Con la aprobación del proyecto de ley de financiamiento por solo 7,8 billones de los 14 billones faltantes del Presupuesto Nacional, el Gobierno deberá ajustarse el cinturón el próximo año y adelantar algunos recortes en los rubros del gasto que se aprobaron desfinanciados.
De momento, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha asegurado que el recorte inicial de los programas sociales sería de unos $1,5 billones, pero que podría llegar a $5 billones, y además, se revisará a mediano plazo la política de subsidios.
Debido a la inequidad y a la ineficiencia de estos recursos en el país, esta discusión no es nueva. De hecho, la Contraloría ha alertado en más de una ocasión de su falta de efectividad.
“En 2017, Colombia destinó a subsidios $118,5 billones. Nos gastamos en ayudas a la salud, la educación, la vivienda, la nutrición, el agua potable y el saneamiento básico casi lo mismo que la nación recauda por impuestos. Sin embargo, los resultados no se reflejan en una mejor calidad de vida de la población”, alertaba hace unos meses el ya excontralor Maya Villazón.
En Colombia, el gasto de los subsidios sociales (el que se concede a los individuos y los hogares) y los productivos (para las empresas) es elevado. A 2015, según los últimos cálculos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el gasto anual en los primeros fue de $71,8 billones, lo que representa 9,0% del PIB, siendo los más representativos los de educación (33% del total promedio), los de pensiones (28%), los de salud (18%) y los servicios públicos (7%). Por su parte, los de las empresas solo representan unos $1,2 billones, es decir, 0,2% del PIB.
Sin embargo, el problema real no es el elevado gasto que representan, sino su mala distribución entre la población lo que estanca la reducción de la desigualdad. Y es que en total, $4 de cada $10 en subsidios se entregan a los más ricos debido a que los dos quintiles de ingresos más altos de la población reciben casi 40% del total.
En concreto, destaca la desigualdad de los subsidios a las pensiones donde el quintil de ingresos más alto de la población recibe más de 50% del total de estas subvenciones mientras que al más bajo tan solo le llega 4,3%. Por su parte, los subsidios a la vivienda y a los servicios públicos también presentan problemas de focalización porque los dos quintiles más altos reciben 36,6% y 32,1% del total, respectivamente.
“Persiste una deficiente focalización de los subsidios en pensiones y servicios públicos, por ejemplo, en donde en el primer caso 53% de los subsidios llegan a la clase media consolidada y clase alta del país”, manifestó Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.
Sin embargo, otros tiene una mayor eficiencia como el de atención en la primera infancia, los tres quintiles de ingreso más bajo reciben 81% de todo el subsidio, mientras que en salud el número es de 77%.
Iata muestra su rechazo al tributo en la aviación
El proyecto de ley de financiamiento, que fue aprobado esta semana en el Congreso, decidió incluir la propuesta de destinar un dólar por cada tiquete aéreo internacional para aumentar el recaudo para financiar el Presupuesto del próximo año.
El gerente de Iata, Andrés Uribe, manifestó a través de un comunicado que este nuevo tributo muestra “el poco entendimiento del verdadero valor que tiene la aviación que es el de ayudar a crecer la economía para todos y reducir la pobreza y la falta de oportunidades que son precisamente las condiciones que conducen a la explotación de menores”.
