La Procuraduría General abrió investigación preliminar contra el ministro de Transporte, Miguel Peñaloza, con el fin de establecer si este incurrió en alguna falla disciplinaria al estar en ese cargo y otros que desempeñó antes, sabiendo que su familia había celebrado contratos con el Estado.
Publicado por: COLPRENSA
Peñaloza deberá rendir versión libre y entregar al Ministerio Público aclaraciones sobre la empresa PYG, que en la actualidad está en poder de su esposa e hijos, como el mismo jefe de la cartera de transporte ha reconocido en reiteradas ocasiones.
De acuerdo con el Ministerio Público, el propio funcionario solicitó la investigación por las presuntas irregularidades en las que habría incurrido por los negocios familiares, luego de que la información se diera a conocer en los medios de comunicación.
El Ministro de Transporte le manifestó ayer al presidente Juan Manuel Santos la decisión de abandonar el cargo, a raíz del escándalo, pero el mandatario le dijo que no se podía ir.
Los hechos se desataron luego de las críticas sobre los negocios de Peñaloza y su familia, publicadas en una columna del periodista Daniel Coronell. En el texto, ese periodista sostiene que la empresa PYG maneja más de 1.700 procesos judiciales como representante de entidades públicas como el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Servicios Domiciliarios, los Seguros Sociales, Invías, Findeter, el Fondo Nacional del Ahorro y el Sena. Contratos que fueron otorgados mientras Peñaloza se desempeñó como consejero presidencial del ex presidente Álvaro Uribe y de los primeros años del gobierno de Juan Manuel Santos e incluso mientras ejerce ahora como Ministro.
Sin embargo, Peñaloza sostuvo que antes de posesionarse como consejero del presidente Uribe realizó una consulta al Departamento Administrativo de la Función Pública sobre una posible inhabilidad, ante la que la entidad señaló que la única inhabilidad que tenía la empresa de su esposa e hijos era a suscribir contratos con el Departamento Administrativo de Presidencia.
El funcionario aseguró que en todo momento ha estado al margen de los negocios de la empresa: “La ética es un compromiso de cada quien y yo lo tengo completo”.
Peñaloza agregó que desde el momento en que fue designado como Ministro de Transporte la empresa se su esposa renunció a un contrato de acompañamiento judicial que tenía con el Instituto Nacional de Vías (Invías).
Sin embargo, el Artículo 127 de la Constitución Política señala que “los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen recursos públicos”.
Voz de experto
Ignacio Cantillo
Abogado laboral
“Aunque en principio se podría hablar de una inhabilidad, para tomar una decisión hay que analizar cada contrato en particular. El asunto hay que mirarlo a la luz de cada situación y con los elementos probatorios que cada contrato amerita. Por eso, está investigando la Procuraduría, que es en últimas quien determina si se dan o no las inhabilidades que hoy se alegan”.
