Los accionistas colombianos y foráneos del Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria (Gahlg) interpondrán, una vez sean notificados, un recurso de reposición ante el Incoder contra de la resolución que le pide a Gahlg devolver 1.200 hectáreas, por considerarlos terrenos baldíos y, por tanto, propiedad de la Nación.
Publicado por: COLPRENSA
El gerente general del Grupo, Ramiro de Francisco aseguró, en diálogo con Colprensa, que los inversionistas se sienten irrespetados y perseguidos por las acciones del Incoder, dentro de un proceso que se remonta a 1994, pero que involucra a su empresa desde septiembre de 2011, tres años después de que compraron los terrenos.
El pleito afecta al proyecto de siembra y explotación de palma de aceite en la Hacienda La Gloria, ubicada en los municipios de La Gloria (Cesar) y Regidor (Bolívar), que en su máxima extensión llega a las 8.800 hectáreas, sumando los predios a lado y lado del río Magdalena.
La porción bajo disputa está en el sector del departamento de Cesar y hace parte de la antigua Hacienda Bellacruz, sobre la cual hay una discusión acerca de si todos los terrenos están correctamente titulados o si hay una parte que en realidad corresponde a un baldío de la Nación y que estaría siendo ilegalmente explotada.
Pese a que se trata de un proceso por baldíos, también han existido versiones de que los terrenos recuperados serían utilizados en el plan de reparación a víctimas de la violencia. Los propietarios de La Gloria dicen no entender de dónde salen dichos rumores e insisten en defender su titularidad sobre todo el terreno cuestionado.
La semana pasada la gerente del Incoder, Miriam Villegas, leyó ante los medios una resolución con la que ordena recuperar las 1.200 hectáreas en cuestión, al declararlas como ocupadas indebidamente. El documento habla de los predios Potosí, Venecia, Los Bajos, Caño Negro y San Simón, ubicados en el municipio de La Gloría.
“Después de hacer todas las visitas oculares y la serie de acciones que tiene que hacer el Incoder para la clarificación, se procede a recuperar material y fiscalmente estas tierras, que son del Estado”, explicó la funcionaria.
Ramiro de Francisco asegura que se trata de una actuación abiertamente irregular. “Hemos mantenido por años una posición de seguir los cauces legales, pese a que siempre hemos sentido del Incoder una actitud de no querer escuchar nuestras razones, pero esta nueva resolución nos obliga a expresar públicamente nuestro desacuerdo y a alertar sobre el atropello que se está cometiendo contra nuestro proyecto agropecuario, industrial y social”.
La empresa, explicó el gerente, solicitó por tales razones una vigilancia especial de la Procuraduría General de la Nación, de la que están esperando un pronunciamiento oficial, pero –dice De Francisco— no se ha podido conocer, “porqué ni la Procuraduría ni nosotros hoy (viernes 12 de abril) hemos sido notificados de la resolución que el Incoder ya les adelantó a los medios de comunicación”.
Agregó que “en los predios adquiridos (en 2008) por el Grupo Hacienda La Gloria no existen terrenos baldíos, tenemos documentos que prueban el error de la decisión, por lo tanto demandaremos la resolución, que consideramos fruto de acciones sin fundamento legal ni técnico y que violan los derechos de la empresa”.
En ese sentido habla, por ejemplo, del desconocimiento por parte del Incoder de un peritaje hecho por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi que concluyó que era imposible identificar los predios que pretendían recuperarse.
Ramiro de Francisco le dijo a Colprensa que esta situación podría estar sucediendo por las presiones políticas que existen sobre el Incoder para que dé resultados en el empeño estatal de recuperar terrenos con los cuales reparar víctimas de la violencia, así como por otras presiones de grupos de interés, que quieren confundir este caso, que es de titulación de tierras baldías, con uno de despojo de territorios.
Con esas certezas y en representación de los inversionistas, De Francisco dice que esperará ser notificado por el Incoder, que presentará recurso de reposición y que, en caso de recibir respuesta negativa, piensa llegar con el caso hasta el Consejo de Estado, “para que sean los magistrados los que decidan”.
“Empresarios nacionales y extranjeros han invertido más de US$150 millones en el proyecto Hacienda La Gloria de manera legal, están pagando impuestos, generan empleo local con todas las condiciones laborales de ley, compran cosechas a los campesinos a precio justo y estable, por lo que este tipo de decisiones arbitrarias afectan no solo a la empresa, sino también a casi 1.100 familias campesinas de la zona”, finalizó De Francisco.
