docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, son claros en afirmar que la ley no prevé ni la objeción ni la sanción de un acto legislativo por parte del Gobierno Nacional.
A pesar de esto, el Presidente Juan Manuel Santos decidió objetar el acto legislativo y devolverlo al Congreso, ante la gravedad de una serie de objeciones, como las modificaciones a la pérdida de investidura y a las facultades de la Fiscalía para investigar a los parlamentarios (ver síntesis).
Frente a este tema, José Gregorio Hernández indicó: “el presidente Juan Manuel Santos no tuvo otra alternativa que negarse a promulgar la reforma, pues sin olvidar que él también tiene alguna responsabilidad, aprobar el acto legislativo tal y como estaba nos hubiera llevado al más grande abismo”.
La pregunta ahora es cuál es el siguiente paso a seguir, pues si bien ya se ha hablado de una recolección de firmas para un referendo revocatorio y de un nuevo debate en el Congreso, lo cierto es que no hay claridad jurídica sobre cuál debe ser el camino a seguir para evitar que el acto legislativo se aplique tal y como está actualmente.
“Hay que comenzar de cero”
A pesar del anuncio de volver a discutir la reforma en el Congreso, José Gregorio Hernández es tajante al afirmar que el artículo 375 de la Constitución Nacional establece que solo se puede modificar la Carta Magna en sesiones ordinarias y en periodos consecutivos.
En otras palabras, no es posible que se modifique el texto de la reforma en sesiones extraordinarias, pues va en contra de la ley, y tampoco es posible que se haga en un periodo legislativo posterior (es decir, a partir del 20 de julio), ya que el trámite del acto legislativo se tenía que cumplir antes del 20 de junio, fecha en la que terminaron las pasadas sesiones ordinarias.
En ese orden de ideas, el expresidente de la Corte Constitucional indicó que no hay otra salida para él que enterrar de una vez por todas el acto legislativo y arrancar de cero la reforma el próximo 20 de julio, “pero esta vez sí haciendo una reforma que le sirva al país y que responda a los verdaderos problemas de la Justicia”.
Igual opinión tiene el exmagistrado y excandidato presidencial Carlos Gaviria, quien en un medio radial dijo que los ‘micos’ introducidos en la Reforma a la Justicia “fueron la tabla de salvación para el Gobierno, pues esta no es mala sólo por los ‘micos’, sino por todo su contenido”.
Gobierno quiere rescatar la reforma
A pesar de estas posiciones, con el anuncio del Presidente Santos de objetar el proyecto y devolverlo al Congreso quedó claro que la intención del Gobierno Nacional es no dejar morir la reforma y salvarla si es posible.
Frente a este tema, Wanda Fernández indicó en un medio de la Universidad Nacional que “no hay antecedentes constitucionales de esta situación y habría que mirar el Derecho comparado para tratar de establecer con jurisprudencia, por ejemplo, del Tribunal Constitucional de España o el Tribunal Constitucional de Alemania, cuál sería la salida más jurídica, más hidalga y más rápida para evitar el colapso total de la justicia”.
Juan Manuel Charry aclaró, no obstante, que la única autoridad que podría alegar que este acto legislativo es inconstitucional es la Corte Constitucional.
Para el experto, quienes propiamente pueden ‘tumbar’ este acto legislativo son los propios congresistas, en el caso de que aceptaran los “argumentos de inconstitucionalidad”. Si esta corporación no los llegase a reconocer (o no pudiera hacerlo por vencimiento de los tiempos, como explicó el exmagistrado Hernández Galindo), serían remitidos a la Corte Constitucional y esta “tendrá la última palabra”.
Así votaron los santandereanos
Aunque algunos parlamentarios reiteraron que no estaban de acuerdo con los cambios hechos a la pérdida de investidura, la mayoría de los congresistas santandereanos votaron positivamente la conciliación de la Reforma a la Justicia. En términos generales, 60 senadores aprobaron el texto y solo 16 lo desaprobaron. Por su parte, 104 representantes votaron por el sí y solo 10 lo hicieron por el no. Así fue la votación de los parlamentarios del departamento:
•Votaron positivo en Senado: Honorio Galvis Aguilar, Jaime Durán Barrera, Bernabé Celis, Mauricio Aguilar, Doris Vega.
•Votaron positivo en la Cámara: Lina Barrera, Gerardo Tamayo, Jorge Gómez Villamizar, Mario Suárez, Didier Tavera, Miguel Ángel Pinto, Holguer Díaz.
Votó negativo: Juan Manuel Galán.
Los ‘micos’ que se habrían colado
•El punto más cuestionado fue la eliminación por parte de los conciliadores de la violación al régimen de inhabilidades para ser legislador como causal de pérdida de investidura. Además, incluyeron un parágrafo para que solo puedan ser capturados cuando haya resolución de acusación en su contra.
•Los congresistas no podrán ser denunciados de forma anónima. Quien los denuncie deberá presentarse con nombre, cédula y pruebas.
•En la conciliación se decidió quitarle a la Fiscalía General de la Nación la competencia para adelantar la etapa de investigación en los procesos penales que se adelantan contra ministros, magistrados de tribunal, embajadores, directores de departamento administrativo, gobernadores, generales y almirantes, entre otros funcionarios con fuero. Estas competencias fueron mantenidas en los textos aprobados en Senado y Cámara, por lo que los conciliadores no podían modificarlas.
•Con la conciliación, los congresistas serán investigados y juzgados en doble instancia, pero a través de dos nuevas salas en la Corte Suprema, totalmente independientes de la Sala Penal, que es la que ha llevado los procesos de la parapolítica.
•Otro aspecto que no fue del gusto de la Presidencia fue la supresión del régimen de transición para la eliminación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Esto, según Santos Calderón, llevaría a que “el día siguiente de promulgar la reforma habría otro factor de colapso en la rama judicial”.
“Mi renuncia es irrevocable” Juan Carlos Esguerra
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, presentó su renuncia irrevocable al presidente Juan Manuel Santos, luego del escándalo suscitado por la aprobación de la reforma a la justicia en el Congreso de la República.
“Ni mis funcionarios ni yo tenemos culpa alguna en la inclusión de textos inapropiados en la reforma a la Justicia. Pero a los funcionarios públicos nos caben responsabilidades políticas y por eso le presenté renuncia irrevocable al Presidente”.
La renuncia de Esguerra se produce después de que el presidente Juan Manuel Santos objetara el texto definitivo de reforma aprobado por la Comisión de Conciliación del Congreso y ordenara su devolución al Legislativo.
“A pesar del esfuerzo y del empeño con que actuamos siempre los funcionarios del Ministerio de la Justicia de quienes estoy orgulloso, no tuvimos la culpa en nada. Por esa razón, le presenté renuncia irrevocable al presidente Juan Manuel Santos”, dijo Esguerra.
Esta renuncia es la primera y más grave consecuencia de la crisis institucional desatada luego que el Congreso aprobara un texto de reforma con varios ‘micos’ a favor de los legisladores.
