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Colombia
Miércoles 20 de diciembre de 2023 - 12:00 PM

A tres años del estallido social son más los reparos que los aciertos

El informe No basta’, de Temblores y Alfredo Molano Bravo, sostuvo que persisten pocos avances en el acatamiento del Estado a las recomendaciones de los derechos humanos sobre el estallido social de 2021.

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La Comisión también sugirió reformar la legislación interna para que los cuerpos de seguridad civiles sean los primeros encargados de mantener el orden público. Colprensa /VANGUARDIA
La Comisión también sugirió reformar la legislación interna para que los cuerpos de seguridad civiles sean los primeros encargados de mantener el orden público. Colprensa /VANGUARDIA

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La Comisión también sugirió reformar la legislación interna para que los cuerpos de seguridad civiles sean los primeros encargados de mantener el orden público. Colprensa /VANGUARDIA

El Estado colombiano sigue en deuda con las víctimas de violencia policial de septiembre de 2020 y del paro nacional de 2021. Así lo revela el informe ‘No basta’, elaborado por las oenegés Temblores y Alfredo Molano Bravo como seguimiento a las relatorías que el exdefensor del pueblo Carlos Negret y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizaron.

El informe, que contó con cooperación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, inicia con algunos relatos de familiares de víctimas. Por ejemplo, Nury Rojas, madre de Angie Paola Baquero Rojas, asesinada en Suba durante las protestas del llamado 9S, dice que su hija estaría trabajando y bailando samba en Brasil junto a su hermano.

Lina Hernández, por su parte, cuenta que Cristian Camilo Hernández Yara, también asesinado por las manifestaciones de septiembre de hace tres años, en este momento sería el padrino de su hijo. “Más que mi hermano, sería mi estabilidad para cuidar a mi hijo”, dijo la familiar del muchacho que hoy tendría treinta años si su vida no hubiese sido ultimada en Usaquén.

Y así sucesivamente. Los testimonios recopilados al inicio del informe fueron los que en su momento permitieron que al Estado colombiano se le hicieran 31 recomendaciones para esclarecer lo ocurrido los 9, 10 y 11 de septiembre de 2020, y 41 para avanzar en la reparación del tejido social devastado tras el estallido de 2021. Las 72 admoniciones, al parecer, no han encontrado buen puerto.

Angie Baquero, Cristian Hernández y otras doce personas fueron asesinadas en una noche en la que la ira consumió a personas que salieron a protestar a pesar de la pandemia. El desencadenante fue el homicidio del que, a manos de miembros de la Policía, fue víctima el estudiante de Derecho Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, como quedó plasmado en un video divulgado en redes sociales.

El informe ‘No basta’ detalla que el asesinato y la tortura de Ordóñez es el único episodio que ha recibido una sentencia condenatoria: la de los patrulleros retirados de la Policía Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos, quienes le causaron la muerte luego de utilizar ‘tasers’ contra su humanidad en la mitad de una calle bogotana.

“El brutal asesinato de Javier Ordóñez en la madrugada del 9 de septiembre, perpetrado por miembros de la Policía Nacional, fue el detonante de una sucesión de protestas que, a su vez, desataron una cadena de violencia, abusos y brutalidad policial”, se lee en el texto, que describe los resultados de la violencia policial como una masacre.

De acuerdo con las oenegés, de las 31 recomendaciones de la relatoría independiente solicitada por la alcaldesa Claudia López a ONU Derechos Humanos, solo pudieron evaluar el cumplimiento de 24. De esas, nueve están pendientes, dos están incumplidas, cinco están parcialmente cumplidas, tres muestran un “incumplimiento parcial sustancial” y solo cinco se han aplicado completamente.

Mientras que, entre las recomendaciones enviadas por la CIDH, pudieron revisar 31 de ellas, basándose en lo que la Comisión pidió priorizar. El análisis evidenció que solo una de ellas ha experimentado cumplimiento sustancial, 17 se han cumplido parcialmente, once están pendientes de cumplimiento y dos permanecen totalmente incumplidas.

Una de las pendientes es el retiro de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa. La Comisión Interamericana había solicitado esa modificación institucional a partir de varios elementos, como la garantía de un enfoque civil y no militar en su actuación o el hecho de que Colombia es el único país de la región que contempla a su policía dentro del sector defensa.

Según ‘No basta’, consultaron en el Ministerio de Defensa y la respuesta que obtuvieron fue que ese cambio no es una prioridad en el Gobierno, aun cuando en campaña Gustavo Petro lo había remarcado como una de sus banderas. “Las oportunidades, claramente, son bastantes. No obstante, los retos son mucho más grandes”, dijo Alexandra González, jefe de gabinete del Ministerio.

