martes 11 de diciembre de 2018 - 12:01 AM

¿A dónde fue a parar el Código de Policía?

En Bucaramanga las riñas callejeras siguen ocupando el primer lugar de las conductas que son sancionadas por el Código de Policía, pero al mismo tiempo estas normas han permitido mejorar los entornos de convivencia.

Las peleas callejeras siguen ocupando el primer lugar en la violación a las normas contempladas en Código Nacional de Policía y Convivencia.

A estas le siguen el consumo de bebidas alcohólicas, hacer necesidades fisiológicas en la calle y ocupar el espacio público.

Aunque esta norma ya lleva un año en funcionamiento, hay muchas personas que desconocen qué este tipo de actos acarrea multas que van desde cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes.

Vanguardia Liberal consulto a expertos en el tema, quienes consideran que aunque es una herramienta necesaria para el buen funcionamiento social, aún tiene reparos en algunos de los temas.

Medidas reguladoras

Rodolfo Mantilla, docente de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, considera que “el Código Nacional de Policía es un instrumento muy importante y me parece a mí que tiene unas medidas muy necesarias para efectos de la regulación de la actividad social, de la disciplina social de las personas; es un estatuto muy bueno y realmente ha tenido una aplicación, no al ciento por ciento porque el tema no es básicamente un tema represivo, sino necesariamente formación en cultura ciudadana”.

Para el docente en Derecho, “el Código ha venido siendo corregido por la Corte Constitucional en algunos aspectos donde entran en conflicto la parte de los derechos y garantías a los ciudadanos con algunos procedimientos policivos, como, por ejemplo, el derecho que tenemos todos los ciudadanos para que no se nos metan en las residencias sin autorización judicial y el código tenía unos puntos en los cuales permitía que la Policía penetrará en esos lugares bajo sospecha”.

Mejorar la convivencia

“Con el Código Nacional de Policía se ha mejorado el tema de convivencia y aunque muchos lo califican como un saludo a la bandera, no ha sido así y, según las estadísticas, se pueden mostrar resultados; primero en una disminución sustancial en el tema de riñas, otrora veíamos cómo un vecino no se podía ver con el otro y desde la expedición del código vemos cómo por lo menos hoy en día las diferencias no se arreglan a puños. En el departamento de Santander a nivel de ‘comparendos’ en 2107 se impusieron 6.063 y en 2018 van a la fecha 7.089 ‘comparendos’, lo que quiere decir que la Policía está actuando y realizando su trabajo y se está acercando al ciudadano”, explicó el Coronel Carlos Julio Cabrera Suárez, comandante de Policía en Santander.

Así mismo, en cuanto a medidas correctivas, en 2017 se realizaron 12.719 y en 2018 van 9.014; además, se han creado 1.638 comités civiles de convivencia que sirven para resolver los inconvenientes en los barrios, en temas como la tenencia de mascotas y la contaminación auditiva, explicó el Comandante de Policía.

Extralimitar funciones

Aunque una vez expedido el Código de Policía se pensaba que permitiría la extralimitación de funciones de los miembros de la fuerza pública, el Coronel Cabrera Suárez considera que “la comunidad asimila que el Código es para la policía, pero no es así, también es para los Alcaldes, Inspectores de Policía y apunta es hacia la convivencia sin afectar el entorno, entonces es exclusivamente para generar convivencia ciudadana que es, en últimas, lo que queremos”.

En este mismo sentido el docente Mantilla precisó que “muchas personas entienden que es un instrumento que le dieron a la Policía para que controle represivamente los comportamientos ciudadanos, pero no, la policía no es la dueña del Código, sino las Alcaldías, rectores de colegios, asociaciones, tienen que estar dispuestas, vigilantes y comprometidas con el código de policía; entonces, en ese sentido le hace falta una socialización y mejor entendimiento porque se lo dejaron socializar solamente a la Policía”.

‘Comparendos’ y multas

Para Omar Alfonso Ochoa Maldonado, Personero de Bucaramanga, “según el monitoreo que se hace con la Policía Nacional, gracias a la aplicación del Código, en 2018 se han impuesto 1.572 ‘comparendos’ por diferentes conductas contrarias a la sana convivencia, la mayoría asociadas a control de ruido, utilización de espacio público y riñas en un 65%; el resto tiene que ver con temas urbanísticos por infracciones cuando se adelantan reformas, mejoras o algún tipo de afectación a un bien inmueble sin contar con las autorizaciones de las autoridades”.

De acuerdo con Ochoa Maldonado, la Policía Nacional cuenta con un sistema de información donde aparecen los ciudadanos que son destinatarios de los diferentes tipos de sanciones con la correspondiente multa para adelantar un seguimiento frente al pago de la cartera respectiva. Sin embargo, el ciudadano puede controvertir en las Inspecciones de Policía y presentar recursos y argumentos y es la autoridad la que decide si se mantiene la multa impuesta”.

Algunas falencias

El Personero de Bucaramanga considera que el Código “ha tenido avances en las normas de nuestro país porque el anterior databa de 1971, es decir, una realidad histórica muy diferente a la que vivimos en la actualidad y se hacía necesaria la expedición de una norma de esa naturaleza que busca en algo actualizar el derecho de Policía que en últimas es el derecho de la paz que conlleva a la sana convivencia en las interacciones ciudadanas. Además, ha permitido controlar infracciones que son muy comunes como las riñas callejeras que siguen siendo una constante en materia de intolerancia, respecto de lo cual debemos trabajar mucho”.

En este aspecto el docente de derecho de la Unab considera que “hay algunas cosas que pueden ser consideradas como falencias del Código, que si bien es cierto que el legislador tenía que decir la regla general, por ejemplo, de que los espacios públicos no deben ser utilizados como baños públicos, también es indispensable que las autoridades creen los mecanismos necesarios que garanticen los derechos de los ciudadanos, y no simplemente imponer las multas”.

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