domingo 17 de marzo de 2019 - 12:00 AM

Al Chocó no llegó la paz

Según la Defensoría del Pueblo, las amenazas y el confinamiento afectan al menos a unas cinco mil personas de Riosucio, Carmen del Darién, Bojayá y Murindó, en el Chocó.
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Muerte, confinamiento, desplazamiento y constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales, es el panorama que en estos momentos presenta el Departamento del Chocó.

El Defensor del Pueblo Regional Chocó, Luis Enrique Murillo Robledo, en dialogo con Vanguardia Liberal habla sobre la situación que se viene registrando en esta zona del país.

De acuerdo con Murillo Robledo “lo que está matando a la población chocoana no es la guerra (aunque hay hechos muy lamentables), sino la falta de acceso a salud y servicios básicos y por la crisis permanente demarcada por la no garantía de derechos y que se evidencia en la falta de servicios como la salud, la educación y servicios públicos domiciliarios”.

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Explica que la coyuntura de la violencia armada, que se registra por la presencia de los grupos ilegales, hace que se sienta con más fuerza la violencia estructural enmarcada en una muy baja presencia de Estado en el territorio y por eso los grupos ilegales campean.

De la misma manera, el Defensor del Pueblo reconoce que con la retirada de la guerrilla de las Farc, luego de firmados los Acuerdos, hubo una esperanza de paz y tranquilidad para la población, pero muy rápido desapareció porque se empezó a sentir la llegada del Eln, las autodefensas gaitanistas y las mismas disidencias de las Farc.

Actualmente se tiene una cifra muy alta de víctimas como cuando se vivía la guerra con las Farc, el Eln y las autodefensas, precisa Murillo Robledo.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Vanguardia Liberal: ¿Cuál es la situación que se vive en estos momentos en Chocó?

Luis Enrique Murillo Robledo: “ se vive una emergencia humanitaria derivada de una dinámica de grupos armados ilegales de expansión y de disputa por toda la parte media y baja del río Atrato, en los municipios de Río Sucio, Carmen del Darién y Bojayá. En el marco de esos enfrentamientos que hay, se está generando la restricción a la movilidad de las poblaciones, lo que los lleva al confinamiento, pero también por las armas explosivas en el territorio, lo que impide que las comunidades puedan acceder a todo tipo de posibilidad de vida en esa zona”.

V.L.: ¿Desde hace cuánto tiempo se vive esta situación?

L.E.M.R.: “Nosotros lo advertimos desde el año anterior a través de cuatro alertas tempranas que se hicieron, porque a partir del año 2017, con la salida de las Farc del territorio, se había desencadenado una expansión por reposicionamiento del Eln, pero el año anterior y lo que ha corrido de este año se ha agudizado más la problemática, de tal manera que se ha generalizado en esa zona el confinamiento y los desplazamientos internos”.

V.L.: ¿Cuáles son las principales deficiencias en cuanto a vías, educación y salud?

L.E.M.R.: “Estamos en emergencia en cuanto a estas acciones armadas ilegales, pero la zona presenta una crisis humanitaria que es anterior a la llegada de grupos armados y es derivada de la falta de garantías de derechos, que consiste en que no hay accesos en sus territorios a salud, la educación presenta muchas dificultades porque la mayoría de docentes no pueden laborar allí por las amenazas de los grupos armados y el acceso a los servicios públicos domiciliarios es nulo. En la mayoría de estas comunidades, que son resguardos indígenas y consejos comunitarios, no hay por ejemplo electricidad. A todo esto se suma el elemento armado que termina de agravar la situación”.

V.L.: ¿A qué se refiere cuando habla de elemento armado?

L.E.M.R.: “Es el accionar del Eln y las Autodefensas gaitanistas que han empezado desde 2017 a hacer presencia y a tratar de establecer unos corredores para controlar las actividades ilegales que ellos están desarrollando en la zona, como la exportación de narcotráfico hacia la frontera con Panamá, y esos son los que se están disputando el control del narcotráfico en esta zona que tiene un gran vacío del Estado, y que es mucho más fácil para esos grupos ilegales”.

V.L.: ¿Cuáles son las formas de violencia que utilizan estos grupos ilegales para atacar a las comunidades?

