martes 22 de septiembre de 2020 - 10:38 AM

Así se mueve la cooperación para la migración

Colombia recibe respaldo de actores del exterior para la paz, la educación o los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), entre otros. Pero, en los últimos cinco años el Ejecutivo empezó a pedir fondos para la nueva realidad de las ciudades: la migración proveniente de Venezuela.
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El país ocupa el primer lugar de la región en la lista de naciones que reciben más contribuciones para este fin, entre las que también están Chile, Ecuador y Perú. Estos son países a los que están llegando desplazados internacionales que necesitan atención humanitaria, lo que se está traduciendo en una inyección de recursos desde el exterior.

Latinoamérica necesita 1.407 millones de dólares para este fenómeno, según R4V, la plataforma creada para hacer seguimiento a la movilidad humana, en la que se documenta la asistencia para esta situación. En el caso de Colombia, según ese reporte, se requieren 782 millones de dólares, de los que se han financiado 113 millones de dólares, lo que representa un déficit, es decir, aún el país debe gestionar alrededor del 85 % de ese dinero.

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La cooperación internacional funciona así: en encuentros con cooperantes los gobiernos hacen público qué vacíos deben atender. En esos espacios aparecen figuras como la Unión Europea u organizaciones de países desarrollados como Alemania y Francia, que, asimismo, deciden ayudar ciertas causas en el ámbito mundial desembolsando fondos a esos territorios.

Ese dinero no llega directamente a las arcas de las casas presidenciales, sino que es ejecutado por ONG que desarrollan proyectos temporales con las inversiones que perciben, iniciativas que tienen tres destinatarios: venezolanos, colombianos retornados y comunidades de acogida (las poblaciones a las que llegan los desplazados internacionales).

Los tres mayores cooperantes a la migración en el país son Usaid, Japón y la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria (ECHO). Entre tanto, las agencias que administran más capital son el Programa Mundial de Alimentos, OIM y Acnur.

El amparo a los desplazados internacionales y comunidades de acogida se da en agua y saneamiento, educación, integración (rutas de empleo), protección, salud, asistencia alimentaria y otros rubros como el acceso a artículos del hogar o transferencias monetarias. Un ejemplo es que en julio 28.600 personas accedieron a agua segura gracias a proyectos de cooperación, según el Reporte Situacional del GIFMM y el R4V.

Como lo indicó la canciller Claudia Blum en mayo, en el marco de la Conferencia Internacional de Donantes, hay un llamado “urgente a la comunidad internacional a incrementar la movilización de recursos de cooperación necesarios para el Plan Regional para la Respuesta a Refugiados y Migrantes 2020, que debe financiarse con mayor urgencia en el marco de la pandemia de la COVID-19”.

Territorios y financiación

El apoyo llega a municipios de frontera y ciudades del interior, porque se entiende que la movilidad humana trasciende los puntos de tránsito de un país a otro. Considerando, además, que ya hay personas con vocación de permanencia. Migración Colombia indica que los departamentos en los que reside mayor población migrante son Norte de Santander, Atlántico, Antioquia y La Guajira, además de Bogotá.

En Norte de Santander 26 de los 32 municipios tienen proyectos que se desarrollan con esos fondos, como Cúcuta, El Zulia, Ocaña y Villa del Rosario. En Atlántico, son 12 de sus 22 entidades territoriales las que se ven beneficiadas, como Barranquilla, Malambo, Puerto Colombia y Soledad.

En Antioquia, entre tanto, apenas 16 de los 125 están en esos programas. En esos figuran Apartadó, Bello, Itagüí, Medellín, Rionegro y Sabaneta. En cambio, en La Guajira, que comparte frontera con Venezuela, sus 15 municipios tienen programas de cooperación.

Profamilia es una de las instituciones que ha percibido ese capital, que invierten en la estrategia Sin Fronteras, un conglomerado de proyectos que presta atención en salud sexual y reproductiva, en actividades como la prevención del embarazo no deseado y las consultas con mujeres gestantes. También se enfocan en la violencia basada en género, atenciones psicológicas o el acceso a medicamentos de enfermedades de transmisión sexual.

Funciona así: una brigada de la institución acude a municipios como Arauca, Mocoa y Villa del Rosario, zonas donde la población ha aumentado a causa de la migración. Allí, todo el que lo necesite (migrante, colombiano retornado o persona de la comunidad de acogida) puede acercarse a la institución y tener una consulta de manera gratuita.

“El enfoque es libre de nación, comunidad o estatus migratorio. Estamos ampliando la cobertura de nuestros servicios en las zonas en las que, sabemos, hay incidencia de flujos migratorios”, apunta Lina María Castaño, gerente de proyectos e investigaciones de Profamilia.

El R4V estima que los proyectos financiados con cooperación internacional han llegado a 29 departamentos y 158 municipios, impactando a 370 mil personas (datos hasta julio de 2020). Sin ir muy lejos, la Gerencia de Fronteras, una de las entidades clave del Gobierno Nacional para la movilidad humana, recibe fondos de actores del exterior para robustecer su operación.

Dólares para cambiar vidas

Arles Pereda retornó de Venezuela a Colombia en 2004, mucho antes de que iniciara el fenómeno de movilidad humana desde el vecino país hacia nuestro territorio, que se desencadenó en 2015. Desde Itagüí, donde vive, comenzó a ver cómo varios de sus connacionales estaban llegando en busca de sueños, pero con pocas oportunidades, y por eso creó Colvenz, la Colonia de Venezolanos en Colombia, para ayudar a otras personas que, como él, tuvieron que desplazarse.

Desde su organización gestiona proyectos de emprendimiento y asesoría jurídica que se financian gracias a un concepto que repite con frecuencia el Gobierno Nacional cuando habla del fenómeno de movilidad humana: cooperación internacional. Este es el dinero que otras naciones o agencias le inyectan a la nación para asuntos humanitarios.

Un ejemplo es que Pereda consiguió el respaldo del gobierno de Francia para crear un programa de emprendimiento que operó entre 2019 y 2020 en diferentes municipios del Área Metropolitana, capacitando en negocios a 103 migrantes. De ese grupo, tres personas acaban de ser seleccionadas por el programa Microempresa de la OIM para un crédito que inyectará más combustible a sus iniciativas de trabajo.

“Estamos hablando de personas que llegaron sin tener cómo pagar un arriendo o mercar, pero ahora tienen cómo suplir sus necesidades básicas gracias al trabajo. Es bastante satisfactorio”, afirma. Este mes Colvenz tiene abierta la convocatoria para un programa similar que será financiado por Usaid (de Estados Unidos) con el objetivo de que más venezolanos o colombianos retornados encuentren rutas de empleo.

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