jueves 14 de noviembre de 2019 - 11:41 AM

Abren proceso de responsabilidad fiscal contra 34 personas por Hidroituango

Mediante auto de apertura del 8 de noviembre, la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $4 billones contra 34 presuntos responsables, como consecuencia de los daños generados por fallas en la planeación y ejecución del proyecto Hidroituango.
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Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria y Luis Alfredo Ramos, quienes en su momento estuvieron a cargo de la Alcaldía de Medellín y de la Gobernación de Antioquia, fueron vinculados al proceso, así como Juan Esteban Calle, quien fue gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Del total, $2.971.400.000.000 se refieren a inversiones realizadas no justificadas, que llevaron a que se diera una pérdida o destrucción del valor del proyecto. $1.104.280.000.000 fue por concepto de los recursos dejados de percibir por el Estado como consecuencia de la no entrada en operación de la hidroeléctrica en las fechas planeadas originalmente.

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“La Contraloría considera, con base en el Informe de Actuación Especial de Control Excepcional, realizado por la Contraloría Delegada de Minas y Energía, y las pruebas allegadas con el mismo, que las mayores inversiones realizadas en Hidroituango no se encuentran justificadas, pues obedecieron a la necesidad de atender situaciones que se presentaron como consecuencia de graves problemas en la planeación y en la ejecución del proyecto, atribuibles a la improvisación y a la falta de seguimiento y control de los vinculados en calidad de presuntos responsables”, explicó la Contraloría, tras el anuncio que se hizo el anuncio de esta decisión se dio en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del primer año gestión del contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

“La situación descrita llevó además a que a la fecha la hidroeléctrica no esté produciendo ni 1 solo KW de energía”, se agregó .

Esas mayores inversiones no justificadas destruyeron el valor del proyecto, tal y como fue concebido desde su línea de base, generando de esta forma un daño al patrimonio del Estado en la modalidad de menoscabo o pérdida (por $2.971.400.000.000).

A partir del momento, la Contraloría procederá a citar a versión libre a los presuntos responsables y decretará y practicará las pruebas.

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