“La Fiscalía continuará examinando desarrollos relacionados a su reglamentación, operaciones y actuaciones al punto de que el funcionamiento de la jurisdicción tendrá un impacto crítico respecto del examen de la Fiscalía respecto de la admisibilidad de los casos potenciales que surjan de la situación en Colombia”, dice uno de los apartados del documento.

Junto con la JEP, la Fiscalía de la CPI también analiza lo sucedido en materia de falsos positivos, desplazamientos forzados, delitos sexuales en el marco del conflicto y la promoción y expansión de grupos paramilitares.

Con respecto a las ejecuciones extrajudiciales, el órgano de la CPI señala que tiene cinco potenciales casos que involucran a militares de la Brigada 10 (Primera División), Brigadas 30 y brigada móvil 15 (Segunda División), Brigadas 7, 16 y 28 (Cuarta División), Brigada 9 (Quinta División) y Brigadas 4, 11 y 14 (Séptima División).

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Estos expedientes tienen a 3059 militares de diferentes rangos respondiendo ante la justicia que ha abierto 1179 procesos. La relatoría de la CPI destacó que “miembros de las Fuerzas Armadas, incluyendo al menos cinco comandantes de las unidades militares implicadas en homicidios conocidos como “falsos positivos” identificados como parte de los casos potenciales de la Fiscalía, han solicitado voluntariamente presentarse ante la JEP”.

Sobre desplazamiento forzado, la CPI valoró que desde el Tribunal de paz se hayan priorizado situaciones de este delito como el ocurrido en Nariño entre 1990 y 2016, que se enmarcó en el caso 002. De igual manera, con los casos 004 y 005, Urabá y norte del Cauca, en su orden, cometidos por integrantes de las FARC-EP y por miembros de las fuerzas armadas entre 1986 y 2016, y entre enero de 1993 y diciembre de 2016, respectivamente.

“La JEP solicitó a las partes involucradas (FARC y Fuerzas Militares) que presenten informes conteniendo información sobre delitos sexuales y por motivos de género en julio, septiembre y noviembre de 2018”, indica el documento sobre este delito.

Pero también destaca que en los casos 002 (Nariño), 004 (Urabá) y 005 (norte del Cauca) se haya abordado lo concerniente a los delitos sexuales con ocasión del conflicto.