El anuncio del Fiscal General, Eduardo Montealegre, de que solicitará el retiro de 354 desmovilizados que hacen parte de Justicia y Paz generó incertidumbre sobre el futuro de las víctimas y de los propios postulados.
Publicado por: COLPRENSA
Para la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, esto no se debe considerar como un fracaso del trabajo que se viene haciendo. Solo se trata de recomponer el camino y de demostrarles a los desmovilizados que la justicia transicional no es un juego.
“Este es un mensaje y esto se va tomar con seriedad. Para nosotros era muy interesante el derecho a la verdad, pero nos hemos dado cuenta de que nos han cogido de juego. Esto es un mensaje no solo del Fiscal, sino del Gobierno. Viene por la ley 1592. Las cuestiones estaban siendo mal entendidas y nos estábamos relajando mucho, tanto Fiscalía como magistratura”, aseguró un funcionario de la Unidad.
Según la Fiscalía, la justicia transicional que se ha venido realizando con los miembros de las autodefensas desmovilizados, que a octubre de este años son 4.666, es un “laboratorio que permite aprender de los errores”. La entidad asegura que quizás en los gobiernos de los últimos años se pensó que el fenómeno del paramilitarismo era menos masivo del que realmente se presenta en el país.
“Colombia es un laboratorio porque es la primera justicia transicional que se practica en medio de un conflicto. Siempre se da es posconflicto. De los errores se aprende y no creo que se haya fracasado. Es un momento para hacer un alto en el camino y mirar hacia el futuro para que no cometamos los mismos errores cuando haya una justicia transicional con la guerrilla”, aseguró el representante de la entidad investigadora.
Sobre las falencias que se deben corregir, la Fiscalía indicó que es necesario para futuros procesos con las guerrillas verificar muy bien a quién se incluye y la voluntad del excombatiente para ayudar a conseguir las paz en el país.
“Lo principal que tiene que tener la guerrilla es voluntad política. Si no hay voluntad, para qué se meten en un proceso de justicia transicional. Esto no es de juego, no es para dilatar términos ni para hacer maniobras torticeras. La semana pasada, tuvimos la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también nos dijo lo mismo: 'Esto no es un hotel para los postulados o para los guerrilleros o el que sea'. Es un proceso de justicia transicional serio. Es una pena alternativa bajo unos requisitos muy serios de verdad, justicia y reparación”, indicó el funcionario.
¿Qué dirá el tribunal?
De acuerdo con lo dicho por el ente investigador, su papel es proponer a los magistrados de Justicia y Paz del Tribunal Superior que corresponda que retiren a los postulados, pero solo será la corporación la que determine si pierden el beneficio.
“Retirarlos o no queda a criterio de la magistratura; ya hay unos que han sido afectados. Entre los años 2010 y 2011 se retiraron 27. Creo que, siguiendo la misma línea, es probable que lo acepten. Notros cumplimos con pedirlo, pero al final será la Corte Suprema de Justicia la que decida, porque muy seguramente, si son excluidos, apelarán”, aseguró.
El paso a la justicia ordinaria
De acuerdo con el Fiscal General, se solicitará que se retiren los postulados y pasen a la justicia ordinaria, donde se enfrentarán a grandes condenas.
“Estas personas se van a exponer a penas de prisión que pueden llegar a 60 años por graves violaciones a los derechos humanos. Para quienes permanezcan en Justicia y Paz, las penas que se imponen son entre cinco a ocho años. Al excluirse podrían pagar la máxima de 60”, aseguró Eduardo Montealegre.
La Fiscalía basó su solicitud de exclusión en que los desmovilizados no están dando cumplimiento a la ley, que, con la reciente reforma, especifica las razones por las cuales pueden ser retirados del beneficio.
“Los fundamentos de la solicitud de exclusión tienen que ver con el hecho de que los postulados no contribuyeron al esclarecimiento de la verdad, otras personas siguieron delinquiendo desde la cárceles, o también porque fueron renuentes a comparecer a las diligencias y a las actuaciones. A esto se suma que un grupo más no contribuyó a la reparación”, indicó Montealegre.
De acuerdo con la Unidad de Justicia y Paz, esas 354 solicitudes de retiro de la ley podrían no ser las únicas, puesto que actualmente se están haciendo indagaciones entre los diferentes fiscales que llevan los procesos para conocer si más postulados han incurrido en fallas que lleven a su expulsión.
Las ganancias de la ley
Para la Fiscalía, el trato con la ley ha llegado a ser injusto, puesto que una de las grandes cosas que le ha dejado el proceso al país es haber descubierto la denominada 'parapolítica', gracias a la Unidad de Justicia y Paz. Era un tema que estaba “ensombrecido, pero debido al proceso salió a la luz pública y se han conseguido grandes resultados, se han esclarecido muchas cosas y se llegó a puntos que nadie imaginaba”.
Por último, indicó la entidad que no se ha perdido el tiempo porque los procesos seguirán por jurisdicción ordinaria. Son conscientes de que podría haber un poco más de dilación, pero que la justicia no ha sido desgastada porque al final serán juzgados y las víctimas también incluidas en esos procesos.
“El problema es de la justicia”
Fernando Artavia, abogado del excabecilla paramilitar Guillermo Pérez Alzate, alias 'Pablo Sevillano', indicó que la única responsabilidad de lo que está pasando es de la justicia colombiana, y que, sumado a todo, los fiscales se quejan de que no hay personal para adelantar las investigaciones de manera ágil.
