lunes 06 de julio de 2020 - 9:40 AM

Autoridades venezolanas y grupos al margen de la ley mantienen control de los pasos irregulares

Los pasos fronterizos irregulares, mejor conocidos como trochas, se han convertido ahora más que nunca en verdaderas vías de ilegalidad que sirven de escape a la presión generada por las autoridades de Venezuela y Colombia en torno a las restricciones asociadas a la pandemia de la COVID-19, para el paso de personas y mercancías por los puentes internacionales.
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Para el profesor universitario y experto en seguridad fronteriza, Miguel Morffe, existe una reconfiguración de poder en la frontera, que se expresa de manera más visible en las trochas que se extienden a lo largo de los 2.219 kilómetros de límite binacional. “Vemos que han llegado bandas que operan en el centro de Venezuela a actuar en estos territorios de frontera, que representan para ellos un territorio de oportunidades, en medio de esta crisis humanitaria que enfrenta el país”.

Agregó que la reconfiguración de los grupos armados colombianos impulsó su traslado hacia territorios que les permitieran mayores beneficios económicos, y uno de esos territorios es la frontera con Venezuela.

“Pero también yo veo en esta reconfiguración de poderes, el control social que ha querido ejercer el gobierno venezolano en la frontera, propiciando la movilización a la zona de grupos de colectivos armados y expresidiarios que le garantizan un control social y político de estos territorios, donde además ha facilitado el resguardo y la actuación de la guerrilla del Eln y la disidencia de las Farc”, dice Morffe.

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Un trabajo recientemente presentado por la organización FundaRedes, da cuenta de que aunque en 2019 se produjeron unos 32 asesinatos y 233 desapariciones en trochas a lo largo de toda la frontera colombo venezolana, la situación se ha complicado en lo que va de 2020. “Durante este tiempo de cuarentena, cuando efectivamente se presume que hay una disminución en la movilidad y un incremento en la seguridad fronteriza, debido a una mayor presencia militar, esta presencia se ha traducido en complicidad y sociedad entre las Fuerzas Armadas venezolanas y los grupos ilegales para administrar el control de los territorios fronterizos”, dijo Javier Tarazona, director de la organización.

Afirmó que al menos 10 grupos subversivos operan en esta zona, algunos de origen colombiano, como Eln, Epl, disidencia de las Farc, Los Urabeños, Los Rastrojos, bandas delictivas con alto poder de fuego y elevados niveles de violencia como el Tren de Aragua o La Línea y varios grupos de colectivos armados de origen venezolano, quienes se disputan el control del territorio, no solo para el paso de contrabando de combustibles y mercancías, sino también para el tráfico de personas y estupefacientes hacia Colombia.

Un negocio que da para todos

Paralelo al papel que juegan tanto los cuerpos de seguridad como la guerrilla y otros grupos armados, se suma el hecho de que la llegada de la COVID-19, primero a Colombia y luego a Venezuela, ha impulsado la aplicación de una serie de medidas a ambos lados de la línea binacional, que intentan mitigar el impacto de la pandemia y prevenir los contagios masivos y en estos esfuerzos.

En este marco, las trochas se han convertido, por una parte, en alivio a la presión social generada por el cierre de los pasos formales para una población necesitada de servicios especiales de salud, y con profundas carencias de alimentos y medicinas, en el marco de una importante crisis económica; factores todos que impulsan a las personas a arriesgarse por los pasos ilegales para encontrar al otro lado de la frontera, respuesta a sus necesidades; y por la otra, en un creciente negocio para las mafias que tienen en la ilegalidad su principal fuente de ingresos, explicó Tarazona.

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En Táchira, la presencia militar en los pasos irregulares se ha reforzado, al tiempo que las autoridades han ordenado y llevado a cabo la destrucción de puentes y pasos artesanales de diversas modalidades. Sin embargo, ello no detiene el flujo pendular que, con o sin pasos formales habilitados, se da entre Venezuela y Colombia por razones económicas y de salud.

Juan Carlos es comerciante en San Cristóbal y una vez a la semana “llueva, truene o relampaguee” pasa a Cúcuta a comprar mercancías para abastecer su negocio. Relató que una vez que logra llegar a San Antonio, pasa por la trocha de Palotal o la de Tribunales, pero debe tener disponibles entre 18 y 38 mil pesos de ida y la misma cantidad para el retorno, más el importe que debe pagar por la mercancía, que varía dependiendo del volumen.

“Uno se encuentra primero a un recolector del Eln, a ése le paga 5 mil pesos; de allí puede pagar otros 5 mil pesos por una moto que lo lleve a la orilla del río o irse caminando. Al llegar al río está el Ejército, que tiene un ‘potero’ que pide otros 5 mil pesos por permitir el paso. Cuando el río está bajito uno puede pasar caminando, si está abundado paga otros 3 mil pesos y un cargador lo pasa en la espalda; cuando llueve mucho, hay que pasar en una ‘tripa’ (llanta) o en tirolesa, que añade 10 mil pesos al costo. Una vez del lado colombiano, se pagan 3 mil a los paramilitares y 2 mil al dueño del predio que uno debe atravesar para salir a Villa del Rosario, de allí puede irse caminando o pagar otros 54 mil pesos por una moto que lo saque hasta la vía principal”, detalló.

El paso por las trochas se acelera mientras el resto de la población se mantiene en un toque de queda, impuesto de 4:00 de la tarde a 8:00 de la mañana, desde el pasado mes de marzo como parte de las medidas aplicadas por la cuarentena social y colectiva que ordenó el gobierno venezolano. “Existe un acuerdo entre la guerrilla, los botas negras (paramilitares) y las autoridades venezolanas, y es que ningún viajero puede pasar por las trochas, al que trae maletas lo devuelven y lo obligan a esperar en el puente su turno para acogerse al protocolo de prevención”, dijo José, quien llagó hace dos años desde Valencia (Carabobo), para ganarse la vida en estos pasos irregulares.

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