sábado 13 de junio de 2020 - 12:00 AM

Alivian situación de reclusos en medio de la COVID-19

Las tutelas instauradas permitieron, además, que los jueces ordenaran la presencia de personal médico y de enfermería en los penales y centros de reclusión transitorios, así como el suministro de elementos de bioseguridad.
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Al fallar una acción de tutela instaurada por la Procuraduría General, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena ordenó a la alcaldía, la Gobernación de Bolívar y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) suministrar insumos de bioseguridad, como guantes, tapabocas y alcohol glicerinado a las personas privadas de la libertad en la cárcel de la ciudad, para evitar el contagio y propagación del COVID-19.

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El juez acogió la solicitud del Ministerio Público y amparó los derechos a la salud y la vida de estas personas, así como de los miembros del cuerpo de custodia y el personal administrativo del penal, y pidió que se diseñe una estrategia que garantice la presencia de profesionales de la salud las 24 horas del día.

Igualmente, ordenó que se disponga lo necesario para que exista el distanciamiento necesario, se efectúen jornadas sanitarias y se agilice el proceso de toma de pruebas para el virus entre la población del establecimiento carcelario.

Fallos concedidos

Entre las órdenes de tutela están la del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Villavicencio sobre el traslado de la cárcel de la ciudad de 128 personas privadas de la libertad, incluidos mayores de 60 años y otros con enfermedades de base como hipertensión, diabetes, cáncer, insuficiencia renal, asma y tuberculosis, como medida de protección ante el incremento de casos positivos en ese penal.

En Popayán, fue ordenada la práctica de pruebas de la COVID-19 a 40 personas privadas de la libertad y al personal de custodia de las celdas de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía, para conocer su estado de salud ante la aparición de un caso positivo del virus en ese centro.

En Ibagué, el Juez Primero Civil del Circuito pidió que se brindaran medicamentos y atención en salud a 178 personas, quienes permanecen en el centro transitorio de reclusión Central Permanente, adscrito al Comando de Policía de la ciudad.

Por su parte, el Juez de Santa Marta requirió a las autoridades municipales y departamentales la reubicación de 118 privados de la libertad, quienes se encuentran en cinco centros de detención transitorios, a sitios que ofrezcan condiciones sanitarias que mitiguen el riesgo de contagio.

Tutelas instauradas por la Procuraduría
Por tutelas radicadas por la Procuraduría General durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio, jueces del país ordenaron la reubicación y protección sanitaria de 600 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios y de reclusión transitorios de 15 ciudades, con el propósito de mitigar el riesgo de contagio de la COVID-19.
El Ministerio Público ha radicado un total de 19 tutelas para proteger los derechos a la dignidad humana, a la salud y la vida de esa población, 12 de las cuales ya fueron falladas concediendo las pretensiones de la Procuraduría, mientras las restantes se encuentran en trámite ante los jueces respectivos.
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