“Significa una reforma a varios sectores, o sea, no solo al sector defensa, sino al sector de Interior, al sector de Justicia o la creación de un nuevo sector. Entonces, eso es lo que se está identificando para, por lo menos, dejar un documento mucho más consolidad. Pero, pues, no es una urgencia del Gobierno. Lo fue en un momento, pero no lo es ahora”, añadió la funcionaria.

El informe señala que el gobierno de Petro ha establecido algunos parámetros para reformar a la Policía como institución y ha realizado mesas técnicas para evaluar qué puede ocurrir en el futuro. Mientras eso ocurre, la institucionalidad aduce que “no es necesario separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa Nacional”.

Sin embargo, para las oenegés, no son iniciativas suficientes: “Si bien estas acciones son valiosas y persiguen un fin necesario para garantizar un actuar policial respetuoso y garante de los derechos humanos, es indispensable seguir explorando las formas y canales necesarios para lograr dicho cambio de adscripción y, así, cumplir con la recomendación hecha por la CIDH”.

La Comisión también sugirió reformar la legislación interna para que los cuerpos de seguridad civiles sean los primeros encargados de mantener el orden público y la seguridad ciudadana, algo derivado de la idea de separar a la Policía, como órgano civil, del sector Defensa. Son dos las recomendaciones concretas al respecto, pero no se han cumplido completamente.

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Los dos encargos aparecen como “pendientes de cumplimiento”, debido a que no se han establecido lineamientos claros para que las Fuerzas Armadas entren de manera “extraordinaria, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles” dentro de las maniobras de garantía del orden público y de la seguridad, aunque existen algunas directrices.

“Si bien se ha presentado una disminución de los casos en el 2023, es evidente que en los casos registrados en el 2022 las fuerzas armadas terminaron siendo los principales agentes que atendieron asuntos de conflicto social y de ordenamiento del espacio público, lo cual tiene impactos diferenciados en ciertas poblaciones”, dice el informe.

Los alcances del derecho fundamental a protestar, que deben definirse en una ley estatutaria, son otra deuda. La investigación asegura que existe voluntad en el Gobierno y en algunos congresistas para tramitar la norma, de la que hay dos proyectos, pero insiste en que en la práctica persisten varias dificultades para que el Legislativo en pleno haga realidad alguna iniciativa.

Se trata de una recomendación que ha de funcionar como garantía de no repetición. Pero en su camino existen varios contratiempos, como “la falta de articulación suficiente entre ministerios” o la necesidad de tramitar cuatro debates en una misma legislatura, lo que implica que “quedan aproximadamente seis meses para que el proyecto pueda ser discutido”.

El Capitolio, según el informe, tiene una mala calificación en materia de reparación de víctimas de violencia policial o vulneración de derechos humanos en el marco de las manifestaciones. “Las medidas para satisfacer el derecho a la reparación integral de las víctimas son insuficientes y en varios casos han sido revictimizantes”, expresa el documento.

“Estas deficiencias son atribuibles al Congreso de la República, que no ha tenido la voluntad política de tramitar y aprobar una ley, con alcance nacional, a través de la cual se cree un programa de reparación para las víctimas de hechos de violencia que ocurren en el marco de las manifestaciones”, recalca una de las conclusiones de la investigación.

A la fecha, de acuerdo ‘No basta’, “no existen normas o lineamientos que garanticen que fiscales especializados sean quienes conozcan de los hechos de violencia que ocurren en el marco de la protesta social”. Según el grupo de investigación, la judicialización de personas responsables puede verse truncada en su efectividad si no se designan correctamente a las o los fiscales.

De hecho, más de la mitad de los homicidios perpetrados el 9, 10 y 11 de septiembre permanece sin un proceso formal. Siete se encuentran en etapas de indagación y uno, el de Cristian Alberto Rodríguez Cano, fue archivado por la Fiscalía 373 Local de Vida. El cierre del caso de Cristian es considerado “de la mayor gravedad” por Temblores y Alfredo Molano Bravo.

“Esta investigación considera de la mayor gravedad que el caso de Cristian Alberto rodríguez Cano haya sido archivado por ausencia de material probatorio, pues su asesinato quedó registrado en video y su caso tuvo un rezago originario que lo mantuvo marginado de los casos del 9S por más de un año, durante el cual su familia se ha visto en absoluta desatención institucional”, puntualizaron.

Pero las conclusiones del informe incluyen algunas valoraciones positivas. Por ejemplo, “la estrategia de investigación por contextos”, que el ente acusador comenzó en 2021 luego de dos directivas encaminadas a no considerar los homicidios, las lesiones personales y los abusos de la autoridad como casos aislados, sino como vinculados a las manifestaciones.

“Es un mecanismo que puede contribuir al esclarecimiento de los delitos cometidos en el marco de las manifestaciones, más allá de los homicidios. El esclarecimiento de patrones, además, es relevante para poder impartir justicia y responsabilizar penalmente por cadena de mando”, añade el informe, que será público desde este miércoles.

Con información de Colprensa

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Publicado por N.V.

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