En Antioquia, miles de toneladas de basuras viajan todos los días por carretera arrastrando lixiviados y demás contaminantes e incrementando las tarifas que tiene que pagar la gente para botar sus residuos.
Ese, en resumidas cuentas, es el panorama del departamento en cuanto a disposición de residuos.
Mire la dimensión del asunto: La Pradera recibe todos los días unas 3.300 toneladas de basura diarias de 40 municipios, cuando solamente debería recibir los residuos de los 10 municipios del Valle de Aburrá. Lo que pasa es que los municipios en las demás subregiones se están quedando sin rellenos, que en la última década han ido colapsando uno a uno, como en efecto dominó. Sumado a lo que recibe La Pradera, en total en Antioquia se producen cerca de 5.000 toneladas de basuras diarias.
Está el caso, por ejemplo, de Alejandría, que aunque tiene licencia ambiental para operar su relleno hasta 2024 hoy no recibe residuos, salvo urgencias. ¿La razón? Durante casi tres décadas las administraciones cerraron los ojos y abrieron huecos sin regulación en un relleno con deficiencias desde su construcción.
Ahora, al gobierno actual le tocó suspender la operación y contratar estudios y diseños que se extenderán todo este año para determinar las especificaciones técnicas necesarias para que sea viable su operación varios años más.
Mientras tanto, ¿qué hacen? Llevar su basura a La Pradera mediante un convenio con Enviaseo que la recoge y la trastea más de 80 kilómetros, lo que obliga al encarecimiento del servicio que se traslada a los alejandrinos, cuenta Daniela Ríos, directora de la Unidad de Servicios Públicos.
No es un caso aislado en el Oriente antioqueño que es, de hecho, una de las regiones más emproblemadas frente a la gestión de residuos: 14 municipios de esta subregión o se quedaron sin margen o lo harán en menos de cuatro años.
Hace dos años, Cornare frenó la iniciativa con la que las autoridades de la región planeaban solucionar sus problemas y archivó el trámite de la licencia al proyecto de relleno regional en San Luis por falta de requisitos, deficiencias y vacíos en los estudios e información requerida, según señaló Oladier Ramírez, secretario general de Cornare.
Además, la autoridad ambiental les recordó a los municipios que antes de pensar en nuevos rellenos con los inevitables impactos ambientales que conllevan, hay que demostrar resultados en los planes para la gestión de residuos y reducir la cantidad de basuras que llegan a estos sitios, aspecto en el que todas las localidades de Antioquia se rajan.
Esto no quiere decir, sin embargo, que la integración entre municipios no sea un imperativo. El problema es que no lo hacen.
El Occidente cercano, según advierte Fredy Uribe Roldán, cofundador de WES International y un hombre que conoce en detalle la problemática en el departamento, está ad portas de una crisis, pues de 10 municipios solo hay cuatro que tienen rellenos con licencia (Sabanalarga, Liborina, Caicedo y Anzá). Ninguno con vida útil mayor a 2 años; el tiempo apremia y los planes conjuntos no prosperan.
Por ahora apenas se exploran opciones. El próximo 24 de enero los alcaldes y autoridades de la subregión están invitados a una reunión para socializar el proyecto privado del Parque Ambiental Occidente.
Actualmente, en Antioquia solo hay un proyecto de relleno con posibilidad de ofrecer servicio en el plano regional. El de Segovia, que podría solucionar los problemas de municipios como Remedios y Vegachí más de una década. Cuesta cerca de $8.500 millones y ya tiene $4.125 millones. Le toca salir a buscar el resto con cofinanciación de Pdet o con mineras como parte de pago de estas por pasivos ambientales.
Por lo demás, ninguna solución asoma a la vista. La Gobernación, según expertos consultados, no puede más que mirar de lejos el problema pues no tiene presupuesto. Un relleno para un municipio como Peque, que apenas supera los 7.000 habitantes, cuesta cerca de $1.100 millones, casi el 25% del total del presupuesto que podría disponer la Gobernación para todos los municipios.
De todos modos, apunta Uribe, el problema no es tanto de plata sino de herramientas fallidas: los planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional –Pgirs–, están muy lejos de alcanzar, al menos, el 20% de aprovechamiento planteados a nivel departamental hace más de un lustro. La ordenanza Basura Cero, aprobada en 2020, todavía sigue solo en el papel.
A todas estas, enero está por acabar y el inicio de la construcción del nuevo vaso de La Pradera no comienza, tal como Emvarias lo tenía contemplado para este mes. Ni siquiera hay indicios de que la decisión de Corantioquia de otorgar o no la licencia para el nuevo vaso esté próxima a conocerse.
