martes 16 de julio de 2019 - 12:00 AM

Análisis: Doble instancia, ¿sí o no?

Tras la llegada de Andrés Felipe Arias al país, el Centro Democrático prendió motores para conseguir que se apruebe la segunda instancia con palicación retroactiva, como un salvavidas para el exministro.

La preparación de un proyecto de ley, por parte del Centro Democrático, que tiene como objetivo aprobar la segunda instancia retroactiva para aforados, llamada ‘Ley Arias’ por algunos, enfrenta nuevamente a buena parte del país.

Por un lado, están quienes defienden la iniciativa, argumentando que es un derecho que tienen todos los ciudadanos de recibir una segunda revisión de la condena, independientemente del delito por el cual hayan sido juzgados, y por otra parte están quienes rechazan la idea, pues consideran que se hace para favorecer al ex ministro de Agricultura, condenado a 17 años de prisión por delitos cometidos en el programa de Agro Ingreso Seguro, AIS.

Pero más allá de las razones por las cuales este proyecto busca ser aprobado en el Congreso, antes de ser sancionado por el presidente Iván Duque, los expertos explican en qué consiste realmente y sus posibles consecuencias ante un sistema de justicia como el colombiano.

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Lo uno o lo otro

Para Mauricio Cristancho Ariza, docente de la Escuela de Investigación en Criminologías críticas, Justicia penal y Política Criminal -Luis Carlos Pérez- de la Universidad Nacional de Colombia, lo primero que se debe hacer es distinguir entre doble instancia y doble conformidad.

“La doble instancia es una garantía general de cualquier clase de proceso que aboga por la corrección de las decisiones judiciales, al permitir que un superior jerárquico confirme o no una determinación; por otro lado, la doble conformidad es una garantía penal, consistente en la posibilidad de impugnar una sentencia condenatoria, que exige el pronunciamiento de por lo menos dos instancias judiciales para concluir la responsabilidad penal de una persona”, señaló el experto.

En ese sentido, según Cristancho Ariza, en los debates actuales debe hablarse es del derecho o la garantía a la doble conformidad judicial.

Pero esta debe aplicarse de manera justa y equitativa a todos los ciudadanos y no beneficiar solo al exministro.

“Las garantías fundamentales no deben distinguir personas para su aplicación. No sólo Arias, sino toda persona condenada en procesos de única instancia o a quienes no se les haya concedido la garantía de impugnar, deberían ser beneficiadas con dicho derecho”, agregó el docente.

A su turno, Estanislao Escalante Barreto, director de esta misma Escuela, señaló que “independientemente del partido político, la conducta delictiva juzgada, o la coyuntura específica, existe una regla según la cual toda persona tiene el derecho a controvertir el primer fallo condenatorio que se dicta en un proceso penal, esto en cuanto es la sanción más drástica del Estado contra una persona. En el caso planteado, en su momento se hablaba de procesos de única instancia y no se hablaba de la garantía de la doble conformidad, de manera que es deber del Estado colombiano garantizar ese derecho”.

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La ‘puja’ del CD

Quienes rechazan la inciativa del Centro Democrático resaltan que se debe tener en cuenta la estrategia del Uribismo en su nueva carrera a la Presidencia.

Esto, considerando que Arias sería la ficha que pondría este partido para los comicios electorales. Sin embargo, es importante resaltar que el exministro recibió una condena penal y también una disciplinaria que le impide ejercer cargos públicos nuevamente por un cierto tiempo.

Con la doble instancia, según los expertos, Arias tendría la posibilidad de quedar absuelto y dar inicio a la carrera por el poder del país.

No obstante, para la senadora María Fernanda Cabal, lo más importante dentro de este debate es velar por los derechos que, según ella, le fueron vulnerados a Arias.

“Lo mas importante es entender que en un Estado de derecho los ciudadanos deben tener garantías judiciales y dentro de esas garantías lo más común es que a una persona no la puedan detener sin una orden judicial a menos que esté en flagrancia o no pueden hacer allanamiento sin orden de un juez, como pasó con Andrés Felipe Arias. A la hora de administrar justicia debe existir esa doble instancia, esa segunda oportunidad de que la persona se defienda”, dijo.

Además, la militante del Centro Democrático criticó el artículo 31 de la Constitución, en donde se determina que una sentencia judicial puede ser apelada o consultada nuevamente.

“Es un error de la Constitución de 1991 porque lo que debería existir es una instancia separada, no salas de la misma Corte que vuelvan a revisar los procesos. Yo no estoy defendiendo a ‘parapolíticos’ ni a guerrilleros, estoy defendiendo a seres humanos y el debido proceso”, concretó Cabal.

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¿Tercera instancia?

Según el abogado constitucionalista, Juan Manuel Charry, el artículo al cual se refirió la senadora Cabal sí tendría algunas fallas.

“Debemos partir del hecho de que aunque sean salas diferentes las que impugnan la sentencia, siguen siendo de la misma corporación y estas no se pueden considerar superiores. Lo correcto sería atribuir la primera instancia a los tribunales inferiores y dejar a la máxima corporación la decisión final”, explicó el abogado.

Así las cosas, en el caso de que el proyecto fuera aprobado y sancionado, Andrés Felipe Arias podría recibir una condena inferior, una superior, ser eliminada o mantenerse.

“Es importante entender que si una persona es absuelta en la primera instancia y condenada en la segunda, tiene derecho a que vuelva a ser revisado por un juez superior. Así que podríamos estar hablando de una tercera instancia”, señaló Charry.

Ventajas y desventajas

Según los expertos, los factores a favor de la doble instancia serían tres: se respetaría el derecho internacional y los requerimientos que se le han hecho al país para que se cumpla con esta prerrogativa; se armonizaría el estatuto penal frente al reconocimiento que ha hecho la Corte Constitucional desde la sentencia C-792/2014 y se aseguraría que las sentencias condenatorias tengan un importante grado de legitimidad al cumplir con esta ratificación judicial.

Por otro lado, los factores en contra tienen que ver con dos aspectos: de un lado, por el impacto mediático, pues se da la impresión de que se busca beneficiar de manera puntual al exministro Arias o a los parapolíticos que han sido condenados bajo el esquema de única instancia; y de otro lado, se cuestiona la capacidad estatal para reabrir estos procesos para volver a fallarlos vía apelación pues, de una parte, podrían incrementar la congestión estatal y, de otra, porque la reapertura de los procesos debe ser muy cuidadosa en aspectos como la prescripción de la acción penal.

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