jueves 11 de julio de 2019 - 12:00 AM

Análisis: Cadena perpetua, ¿a mayores penas, menos delitos?

La propuesta del presidente Iván Duque sobre la implementación de la cadena perpetua para violadores de niños no fue bien recibida por varios sectores. Los expertos argumentan sus falencias e “inutilidad”.
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Un fuerte debate enfrenta al Gobierno Nacional y a la Comisión Asesora de Política Criminal, sobre la idea de implementar la cadena perpetua para violadores de niños.

La iniciativa, propuesta en campaña por el presidente Iván Duque, recibió un concepto desfavorable al ser considerada “una pena innecesariamente violenta, inútil y desproporcionada, toda vez que el condenado pierde la esperanza razonable de resocialización, rehabilitación y libertad”, según lo explicó la Comisión Asesora.

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Sin embargo, este no es el único órgano que cuestiona esta alternativa, pues son varios los expertos que han dejado de manifiesto la inutilidad de la norma, argumentando que Colombia y su sistema judicial no están listos para castigos y condenas de este tipo.

No obstante, el Gobierno Nacional insiste en que esta pena debe aplicarse pese a la controversia.

¿Falencias del sistema?

Para el abogado constitucionalista de la Universidad Javeriana, Javier Rincón, son varios los factores que se deben analizar ante la posibilidad de la implementación de la cadena perpetua.

“Debemos tener en cuenta que en Colombia todas las penas son de carácter resocializador, si se implementa la cadena perpetua le estaríamos negando esa posibilidad y ese derecho a las personas”, explicó el experto.

Pero este no es el único punto que se debe estudiar, pues los países en los cuales esta sanción es implementada, han dejado en evidencia falencias graves, como la condena de inocentes.

“Imponer la cadena perpetua implicaría modificar todo el sistema penal y en Colombia tenemos un problema muy grave en la justicia y es que carece de elementos de juicio que le permita imponer sanciones proporcionales o justas. Nuestro sistema judicial no tiene una estructura sólida para proferir sanciones de este tipo y garantizar que no caigan inocentes”, agregó el abogado.

Además, señaló que actualmente el sistema carcelario no garantiza la resocialización de los individuos, debido a problemas como el hacinamiento, la corrupción y las dificultades presupuestales.

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“El hecho de que el Estado sea incapaz de cumplir con su labor de resocializar a las personas no justifica que se les aplique condenas como la cadena perpetua”, concretó Rincón.

La conducta criminal

Otro de los grandes debates en torno a la cadena perpetua se relaciona con el comportamiento que tiene el criminal y si el endurecimiento de las penas garantizaría el cambio del mismo.

Sobre este tema se refirió Richard Larrotta Castillo, psicólogo especializado en conducta criminal y presidente de la Corporación Centro Internacional de Estudios Sociales y Criminológicos.

“Si uno lo que se está buscando es que la conducta del sujeto se modifique y estamos ante un sistema penitenciario progresivo, cuya finalidad es la resocialización, pues cuando se habla de cadena perpetua y de confinar a la persona ese tema de cambio y mejora desaparece, porque con la cadena perpetua solo se contempla el castigo”, indicó el experto.

Lo anterior, según Larrotta Castillo, también abre la puerta para que se estudien este tipo de conductas.

“Esto nos habla de lo poco que conocemos sobre las conductas de este tipo de criminales. Los estudios que hay sobre los agresores sexuales invitan a la academia a investigar más acerca de la posibilidad de intervenir de manera permanente para tener menores tasas de reincidencia”, añadió.

El psicólogo especializado en conducta criminal argumenta que el gran reto del Estado y de las instituciones es evitar que se generen dichas agresiones, en este caso contra los niños.

“Lo que necesitamos no es solamente contenerlos sino evitar que existan. Necesitamos prevenir que surjan estos comportamientos criminales que afectan a los más vulnerables, ya sean mujeres o niños. Urge tener una respuesta inmediata alrededor de la prevención, porque la literatura científica nos permite detectar cuáles son los factores y señales de estos criminales. Es más importante prevenir que castigar, porque de nada le sirve a la víctima que se encierre al agresor cuando existe la posibilidad de educarlos para que no sean criminales”.

¿Posibilidad de cambio?

Por su parte, el sociólogo Antonio Acevedo Linares aseguró que la cadena perpetua, incluso en delitos tan aberrantes como la violación de niños, no servirían de nada, pues para su implementación se haría urgente una reforma dentro del sistema penitenciario.

“El endurecer las penas es una forma que tiene la sociedad para contener esa desaforada maldad y psicología humana de querer agredir al otro. Desafortunadamente vivimos en un mundo enfermo en donde cada vez hay más patologías y síndromes y por eso el Estado debe legislar y condenar esos comportamientos que se salen de lo normal. Pero es ahí donde nos encontramos con un sistema carcelario incapaz de resocializarlos y que en cambio forma a más criminales”, señaló el sociólogo.

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Así mismo, Acevedo Linares manifestó que el hecho de endurecer la pena no garantiza que el criminal cambie su psicología, pues su actuar delictivo va más allá de las acciones correctivas.

¿Crisis en la Comisión Asesora?

El presidente de la Comisión Asesora de Política Criminal, Ricardo Posada, renunció a su cargo con una carta a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, en la que manifestó críticas sobre la independencia de la Comisión luego de revelar un concepto en el que la Comisión rechazaba la posibilidad de instaurar en Colombia la pena de prisión perpetua para los violadores de niños.

Esta propuesta es una promesa de campaña del presidente Duque, quien se comprometió a apoyar el referendo que busca imponer esta sanción a violadores de niños. La iniciativa, que era impulsada por la fallecida congresista Gilma Jiménez, y ahora por su hija Yohana Jiménez, ha sido archivada varias veces por el Congreso.

Pese al pronunciamiento de la Comisión, la ministra de Justicia manifestó que el Gobierno aún está estructurando su posición y que existen estudios sobre tal imposición.

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