El director de la Policía, general José Roberto León Riaño, mostró en rueda de prensa un documento que estaba en cadena de custodia.
Publicado por: COLPRENSA
Al escándalo que produjo el intento de fraude en las elecciones del pasado domingo para gobernador del Valle del Cauca, que hasta el momento deja seis personas detenidas y evidencias que involucrarían al político Juan Carlos Martínez Sinisterra, se suma el malestar de la Fiscalía por la exposición en público de evidencia que debía estar en cadena de custodia.
Trascendió que en el ente acusador no cayó bien el hecho de que el director de la Policía, general José Roberto León Riaño, hubiera mostrado el día anterior a los periodistas, en rueda de prensa, una presentación con la que los sindicados, al parecer, ofrecían sus ‘servicios’.
Ese material estaba en cadena de custodia, como los demás elementos probatorios que hay para acusar a los implicados en el sonado caso, razón por la cual no podía ser mostrado en público. Sin embargo, la mañana del martes, León Riaño exhibió la presentación impresa, un documento en el que predomina el color naranja y que estaba cubierta por una película transparente.
“Dentro de la profundización de la investigación por esta tentativa de fraude de las elecciones del domingo pasado en el Valle, encontramos cómo estas personas capturadas ofrecían un ‘portafolio de servicios’, que colocaron a disposición de la campaña, y donde aparecen las acciones que ellos podrían realizar para obtener esa adulteración de resultados”, explicó León Riaño.
“Aquí aparece todo un ‘portafolio de servicios’ para obtener un blindaje electoral; según ellos, para obtener la adulteración de los resultados electorales”, agregó el oficial y levantó con sus dos manos el documento, mientras pasaba algunas de las hojas, para que los periodistas se hicieran una somera idea del contenido.
Continuó explicando el ‘portafolio de servicios’: “Indican cómo ya habían hablado con algunos funcionarios y cómo podían ofrecer este servicio especializado con profesionales de sistemas; y que podrían organizar un centro de cómputo paralelo a la Registraduría para –a través de una información que incluía testigos electorales, jurados de votación y funcionarios responsables de la organización del evento electoral– tener acceso y lograr el favorecimiento en estas elecciones”.
“En este caso particular, la información que hemos recolectado y que hoy hace parte del proceso, diría, en términos generales porque no puedo entrar en detalles, incluía la presentación de este portafolio por parte de las personas que ya están capturadas”, advirtió el general a los comunicadores. Dicha advertencia en sentido prudente no fue suficiente para evitar la molestia de la Fiscalía.
La incomodidad expresada en el ente acusador provocó que las fuentes de la Policía pasaran de la elocuencia al hermetismo en las últimas horas. En todo caso, ayer se supo que la investigación lleva más de dos meses y nació de un ciudadano que reveló el posible intento de fraude en las elecciones para la Gobernación del Valle.
Durante ese tiempo las autoridades realizaron interceptaciones telefónicas y seguimientos encubiertos a los implicados, a los cuales fotografiaron en diferentes circunstancias. Así recopilaron las evidencias suficientes para que un fiscal solicitara su captura.
Tras las investigaciones y detenciones, el juez 20 de control de garantías de Cali ordenó la captura de José Francisco Angulo, funcionario de la Registraduría Distrital de Bogotá; Alina Martínez García, funcionaria de la Registraduría Delegada Electoral y Registradora Ad Hoc para Jamundí; Luis Enrique Forero Téllez, exempleado de la Registraduría Nacional, y Adriana Lucía Castro, que trabaja con el Consejo Nacional Electoral.
Los otros dos capturados son María del Pilar Yangona (secretaria ejecutiva del movimiento MÍO) y el exdiputado Jairo Candelo.
A su turno, Martha Lucía Zamora, Jefe de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, y cabeza de esta investigación, aseguró que por ahora no habrá más capturas por este hecho y que el expediente continuará en Cali, “porque los dos fiscales de la Unidad Anticorrupción que tienen a cargo la investigación lo están haciendo bien”.
Agregó que los delitos que se les imputaron a los detenidos son cohecho propio, cohecho por dar y ofrecer, y alteración de resultados electorales, en la modalidad de tentativa.
Zamora también reveló que hasta ahora, formalmente, no ha habido solicitudes de acuerdo con la justicia para la obtención de rebajas.
“Es lamentable que haya personas de la Registraduría involucradas, porque son funcionarios que tienen información privilegiada, conocimiento del censo electoral, de quiénes son jurados, de quiénes están destacados en determinados lugares del país. Es muy grave que funcionarios de la Registraduría estén actuando de manera indebida”, concluyó Zamora.