“El Fiscal puede decir de todo, pero esa gente (postulados) no ha comparecido porque se murió, a muchos les precluyeron, les dictaron resolución inhibitoria, les negaron el procedimiento y por eso no se está concurriendo. Esos no son temas nuevos, solo que él vino a ponerlo en conocimiento de la opinión pública. De los postulados no hay sino uno de esa lista que ellos están exponiendo, no hay más”, aseguró.
El jurista indicó que el proceso ha sido tan dispendioso y demorado que ya hasta los mismos desmovilizados desean ser juzgados por la justicia ordinaria.
“Hay postulados quieren retirarse de Justicia y Paz, porque les han tomado mucho el pelo. Hay gente que tiene cargos formulados desde el 2009 y este es el momento que no les han dado fecha para audiencia de legalización de cargos. Entonces, vamos a durar cien años en eso, pero no es por culpa de los postulados, sino de la misma justicia y de la Fiscalía”, aseguró Artavia.
Sobre si habrá respuesta para las víctimas de los excombatientes que salgan de la ley, el abogado indicó que en nada se verán afectadas.
“Las víctimas pueden ir a la justicia ordinaria, pero con esta demora ya se están cansando. Inicialmente, iba mucha gente (a las audiencias) y ya nadie asiste. Están cansados de esperar, pero no es por culpa de las víctimas ni de los postulados, sino de la misma justicia. Como el hilo se revienta por lo más delgado, ahora les echan la culpa a los postulados”, concluyó.
Por su parte, Jorge Alberto Ruiz, defensor de Rodrigo Pérez Alzate, alias 'Julián Bolívar', exjefe del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, indicó que si los exparamilitares no han cumplido con los acuerdo deben ser excluidos.
“Es perfectamente comprensible porque cada postulado tiene un deber y una obligación. No es con la sociedad o con el Estado, sino con ellos mismos, de hacer un compromiso serio por la paz de este país”, indicó.
Al igual que su homólogo, Ruiz dijo que las víctimas no se verán afectadas si los procesos pasan a la justicia ordinaria puesto que también tendrán derecho a la reparación.
“En la justicia ordinaria hay un escenario perfectamente válido para poder impetrar el pago de las compensaciones en dinero, y el hecho de que no estén en Justicia y Paz no quiere decir que no se pueda acudir a la jurisdicción ordinaria para conseguir el pago de las obligaciones”, aseguró el abogado.
Para Ruiz, las dificultades han venido desde todas partes, pero el principal responsable de las demoras es el Estado porque constantemente se han vivido cambios.
“El incumplimiento ha sido sistemático y generalizado, y casi que más por parte del mismo Estado desde el momento en que implementaron las mesas de negociación. Los procesos han sido terriblemente demorados y las reglas del juego las cambian permanentemente. Aquí estamos experimentando, pero todos buscamos la paz nacional y es un modelo histórico no solo para notros, sino para cualquier país que quiera seguir el momento”, aseguró.
Las víctimas
Rosa González, madre de una joven desaparecida por la incursión armada de los paramilitares en el 2000 a la zona rural del Guaviare, dice que pese a que existen postulados a Justicia y Paz, no ha tenido la posibilidad de conocer cuál fue la suerte de su hija.
“Uno se esos señores dijo que sabía dónde estaba mi hija, pero realmente nunca ha aparecido. Ellos recibirán condenas cortas y las víctimas seguiremos por las mismas. Nada nos devolverá a nuestros seres queridos. La verdad, prefiero que les quiten todos esos beneficios. Esa ley no sirve para nada. Estamos cansados de esperar. Yo no quiero plata, solo que mi hija tenga una tumba digna”, aseguró la adolorida mujer.
Postulados que podrían excluir por departamento
El número de postulados por departamento que se solicitó fueran retirados son: Antioquia 133, Atlántico 6, Bolívar 10, Córdoba 3, Sucre 6, Arauca 17, Cesar, Chocó 2, Guajira 1, Magdalena 7, Meta 24, Nariño 2, Norte de Santander 2, Santander 1, Valle del Cauca 2, Caquetá 1, Cundinamarca 11, Huila 1 y no se establece 5.
Comandantes que podrían ser expulsados
Bloque Resistencia Tairona:
Rubén Giraldo Giraldo, alias ‘Raúl’, comandante urbano del frente Santa Marta, y Rubén Francisco Arieta, ‘El Ñato’, comandante de compañía.
Bloque Cundinamarca:
Rafael Armando Forero, ‘Zarco’, comandante de zona frente Capital, y Jonny Delgado, ‘Caicedo’, comandante operativo frente Capital.
Bloque Puerto Boyacá:
John Jairo Palomenque Mosquera, segundo comandante frete; Ómar Carmona Tamayo, comandante de frente, y Nelson Enrique Carmona Serna, comandante de frente.
Bloque Sur Putumayo:
Híler de Jesús Paniagua, ‘Fiera’, comandante supervisor urbano.
Lo que dice la ley 1592
Estas son algunas de las razones por las cuales se deberá retirar un desmovilizado de la ley 1592 del 3 de diciembre de 20012: Cuando el postulado sea renuente a asistir al proceso o incumpla los compromisos de la ley, cuando se verifique que no entregó los bienes adquiridos durante su permanencia en el grupo alzado en armas, si los hechos confesados no fueron cometidos durante su permanencia en la ilegalidad. Así mismo, de comprobarse que sigue delinquiendo desde el lugar de reclusión o se le condena por hechos cometidos posteriores a la desmovilización, entre otras.
Cifra
La Ley de Justicia y Paz, a septiembre de 2012, ha dejado 14 sentencias en contra de desmovilizados.
