jueves 24 de marzo de 2022 - 8:38 AM

Cambiar el contratista de Hidroituango es una decisión temeraria, según la EIA

La universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA), a través de su Centro de Pensamiento, emitió un nuevo pronunciamiento sobre los riesgos que implica el cambio de contratista para el proyecto Hidroituango.

En un comunicado que la EIA hizo llegar a El Colombiano, la institución mencionó como principales riesgos y posibles impactos de esta decisión, que calificó de “temeraria”, el aumento del riesgo para la estabilidad del proyecto, con posibles consecuencias catastróficas, por las situaciones de vulnerabilidad que afectan estructuras claves del proyecto por una prolongada operación no prevista del vertedero, la presa y el cuenco amortiguador, entre otras.

Además de los mayores costos en la ejecución del proyecto; las multas y sanciones por el incumplimiento en los compromisos adquiridos por EPM para la entrada en operación de las unidades y la entrega de energía firme; el impacto sobre la prestación del servicio de energía eléctrica y sobre las tarifas, con una clara afectación al usuario final; el deterioro en las finanzas de EPM debido al mayor tiempo en ejecución con menores ingresos, y el aumento de las inversiones y los costos financieros.

La EIA, a su vez, recalcó en la que llama pérdida de trazabilidad en las responsabilidades y la recuperación del proyecto, así como la afectación en la capacidad de respuesta ante la presencia de situaciones de emergencia, el impacto en las garantías de las obras y el deterioro reputacional de EPM, entre otras.

La institución recuerda que el informe de la firma consultora Pöyry fue categórico al expresar que “(...) sería contraproducente contratar para la finalización de las obras civiles, hidromecánicas y electromecánicas que son necesarias para la puesta en marcha de todas las unidades de generación, empresas que no estén familiarizadas con la situación actual del proyecto”.

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Además, al referirse a los hallazgos muy críticos que requieren atención urgente y que pudieran tener consecuencias catastróficas para el proyecto, comenta (citando el informe Pöyry) que “(...) se debe evitar el cambio de los actores principales en este proyecto”, pues significaría un “importante retraso (mínimo un año) y reducir la trazabilidad en la recuperación del proyecto; además aumentará el costo global del proyecto y se pierde responsabilidad por el diseño y la ejecución de las obras”.

La EIA señala que “es especialmente preocupante que este cambio se esté programando para septiembre de este año, con tres meses de empalme, con las posibles perturbaciones que esto pueda traer y con un cronograma que debe cumplirse en forma rigurosa”.

“Ni siquiera se da espera para que las dos primeras unidades estén operando antes de la fecha límite (30 de noviembre de 2022) como condición mínima para acometer un cambio de tanto impacto”, aseguró la institución.

El Centro de Pensamiento plantea varias preguntas a los responsables de tomar las decisiones sobre este proyecto hidroeléctrico, cuya entrada en operación de la primera turbina se ha anunciado para el próximo 26 de julio: “¿Son plenamente conscientes el alcalde, el gerente, la junta directiva de EPM y demás directivos involucrados, de las consecuencias que esta decisión traerá sobre el proyecto, EPM, la ciudad y el país?”.

“¿Por qué tanta obstinación en el cambio de contratistas a pesar de los evidentes riesgos que se asumen con esta decisión?”.

“¿Qué explicación razonable puede justificar tan temeraria decisión?”.

“¿Por qué se desconocen de forma tan soberbia las numerosas advertencias por parte de los expertos?”.

“¿Prima la animadversión a los contratistas sobre los riesgos en que se incurre?”.

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“¿Cuáles son los planes previstos para mitigar los riesgos que conlleva este cambio?”.

“¿Existe una sola voz que se impone en EPM con desconocimiento técnico con respecto a asuntos cuyas decisiones requieren profundo conocimiento técnico?”.

Finalmente, el pronunciamiento formula el siguiente interrogante: ¿por qué callan las diversas entidades del Gobierno Nacional que tienen responsabilidad en el sector?

El comunicado expone que el Gobierno Nacional debería actuar con mayor firmeza y oportunidad para proteger la vida, tranquilidad y bienes de quienes quedan más expuestos y vulnerables, así como procurar al máximo el cumplimiento de las fechas de entrada en operación de la central.

Un mismo llamado hace a las entidades de control, de las que dice que “se muestran ausentes y ajenas a la situación”. En octubre pasado, las escuelas de ingeniería de siete universidades de Antioquia expusieron sus preocupaciones sobre las decisiones relacionadas con el proyecto Hidrotuango.

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