L.E.M.R.: “En primera medida la ocupación de las comunidades, es decir, la militarización de estos grupos ilegales de las zonas y de los bienes civiles; están ejerciendo vinculación forzada de menores; están minando los territorios en los caminos interveredales, están amenazando a líderes que se oponen y han efectuado combates en donde queda de por medio la población civil”.

V.L.: ¿A qué lleva el confinamiento en la zona?

L.E.M.R.: “El confinamiento y el desplazamiento es una reacción inmediata a la presencia de los ilegales, es decir, la población civil es víctima de este hecho, en la medida en que, como forma de autoprotección, deben restringirse a estar en sus casas sin poder salir a hacer ninguna actividad, lo que lleva al desabastecimiento, porque estas personas tienen que ir todos los días a la selva a cultivar, cazar o pescar, que es la única forma de obtener alimentos, ya que no hay forma de almacenar porque no hay electricidad; entonces, con el confinamiento viene el desabastecimiento alimentario y viene también la imposibilidad de atender enfermedades que son propias de la zona, como el paludismo o la malaria, que son atendidas por los médicos tradicionales, pero en esta situación es imposible que vayan a recolectar las plantas medicinales, por eso el primer nivel son tratadas por médicos tradicionales, pero esas patologías se complican y salir a buscar los servicios de salud a las cabeceras municipales termina ocasionando la muerte de menores”.

V.L: ¿Cómo están haciendo estas comunidades para obtener alimentos y atención en salud?

L.E.M.R.: “Es precisamente la denuncia que estamos haciendo, porque en la comunidad de Altos de Guaybal, municipio del Carmen del Darién, desde febrero a la fecha han muerto cuatro menores por enfermedades que son tratables, como el paludismo y la gastroenteritis, pero por la presencia de ilegales en el territorio, la consecución de las medicinas es imposible y salir a las cabeceras municipales lleva cinco o seis horas, que es lo que demora una embarcación fluvial, también es casi que imposible, por ello terminan deshidratándose o agravándose estos menores”.

V.L.: ¿Se conocen cifras de cuántas familias han tenido que desplazarse por los enfrentamientos?

L.E.M.R.: “En esta región el hecho más recurrente es el confinamiento, pero también está muy presente el desplazamiento interno, porque cuando están muy fuerte los enfrentamientos, salen todos a una comunidad cercana que les permita resistir la situación. Ya no se está saliendo a las cabeceras municipales, porque la atención también era muy precaria, entonces las comunidades prefieren resistir porque después va ser mucho más difícil retornar para no perder todo lo que tenían en sus viviendas. En este momento tenemos una cifra de cinco mil personas confinadas y en riesgo de desplazamiento en el Chocó, en las comunidades de los municipios de Bojayá, Río Sucio y el Carmen del Darién”.

V.L.: ¿Qué está haciendo el Gobierno Departamental y las Alcaldías Municipales para ayudar a sus comunidades?

L.E.M.R.: “Los gobiernos municipales tienen una gran falencia, una debilidad en cuanto a recursos y capacidades propias, por eso estamos llamando en términos de concurrencia a los niveles departamental y nacional, para que asuman esta crisis que se escapa a la capacidad de los gobiernos municipales. Desde la Defensoría del Pueblo convocamos a todas las instituciones para establecer un cronograma de acciones que permita afrontar la crisis. En esa medida, en Bojayá ya se están entregando las ayudas alimentarias para las familias indígenas y estamos a la espera de que en Río Sucio y el Carmen del Darién suceda igual. También se abordó el tema de protección con la fuerza púbica y han desplazado tropas a la zona”.

V.L.: ¿Cuál es el llamado al Gobierno Nacional?

L.E.M.R.: “El llamado es que tenemos un territorio con unos atrasos en su desarrollo muy grandes, con unas metas muy rezagadas frente al resto del país y eso implica que se han priorizado otras zonas y lo que tenemos es un vacío de Estado muy grande. En la zona no hay un hospital de tercer nivel de atención para la población del Chocó, por ejemplo el hospital más grande de todo el Departamento es de segundo nivel, lo que significa que todas las patologías especializadas tienen que remitirse y en esa remisión (con la crisis de salud que vive el país) pueden pasar semanas o meses y la gente termina muriendo”.

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