La violencia parece no tener compasión con muchos de los colombianos a quienes el conflicto les ha arrebatado no solo vidas y pertenencias, sino la tranquilidad y la seguridad de levantarse sin el fantasma de la muerte y la zozobra rondando.
Publicado por: COLPRENSA
De esto es fiel testigo Carmen Alicia*, una mujer a quien la desgracia no quiere dejar descansar y en cambio sí pareciera condenarla a vivir años de sufrimiento y angustia.
Su historia, como la de centenares de familias nortesantandereanas, está marcada por el accionar de los grupos armados ilegales que a su paso por el departamento impusieron a toda costa su ley, dejando consigo muerte, desolación, desplazamiento y más pobreza.
La tranquilidad con la que pasaba sus días en una parcela del municipio de El Zulia, junto a su familia, fue abruptamente interrumpida por la presión de grupos paramilitares que reclamaban, con violencia, a dos de sus hijos a fin de enlistarlos para la guerra.
Ante la negativa de Carmen Alicia y de su esposo de entregar a los muchachos, y la insistencia de los comandantes del grupo irregular, la mujer tuvo que salir huyendo de la zona, con lo poco que alcanzó a recoger.
Aunque intentaron regresar tiempo después, la amenaza seguía latente por lo que no les quedó más remedio que vender su bien al primer postor y aceptar lo poco que les ofreció.
Con la única propiedad que contaban vendida, la familia tuvo que radicarse en Cúcuta en un humilde lugar, perteneciente a un familiar que les abrió las puertas.
“Era una casita de tabla, pequeña. Nos tocaba dormir en el piso, pero era lo único con lo que contábamos en ese momento”, recordó Carmen Alicia.
Tras años de pasar necesidades, de batallar por encontrar una vida que se ajustara, en parte, a la que llevaban en El Zulia, la luz volvió a brillar en el camino de esta familia desplazada por la violencia y una esperanza se convirtió en su único consuelo: la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
En junio de 2011, a la vez que el presidente Juan Manuel Santos, en compañía del secretario general de las Naciones Unidad, Ban Ki Moon, firmaban la histórica norma que busca reparar a por lo menos 4 millones de colombianos afectados por el conflicto armado que se libra en el país hace más de medio siglo, Carmen Alicia soñaba con volver al que un día fue su hogar y en el que, con poco o mucho, pasaban sus días sin apuros.
Casi ocho meses después, cuando entró en vigencia la ley, la mujer comenzó la travesía por lograr ingresar al grupo de los beneficiados, sin imaginarse que esto se convertiría en su nueva sentencia de muerte.
Tras ser admitida la solicitud para que le restituyeran la propiedad, la mujer tuvo que ir a reconocerla en medio de un protocolo de seguridad que a la postre se convirtió en una amenaza contra su vida.
Días antes de la pasada Semana Santa comenzaron las persecuciones y las llamadas intimidatorias y con esto, la intranquilidad de un hogar que sentía cómo en un abrir y cerrar de ojos la violencia volvía a tocar la puerta de su hogar con el ánimo de arrebatarles lo poco que habían reconstruido hasta ahora.
Ante el oscuro panorama, Carmen Alicia pidió ayuda a la Unidad de Restitución de Tierras (URT), que de inmediato la remitió a la Unidad de Protección (UNP). Allí se comprometieron a brindarle acompañamiento y garantizar su reubicación.
Sin embargo, ante la demora en la entrega de las ayudas y la inminencia del peligro, la mujer no tuvo otro camino que salir de Norte de Santander por sus propios medios con la esperanza de que pronto llegaría lo prometido por la UNP.
Hoy, casi dos meses después, Carmen Alicia sigue esperando en un lugar anónimo la respuesta de la Unidad de Protección, mientras que sus hijos intentan en Cúcuta, esquivar la zozobra y el miedo que los invade a diario por lo que pueda venir si siguen en el proceso de restitución.
Entre tanto, sin un trabajo formal y valiéndose únicamente de la venta de pasteles, los hijos de Carmen hacen maromas para enviarle algo de recursos para mantenerse y ellos hacer lo propio en su hogar.
Eso sin contar lo que se deben rebuscar para asumir la deuda que adquirió la mujer con un prestamista ‘gota a gota’ con el único propósito de poder huir nuevamente de la sombra de la muerte que insiste en perseguirla.
MÁS DE 15 RECLAMANTES, EN LA MIRA
Así como Carmen Alicia, por lo menos 15 familias más que fueron afectadas por la crudeza de la violencia que ha azotado a Norte de Santander en las últimas décadas y que intentan resurgir de las cenizas, volvieron a quedar en la mira de los violentos.
Su único pecado es reclamar lo que un día les perteneció, pero que tuvieron que abandonar o casi que regalar bajo la amenaza de las balas asesinas.
Según las cifras de la Unidad de Restitución de Tierras, de los 15 reclamantes intimidados desde que se inició el proceso bajo la Ley 1448 -en enero de 2012-, tres corresponden a propietarios de predios ubicados en las zonas que actualmente están siendo intervenidas y en proceso de recuperación de los bienes.
Por su parte, la Fundación Progresar, que trabaja con víctimas de la violencia, informó que a la fecha 9 reclamantes de tierras han manifestado ser objeto de amenazas y represalias por cuenta de la solicitud de restitución que elevaron ante la Unidad de Restitución para recuperar sus bienes. De estos casos, dos de los denunciantes tuvieron que abandonar la región ante el riesgo que corrían sus vidas. Los autores, de las amenazas, sin embargo, no corresponden a un grupo específico que esté en contra del proceso, sino que cada caso tiene sus características propias.
