Un pequeño artículo incluido en el proyecto de la Ley anticorrupción podría cambiar las reglas del juego para denunciar inconsistencias cometidas por parte de funcionarios públicos. Así lo denunció la Asociación Colombiana de Medios de Comunicación, AMI, a través de un comunicado.
Según dicha organización, el informe de ponencia para segundo debate del Proyecto “por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”, incluyó un nuevo artículo que no tiene nada que ver con el objetivo. El texto en cuestión es el siguiente:
“Injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos”, según el cual “el que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal. Cuando quien profiera injuria o calumnia en contra de un funcionario o exfuncionario público o sobre su familia, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece, en los mismos términos del artículo 91 de la ley 906 de 2004.”
Así las cosas, la AMI asegura que la tipificación de los delitos de injuria y calumnia y la responsabilidad penal y civil extracontractual derivada de la comisión de los mismos aplica para todos quienes cometan esos actos en Colombia, sean o no funcionarios o exfuncionarios públicos o sus familiares, “por lo que no se entiende tampoco la creación de un régimen especial o privilegiado en caso que los sujetos pasivos de tales delitos fueran estas personas”.
En ese orden de ideas, la Asociación de medios se mostró preocupada porque, a su juicio, dicha regulación especial y privilegiada, “sí representa una amenaza para cualquiera que deba denunciar posibles irregularidades en el ejercicio de tales funciones o para el ejercicio de las mismas, como lo hacen, por ejemplo, los medios de información”.
En ese sentido la AMI aseguró que dicho artículo podría anular la veeduría que ejercen los periodistas sobre las actuaciones de los funcionarios del Estado. Según el comunicado, el aparte “solo parece querer garantizar que jamás se denuncien actos o hechos que debieran ser denunciados, por temor a las consecuencias y costos de procesos judiciales en contra de medios y periodistas, es decir una modalidad legal de acoso judicial tendiente a la censura desde el poder público en cabeza de quienes lo ejerzan y sus familias.
Para concluir, la Asociación solicitó que se elimine el artículo aseverando que es “altamente inconveniente para el ordenamiento jurídico” y, en especial, “para la garantía del ejercicio de la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información de los colombianos”.
EL COLOMBIANO intentó comunicarse con el representante a la Cámara César Augusto Lorduy, quien radicó el proyecto ante la Comisión Primera, para preguntarle qué implicaciones tendría dicho artículo y qué opinaba sobre la petición de la AMI. Pese a ello, Lorduy aún no responde.