Estas personas, provenientes especialmente de las zonas rurales de Tibú, Cúcuta y Puerto Santander, al igual que las que se han acercado a la URT solicitan acompañamiento, medidas de protección y en algunos casos la reubicación de sus familias para evadir la amenaza.
Y aunque hasta ahora ninguna ha corrido la suerte de los más de 70 líderes y reclamantes que han sido asesinados desde el 2006 en el resto del país, el temor de volver a perder sus seres queridos o de tener que huir una vez más para intentar seguir vivos, tiene pensativos a muchos.
Incluso, la preocupación no deja de rondar a la propia Unidad de Restitución, puesto que como lo asegura su director regional, José René García, cuando se presentan amenazas es necesario suspender el proceso de restitución para evitar que el riego contra el reclamante aumente.
Así las cosas, el trámite comienza a tener retrasos y por ende la solicitud se demora en llegar a los jueces de restitución, encargados de decidir la devolución o no de los predios.
UNAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE NO LLEGAN
El otro de los escollos que un año y medio después de la puesta en marcha de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras tiene bajo la lupa el proceso, es la demora en la asignación de las medidas y los esquemas de protección.
Al igual que en el caso de Carmen Alicia, quien pese a tener que abandonar su hogar y refugiarse en otro departamento, a la fecha solo ha recibido un chaleco antibalas y un celular, debiendo asumir por su cuenta los costos de la reubicación, son muchos los que todavía están a la espera del apoyo estatal.
De ahí la preocupación del director de la URT, quien manifestó que esta situación se ha convertido en uno de los principales obstáculos de la restitución.
“Las medidas, así sean las rápidas, se están demorando. Por eso, nos preocupa que cuando tengamos 70 u 80 fallos y un mayor número de solicitudes, las respuestas no sean tan rápidas ante un caso como las amenazas a los reclamantes”, manifestó José René García.
Sin embargo, el funcionario admitió que la problemática proviene desde el mismo nivel central, pues las regionales como la de Norte de Santander, dependen de Bogotá para la toma de decisiones.
En esta crítica coincide el director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, para quien es preocupante la falta de reacción que después de tanto tiempo está teniendo la Unidad de Protección, frente al inminente riesgo al que están expuestas las víctimas y los reclamantes de tierras.
“Las víctimas están en un estado de desprotección total, peor incluso que en el que estaban antes. La Unidad (de Protección) no ha cumplido con los compromisos, ni con los medios que debe asumir para que la gente que es amenazada se pueda ir”, manifestó Cañizares.
El defensor de derechos humanos cuestionó, además, la forma cómo está procediendo la Unidad, puesto que aseguró que pareciera que este despacho más bien estuviera produciendo en serie celulares y chalecos antibalas, cuando lo que esto hace es exponer más a quienes denuncian.
Al respecto, el director territorial de la Unidad Nacional de Protección, Juan Carlos Fernández, aseguró que a casi todos los casos de amenaza a líderes de restitución o víctimas de la violencia que han sido reportados en su despacho, se les dio trámite de emergencia, por tratarse de casos en el que el peligro es inminente.
Pese a esto, reconoció que dentro del paquete de ayudas ofrecidas, los apoyos económicos no han podido ser entregados por inconvenientes registrados en el traslado de los presupuestos a la Unidad.
Según Fernández, a más tardar la próxima semana podrían ser girados los recursos pendientes, como el prometido a Carmen Alicia.
A la fecha en Norte de Santander, la Unidad de Restitución de Tierras ha recibido un total de 1.986 solicitudes para la recuperación de predios que fueron despojados como consecuencia de la violencia. En total se están reclamando 99.584 hectáreas de tierra arrebatada.
El municipio con mayor número de solicitudes es Tibú, con 1.111 trámites de los cuales 369 se encuentran ya en proceso de restitución por tratarse de predios ubicados en zonas microfocalizadas, es decir, seleccionadas por sus condiciones para iniciar la restitución.
LISTO EL TERCER FALLO DE RESTITUCIÓN
En medio de las amenazas de las que vienen siendo objeto los reclamantes de tierras, el juzgado especializado en restitución profirió esta semana el tercer fallo mediante el cual se ordena la devolución de bienes a sus propietarios.
La beneficiaria es una familia de El Zulia que en 2007 tuvo que abandonar dos predios de 11 hectáreas que poseían por cuenta de las amenazas de Los Urabeños, quienes los obligaron a dejar la propiedad, además de imponerles vender el terreno a un precio muy bajo.
Desde entonces, tuvieron que radicarse en Cúcuta en calidad de desplazados, y a finales del año pasado, tras conocer de la existencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, decidieron instaurar una demanda reclamando su propiedad.
Días atrás, después de un corto proceso, el juez les dio la razón y ordenó la restitución material del predio, además de otros beneficios complementarios como el acceso a programas especiales para toda la familia.
La meta de la URT es sacar adelante por lo menos 200 fallos hacia finales de 2013.
En el caso de las dos primeras sentencias que se han proferido en el departamento, los beneficiarios aún no retornan a sus propiedades por cuanto todavía no se ha cumplido la ruta integral de reparación que comprende, entre otras cosas, el mejoramiento o construcción de vivienda y la adjudicación de proyectos productivos para el sustento de quienes retornen.
